La reducción de la jornada reabre el debate laboral en Galicia: solo 1 de cada 7 funcionarios gallegos trabajará 35 horas semanales

«Solo es media hora al día en la que puedo vivir, no trabajo, y que me permite conciliar lo personal con lo laboral». Esta es la confesión a este diario de Ana —nombre ficticio para preservar su identidad—, una de las 28.172 funcionarias de la Administración General del Estado en Galicia que se beneficiará de la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en el Estatuto de los Trabajadores en la primera quincena de abril. La obtención de esta rebaja no se acoge a una demanda o prebenda de nueva concepción que responda al actual hastío por las horas de trabajo maratonianas en la mayor parte de los casos, sino que ya viene de viejo. Trabajar un poco menos se planteó hace treinta años, en los noventa, pero no fue hasta finales de 2023 cuando se anunció un pacto entre los grupos parlamentarios PSOE y Sumar para reeditar el Gobierno de coalición tirando una lanza a favor de disminuir la jornada laboral ordinaria sin reducción salarial, pasando de 40 a 37,5 horas a la semana.

La jornada de 35 horas fue habitual en muchas administraciones públicas hasta la crisis económica de 2012. Entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy fijó por ley una jornada mínima de 37,5 horas para todos los funcionarios, una medida que se mantuvo durante años como parte de los ajustes del gasto público. Desde 2018, cuando esa restricción desapareció, las autonomías y administraciones locales fueron recuperando progresivamente el horario reducido. Sin embargo, la Administración General del Estado había quedado al margen de ese proceso hasta ahora, lo que ha generado durante años una situación desigual entre empleados públicos según su administración.

En ese sentido, a la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) no le convenció la propuesta de PSOE y Sumar y continuó reclamando que para los empleados del Estado se aplicara directamente la jornada de 35 horas. Dos años y medio después lo han conseguido, aunque en Galicia solo 1 de cada 7 trabajadores del sector público podrá hacerlo. De 178.260 miembros del funcionariado gallego —según los últimos datos recopilados en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que data de julio de 2025—, esta reducción solo afecta al 15,7 %, ya que solo se aplica directamente a los 28.172 que trabajan para el Estado. El resto, dependientes de la Xunta, de las diputaciones o de los concellos, —150.000, aproximadamente— seguirán con la jornada de 37,5 horas semanales, al menos por ahora. Actualmente, solo seis comunidades autónomas mantienen aún el aumento del horario para su personal, entre ellas Galicia.

«Seguimos teniendo el problema que, con carácter general, la Administración Xeral da Xunta sigue sin querer reconocer la jornada de 35 horas», indica a EL CORREO GALLEGO Juan Carlos Rivas, secretario autonómico de Acción Sindical de CSIF. «Llevamos ocho años reclamándoselo a la Xunta, desde que en 2018 se habilitó de nuevo la posibilidad de que cada administración pública pudiera negociar una jornada distinta a la establecida y con carácter general de las 37,5 horas, y siempre ha cerrado las puertas a esa posibilidad», protesta.

Hay excepciones. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ya tiene reconocida la jornada laboral de 35 horas, y recientemente los fijos discontinuos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), también, tras negociarlo con los sindicatos. Además, «en el ámbito de servicios sociales, de Política Social, implícitamente se reconocen esas 35 horas», explica Rivas. En algunos ayuntamientos con menor población también se redujo, pero en las administraciones locales de las siete grandes ciudades, así como en las cuatro diputaciones, —tal y como explicaron a este diario desde dichos consistorios— «sobre el papel» se trabaja treinta y siete horas y media a la semana.

Los sindicatos van a presionar

En este ámbito, CSIF promueve una serie de iniciativas que presionen a todos los concellos gallegos para acatar esta jornada laboral. «Tanto el artículo 94 de la de la Ley de Régimen de Bases Locales, como el artículo 210 de la Ley de Empleo Público gallega, establecen que la jornada que se establezca en la Administración General del Estado será la que tengan los empleados públicos de la administración local y, por lo tanto, vamos a empezar a remitir a todos los ayuntamientos un comunicado indicándoles que hay que sentarse a negociar simplemente la adaptación de esas 35 horas, porque es la aplicación directa del acuerdo de Madrid», apunta Rivas.

Desde CSIF sostienen que la equiparación de horarios es una cuestión de homologación de derechos laborales y recuerdan que otras administraciones ya han demostrado que es posible mantener el servicio público con menos horas de trabajo. «Ya no hay ninguna excusa, no puede tolerarse esta falta de homogeneización de condiciones de trabajo entre el Estado y la Xunta, por eso es el momento de alcanzar un acuerdo también aquí, pero el Gobierno gallego se cierra en banda a negociar», considera Rivas.

Aun así, los sindicatos confían en que tras la medida aprobada por el Gobierno central y que afecta a unos 250.000 funcionarios en todo el Estado, la Xunta mueva ficha. «Esperemos que recapacite, que entienda que es una medida positiva que permite la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos, que supone una modernización, una reorganización del trabajo y que apuesta por la renovación del empleo», explica el secretario autonómico de CSIF en Galicia. «Estamos muy retrasados en comparación con otras autonomías que ya la implantaron, como en Asturias, Aragón, Euskadi, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y también hay muchas diferencias en las condiciones de trabajo», añade.

Extrapolando esta medida al sector privado, los sindicatos también confían en que pueda darse un «efecto dominó». Por ahora, un asalariado privado pacta de media 39,4 horas semanales y la reducción de la jornada laboral para este conjunto está paralizada al quedar encallada en el Congreso de los Diputados por los votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN.

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