Los bloqueos de LaLiga abren una alarma en Galicia por fallos en servicios digitales y dudas sobre la localización de personas vulnerables

La ofensiva de LaLiga contra la piratería ya no genera solo críticas en el ámbito tecnológico: también ha encendido una señal de alerta social en Galicia. Los bloqueos de direcciones IP que se ejecutan justamente durante las retransmisiones de fútbol han empezado a sembrar dudas sobre su impacto real en servicios digitales legítimos y, en los casos más delicados, sobre herramientas de geolocalización empleadas para seguir a personas vulnerables.

La polémica se reactivó tras la publicación en la red social X hace unos días del hijo de un hombre con demencia, que relató problemas (y bastante angustia) para acceder a la aplicación con la que seguía la ubicación de su progenitor, que se quedó sin funcionamiento en una franja coincidente con partidos. Luego, también publicó la respuesta del servicio técnico, que relacionaba con los bloqueos de LaLiga el suceso.

Ese caso, difundido después por ADSLZone, volvió a poner el foco sobre una pregunta incómoda: hasta qué punto una medida concebida para frenar emisiones ilegales puede terminar afectando a servicios cotidianos, e incluso sensibles.

El origen del conflicto está en las resoluciones judiciales que permiten a LaLiga instar a operadoras como Movistar, Orange o Vodafone a bloquear direcciones IP vinculadas a emisiones piratas. El Gobierno reconoce en sus respuestas parlamentarias que esos bloqueos se están produciendo y los sitúa bajo el amparo de la sentencia 310/2024 del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona y del auto posterior que rechazó el incidente de nulidad promovido por Cloudflare y RootedCON.

Para Fernando Suárez, presidente del Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia, el problema está en cómo funciona realmente internet. «No se bloquea una web concreta, sino direcciones IP completas detrás de las que puede haber múltiples servicios legítimos», resume. A su juicio, ahí radica la desproporción técnica de la medida: «lo que se está haciendo es filtrar muchos servicios, simplemente porque haya una web que está transmitiendo contenido ilícito».

FARO ya se hizo eco en otras ocasiones de la afectación a sistemas domóticos o servidores de todo tipo, incluso en condiciones de teletrabajo. Asimismo, Suárez sostiene que el alcance de esos cortes puede ir mucho más allá del objetivo perseguido, sobre todo cuando entran en juego infraestructuras globales como Cloudflare, que agrupan numerosos servicios bajo una misma IP. «Es como bloquear el acceso al portal de un edificio de oficinas porque en una oficina hay una actividad ilegal», ejemplifica.

Y subraya que no se trata de una hipótesis abstracta: «Afectó en ocasiones a servicios globales que también usamos en Galicia, como LinkedIn, Canva, Decathlon, el chatbot Claude de Anthropic o Zoom».

El responsable del colegio profesional gallego cuestiona además el propio modelo de ejecución de estos bloqueos. «Se le está dando poder a un actor privado, en este caso LaLiga, que es quien decide qué IPs bloquear», advierte. En su opinión, se trata de una respuesta «como matar moscas a cañonazos», que choca con principios básicos del funcionamiento de la red, como la neutralidad de internet.

En Galicia, la preocupación adquiere un matiz añadido por razones demográficas. La comunidad, una de las más envejecidas de Europa, recurre cada vez más a sistemas de teleasistencia y localización para personas mayores o con enfermedades neurodegenerativas. Fuentes de Afaga consultadas por este medio señalan que conocieron esta semana esta problemática en el Clúster de Saúde, aunque por ahora no tienen constancia de casos detectados en Galicia.

A esa inquietud se suma la advertencia de PuntoGal. La entidad gestora del dominio gallego expresó su preocupación por estos bloqueos y advirtió de que estaban afectando a páginas que no realizan retransmisiones ilegales, incluidas webs con extensión .gal.

Propuestas y preguntas al Congreso del BNG

El asunto también ha escalado al terreno político, desde hace más de un año. El BNG registró al menos cuatro iniciativas y preguntas parlamentarias a través de su diputado Néstor Rego en el Congreso, para pedir explicaciones al Gobierno sobre estos bloqueos y sus efectos sobre páginas y servicios legítimos. En los documentos revisados constan dichas exigencias, a las que el Gobierno contesta remitiéndose a respetar la legalidad de la sentencia judicial al respecto.

Frente a esas críticas, LaLiga difundió esta semana una nota informativa en la que negó de forma tajante que sus sistemas antipiratería estuviesen detrás del supuesto fallo del dispositivo de localización. Defendió que sus actuaciones se dirigen exclusivamente contra infraestructuras que emiten contenidos de forma ilícita mediante procedimientos «auditados y focalizados». En esa línea, LaLiga rechaza que sus bloqueos afecten a servicios legítimos y los presenta como medidas de carácter selectivo o «quirúrgico».

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