La provincia de A Coruña acumula casi la mitad de las sanciones por no depositar fianzas de alquiler en Galicia

El Ejecutivo gallego impuso a lo largo del pasado año 212 sanciones a propietarios que, tras arrendar su vivienda, no habían depositado la fianza abonada por sus inquilinos en la sede del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Así se desprende de los datos de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que dirige María Martínez Allegue, a los que ha tenido acceso este diario.

Estos expedientes sancionadores supusieron unos ingresos para las arcas públicas de 120.000 euros, o lo que es lo mismo, el incumplimiento de este precepto conllevó para los propietarios una sanción media de 564 euros. Cabe recordar que la normativa establece penalizaciones que van desde los 300 hasta los 3.000 euros, sin superar en ningún caso el doble del importe del arrendamiento.

En cuanto a la distribución geográfica de las sanciones, A Coruña, con 89, es la provincia que acumula un mayor número de expedientes. Además, más de la mitad de la recaudación en el conjunto de la comunidad se registró en esta provincia, con 67.493 euros. Le sigue Pontevedra, donde la Xunta detectó 66 infracciones, con multas por valor de 28.250 euros; Lugo, con 47 sanciones por importe de 18.296 euros; y, finalmente, Ourense, donde solo se abrieron 10 expedientes sancionadores por un total de 5.520 euros.

Cada vez más fianzas

Precisamente, el temor a estas multas ha incrementado de forma notable el número de fianzas depositadas en la sede del IGVS durante la última década. Es importante señalar que, aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece desde 1994 la obligación de abonar una fianza al formalizar un contrato de alquiler —destinada a cubrir posibles desperfectos o impagos—, no fue hasta 2008, con el bipartito al frente de la Xunta, cuando se reguló el depósito obligatorio de esta garantía en el IGVS. Desde entonces, su incumplimiento conlleva sanciones económicas como las ya mencionadas.

Según los datos de Vivenda, el pasado año se consignaron 47.781 fianzas por un importe total de 42,3 millones de euros. No obstante, 36.531 corresponden a inmuebles alquilados a lo largo de ese mismo ejercicio —las cerca de once mil restantes proceden de viviendas arrendadas en 2024 cuyos propietarios depositaron la fianza con posterioridad—. En total, al cierre del pasado año, el IGVS gestionaba las fianzas de 161.650 inmuebles arrendados.

Para poner estas cifras en contexto, hay que retroceder hasta 2016: entonces se depositaron 26.868 fianzas correspondientes a viviendas arrendadas durante ese año. Esto implica que, en apenas una década, el número de garantías gestionadas por el ente dependiente de la Consellería de Vivenda creció alrededor de un 35%, impulsado tanto por el auge del mercado del alquiler en la comunidad como por una mayor concienciación de los propietarios sobre la obligatoriedad de este trámite.

Las ciudades copan casi el 60% de las fianzas

Las siete ciudades gallegas, aquellas con más de 50.000 habitantes, concentraron durante el pasado año más de 20.000 del total de fianzas depositadas en el IGVS, es decir, casi el 60%. Una cifra que no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que, aunque en estos municipios reside solo el 37% de la población gallega, la proporción de personas que vive de alquiler es significativamente mayor que en concellos pequeños o medianos.

En otro orden de cosas, los datos municipales permiten apuntalar la idea de una mayor concienciación entre los arrendadores a la hora de depositar la fianza en el IGVS. Así, al cierre del pasado año, este organismo gestionaba garantías correspondientes a viviendas arrendadas en 300 concellos de la comunidad, una cifra récord.

Los precios se disparan casi un 40%

Los datos de fianzas del departamento que dirige Allegue constituyen también un indicador fiable para evaluar la escalada de precios del alquiler en Galicia, especialmente desde 2015. Si el importe medio de las fianzas depositadas el pasado año rozaba los 600 euros, hace una década apenas alcanzaba los 375. En términos comparados, esto supone que el precio medio del alquiler mensual se ha incrementado cerca de un 40% en la comunidad en ese periodo.