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La Xunta cree que no es momento de actualizar la ley de normalización lingüística y culpa al BNG "más radical"

Queixas cuestionó la vigencia de una ley que, según ella, "no responde a la realidad social y lingüística actual"

López Campos, este miércoles, en el Parlamento de Galicia

López Campos, este miércoles, en el Parlamento de Galicia / Cedida

Santiago

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, culpó este miércoles, en el pleno del Parlamento autonómico, al BNG "más radical, reaccionario y antisistema de la historia" de que "no se den las condiciones" para plantearse una actualización de la ley de normalización lingüística de 1983. Los nacionalistas, por su parte, le reprocharon que actúe "deliberadamente en contra del gallego por mandato de Alfonso Rueda".

En una interpelación en la Cámara, la diputada del BNG Mercedes Queixas cuestionó "cómo puede seguir vigente una ley" que, en su opinión, "no da respuesta a la realidad social ni lingüística actual". Para la parlamentaria, hay "muchas causas" que han llevado a que el gallego sea "la única lengua que sigue perdiendo hablantes", mencionando que no hay "un gobierno en la Xunta que esté a la altura".

Durante estos años, esgrimió, el PP "trabajó en negarse a desarrollar la ley de normalización" además de "renunciar a diseñar una política lingüística normalizadora". "El PP dejó volar todos los acuerdos, confrontó a la sociedad y rompió la cohesión social agrediendo la lengua de los gallegos", lamentó.

En su réplica, López Campos puso en valor su "amor, cariño y defensa" por la lengua gallega. "Siento, defiendo y creo firmemente en la importancia de nuestro mayor patrimonio", reivindicó, al tiempo que lamentó que la diputada del BNG pregunte por la actualización de la ley de normalización mientras "se oponen a participar" en las mesas para modificar el Plan Xeral. "No es que no participen, es que intentaron boicotearlo desde el primer momento", censuró.

Por todo ello, alegó, "no es el momento" de actualizar la normativa de 1983, ya que, a su juicio, la Administración autonómica "no tiene con quien sentarse para establecer un proceso mínimo de negociación para llegar a acuerdos".

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