BNG y PSdeG presentan sus propuestas para negociar de cara al final del DEA con el foco en vivienda, sanidad y financiación local

Tras una intensa jornada en la que Gobierno y oposición hicieron balance en el Parlamento de Galicia del mandato de Alfonso Rueda al frente de la Xunta, tanto el BNG como el PSdeG registraron este jueves sus propuestas para la última jornada del Debate sobre el Estado de la Autonomía, que se celebrará mañana. Tendrán hasta esta noche para negociar y ver cuáles de ellas salen adelante.

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, fue la encarga de desgranar las medidas propuestas por su formación, que abarcan desde el reconocimiento del estatus político de Galicia como nación para "avanzar hacia la soberanía" al diseño de un plan de choque para terminar con las listas de espera hospitalarias. Paralizar la ley de administración local, la política aeroportuaria o el refuerzo de la Atención Primaria son algunas de las cuestiones en las que se centra la batería de medidas presentada por el portavoz de los socialistas gallegos en el hemiciclo, José Ramón Gómez Besteiro.

Las propuestas del BNG

Exigir a Rueda una "disculpa institucional" a los trabajadores por "tratarlos como vagos defraudadores" con su plan para el control de las bajas, así como adoptar medidas para garantizar la "independencia judicial" después de que el juez Luis Villares fuese apartado de la sección del TSXG encargada de los eólicos figuran entre las 40 propuestas que el BNG.

En materia de sanidad, defienden la incorporación de nuevas categorías profesionales para "crear auténticos equipos multidisciplinarios", medidas para garantizar la capacidad resolutiva, ratios que permitan dedicar el tiempo preciso a cada persona enferma. Además, instan a la Xunta a diseñar un plan de choque que "deberá implementarse antes del fin de año" por último con las listas de espera hospitalaria, así como a presentar "de inmediato" un nuevo plan de salud mental.

Dentro del ámbito social, el BNG propone incrementar la red de servicios públicos de atención a la dependencia con la creación de 1.000 plazas públicas antes de que finalice la legislatura. La educación ocupa varios puntos, solicitando la implementación de una atención personalizada a todo el alumnado con diversidad o la restitución en el próximo curso del programa de gratuidad universal de libros de texto. Otra resolución aboga por una formación de carácter obligatorio que forme a todo el alumnado en materia de sexualidad y género.

En esta línea, exigen un "acuerdo de país" para la creación de un Instituto Galego das Mulleres "como un organismo público que actúe ante el avance de la desinformación antifeminista". También instan a blindar y reforzar la atención a las víctimas de violencia sexual en el sistema público.

Como era previsible, la vivienda es otro de los ejes de la batería de propuestas de los nacionalistas, que exigen una reforma legislativa para que las viviendas de uso turístico cuenten con licencia urbanística para "garantizar la protección con carácter permanente de la vivienda protegida". También piden la intervención directa por parte del Gobierno gallego en la declaración de mercados tensionados de vivienda en aquellas áreas urbanas que cumplan los requisitos y la creación, en el segundo semestre de este año el Instituto Galego de Crédito, como "primer escalón hacia la creación de una banca pública gallega", a lo que suman una vieja reclamación, la de una tarifa eléctrica gallega.

Rodil explicó, además, que instan a la creación de una comisión de investigación sobre la tramitación del proyecto industrial de la macrocelulosa de Altri que la compañía lusa quería implantar en el municipio lucense de Palas de Rei y al que el Ejecutivo gallego dio carpetazo en febrero al no garantizar el Gobierno central la conexión eléctrica necesaria. También proponen elaborar y aprobar este año un Plan galego de restauración post-incendios 2025–2030.

En materia municipal, instan a la Xunta a blindar, en el proyecto de ley da administración local de Galicia, un sistema de "financiación justa" que consolide la autonomía local a través de un nuevo aumento del fondo de Cooperación Local. Además, "de manera inmediata" exigen aprobar una nueva línea de ayudas para los ayuntamientos con el fin de paliar "la subida desorbitada e injusta" de los precios de los combustibles y de la energía y así poder garantizar la prestación de todos los servicios públicos municipales.

A esto se suma la propuesta de un acuerdo para "rechazar la propuesta de reforma del sistema de financiación lesiva para Galicia avanzada por el Gobierno del Estado", al tiempo que piden un nuevo modelo de concierto económico que permita la recaudación y gestión directa de los impuestos mediante una hacienda gallega. Así, piden "proteger Galicia frente a las guerras imperialistas y el incremento del gasto militar en la defensa de la paz, la soberanía alimentaria y de Galicia en la Unión Europea".

