Empresas y sector primario absorben más del 70% del plan de la Xunta frente a la crisis por la guerra en Irán

El Consello de la Xunta dio luz verde esta mañana al plan de medidas para hacer frente al impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio por importe de 157 millones de euros, con un claro peso de las ayudas dirigidas al tejido productivo, que concentran más del 70% de la dotación total.

El paquete, que ya había sido anunciado la semana pasada por el presidente Alfonso Rueda en sede parlamentaria, busca "proteger a las familias, las empresas y los sectores productivos frente al impacto económico" que ya está dejando la guerra de Irán, según explicó el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en la rueda de prensa posterior al Consello.

En concreto, la mayor parte de los recursos se destinan a empresas y sectores productivos. La Xunta destina 62 millones para líneas de liquidez empresarial, a los que se suman más de 25 millones para el sector pesquero, cerca de 20 millones para el sector agroganadero y 5 millones para el turístico. En conjunto, estas partidas superan los 112 millones de euros.

A estas cantidades se añaden 39,2 millones orientados a medidas energéticas, centradas en eficiencia, autoconsumo y reducción de costes, con actuaciones tanto en el ámbito empresarial como en el sector público.

“El plan combina actuaciones tanto en el ámbito autonómico como propuestas dirigidas a la Administración central y a la Unión Europea para maximizar la capacidad de respuesta institucional ante una crisis de naturaleza global", señaló Corgos.

El titular de Facenda subrayó que Galicia presenta “una exposición diferencial” al conflicto debido al peso de los sectores electrointensivos, la importancia del transporte marítimo, el predominio de pequeñas y medianas empresas con menor capacidad para absorber aumentos de costes y la dispersión de la población de la comunidad en lo que tiene que ver con la red logística.

Críticas al Gobierno central

Durante su intervención, el conselleiro de Facenda criticó que el Ejecutivo estatal aprobase sus medidas sin contar con las comunidades, pese a que estas asumen parte del impacto presupuestario. "No fueron consensuadas con las comunidades como nos hubiera gustado", lamentó Corgos.

En este sentido, el responsable de la cartera fiscal advirtió de que la aplicación de las medidas estatales supone para Galicia un esfuerzo adicional, cifrado en 120 millones de euros, con un impacto mensual de unos 40 millones. Todo ello en un contexto, según denunció, en el que la falta de actualización de las entregas a cuenta está provocando que la comunidad reciba "183 millones de euros menos de los que le corresponderían cada mes".

Menos del 4% para familias vulnerables

Frente al peso del bloque económico, el plan reserva 6 millones de euros para medidas dirigidas específicamente a hogares vulnerables, lo que representa en torno al 3,8% del total.

Estas medidas incluyen moratorias en alquileres públicos, anticipos en situaciones de especial dificultad y el refuerzo de instrumentos ya existentes como la Risga, las ayudas de emergencia social o el bono social térmico, cuyo pago se acelerará. Corgos defendió que el objetivo es "proteger a los hogares vulnerables frente a la inflación energética”.

Si bien buena parte del enfoque social del plan se articula de forma indirecta a través del mantenimiento de la actividad económica y el empleo. En términos comparados, otras comunidades como Cataluña donde también se han aprobado planes de contingencia ante la guerra en Irán destinan una cuantía mayor hacia las familias.

Así, en el programa diseñado por el Gobierno de Salvador Illa, dotado con 400 millones de euros, las ayudas directas a familias alcanzan aproximadamente el 7,5% de de la dotación total.

Reclamaciones a Madrid y a la Unión Europea

La Xunta acompaña este paquete con una batería de propuestas dirigidas tanto al Gobierno central como a la Unión Europea para reforzar la respuesta a la crisis.

Entre ellas, solicita la flexibilización de las reglas fiscales y del techo de gasto para poder ampliar las medidas anticrisis, así como la aprobación de un real decreto que permita revisar los precios de los contratos públicos y evitar la paralización de obras.

En el ámbito europeo, el Ejecutivo gallego pide reorientar fondos del mecanismo de recuperación y de los programas de cohesión hacia medidas energéticas y de apoyo a sectores afectados, así como habilitar un marco extraordinario de ayudas similar al aplicado tras la pandemia o la guerra de Ucrania.

El conselleiro de Facenda subrayó que el plan gallego nace con vocación abierta y sujeta a revisión, al definirlo como "una primeira ronda de medidas dinámica y adaptada a la evolución del contexto internacional”. En este sentido, avanzó que la Xunta realizará un seguimiento continuo de su ejecución, con evaluaciones periódicas y la posibilidad de introducir ajustes en función del impacto económico de la crisis y de su evolución en los próximos meses. Por otro lado, Corgos subrayó que el diseño del plan tuvo en cuenta las medidas demandadas por los diferentes sectores económicos afectados por el contexto geopolítico en Oriente Medio.