Las medidas del PSOE

La batería de medidas presentada también va desde la más pura actualidad, clamando en la primera resolución por un "no" rotundo contra la guerra en Oriente Próximo, a la memoria histórica. Y es que los socialistas quieren establecer el Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada, como sede de un centro de memoria y derechos humanos que acoja labores de investigación y divulgación sobre estas materias y que se vincule a entidades de investigación como las universidades o el CSIC.

La sanidad centra buena parte de sus iniciativas, al pedir una reforma del modelo asistencial del sistema sanitario para mejorar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria o modificar la estrategia de recursos humanos del Sergas. Además, reclaman un nuevo plan de salud mental que replantee el sistema de centros hospitalarios y de asistencia, enfocándolo hacia "una estrategia de centros de titularidad pública, más pequeños y más vinculados al territorio".

También en el ámbito social, solicitan que se garantice, "de manera inmediata", la dotación suficiente de profesorado de apoyo, incluyendo especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. La elaboración de una nueva ley de inclusión social de Galicia "adaptada a la realidad actual" es otra de las demandas.

En materia de vivienda, Besteiro desgranó varias medidas, entre ellas la necesidad de inspeccionar la vivienda pública para evitar prácticas especulativas y la creación de un banco público de alquiler que permita movilizar viviendas vacías. Además, instó a la Xunta a dictar una resolución administrativa que dé el 'no' definitivo de Altri.

Los socialistas proponen, asimismo, desarrollar una política aeroportuaria "de país y con rigor", solicitando una comisión bilateral con el Estado para acordar un nuevo formato de co-participación formal con la Xunta en los procesos de decisión, y poner en marcha "de inmediato" un plan autonómico de rehabilitación integral de todas las estaciones de autobuses.

Paralizar la ley de administración local para negociar un nuevo texto con la Fegamp, los municipios y las diputaciones provinciales es una de las demandas. También en materia de financiación piden reformar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para comprometer el pago íntegro del coste del servicio a las entidades locales de forma inmediata a partir de la finalización del actual acuerdo en 2028.

Para que no se repita lo ocurrido el verano pasado, cuando Galicia registró los peores incendios forestales de su historia con miles de hectáreas arrasadas por las llamas, instan a "impulsar con carácter urgente" un nuevo modelo integral de prevención de los fuegos.

En materia de financiación, llaman además a la Xunta a negociar con el Gobierno de España un avance del sistema de financiación para Galicia que "atienda las singularidades" de la comunidad, después de la propuesta presentada por el Gobierno central en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Lo propuesto por el PPdeG

El PPdeG, por su parte, ha asumido de forma mayoritaria en sus propuestas de resolución los anuncios formulados por su jefe de filas en la primera jornada del Debate sobre o Estado da Autonomía, entre ellas una de las que más rechazo ha generado en la oposición: el plan para reforzar el control sobre bajas laborales: "Creo que el BNG debería dejar a un lado el eslogan y la ideología, y hablar más con los gallegos".

Así, las propuestas populares reflejan los anuncios de Rueda en materia de vivienda, educación o sanidad, por ejemplo. Pero también apuntan de forma marcada al Gobierno que dirige Pedro Sánchez, mencionado en más de la mitad. Al Ejecutivo estatal demanda los populares, por ejemplo, "un trato justo en transportes", más competencias o el traspaso y rescate de la concesión de la AP-9.

También quiere rechazar el "trato dispensado" por el Gobierno de Sánchez por "negarse a asumir de forma efectiva la financiación del 50% del coste del Sistema para Autonomía e Atención a Dependencia en Galicia".

Los populares promueven, asimismo, una resolución de condena a los conflictos armados "en Oriente Medio y Ucrania". En ella, también miran al Ejecutivo estatal para instarle a trabajar "coordinadamente" con la comunidad internacional, y especialmente con la Unión Europea, en la búsqueda de "una desescalada de estos conflictos a través de la acción diplomática", y a "dar cumplimiento" a la "obligación de pedir la autorización previa del Congreso a la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional".

Asimismo, los populares proponen que el Parlamento reafirme el reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA y el rechazo "rotundo" a cualquier acuerdo político o pacto con formaciones que no condenen "expresa e inequívocamente el terrorismo".