Casi mil episodios de violencia en la sanidad gallega en el último año: una de cada tres agresiones contra el personal sanitario fueron físicas
La modificación de la Ley gallega de salud, impulsada por la Xunta, establece medidas de protección contra la violencia en el sistema sanitario, ampliando la protección a todo el persona
Concentración ante el Chuac el pasado año por la agresión a un vigilante y un enfermero. / Iago López
A lo largo del pasado año, el personal de la sanidad gallega vivió casi un millar de episodios de violencia. De ellos, una de cada tres, unas 344, fueron agresiones físicas, según manifestó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante su intervención en la apertura de la jornada de presentación de la modificación de la Ley gallega de salud, por la que se establecen medidas de prevención y protección integral contra la violencia del sistema sanitario.
Del total de episodios violentos acontecidos en la comunidad el año pasado, 300 tuvieron lugar en el ámbito de la Atención Primaria; más de 560 en la atención hospitalaria y 71 en emergencias extrahospitalarias.
La modificación legal impulsada por el departamento de sanidad autonómico tiene en cuenta los distintos escenarios en los que se producen los actos de violencia, puesto que de las 344 agresiones físicas ocurridas el año pasado, 317 tuvieron lugar en consulta pero también se produjeron en la calle contra personal sanitario. Además, la protección se amplía a todas las categorías profesionales, incluido personal de administración, admisión, transporte e inspección, tanto en el ámbito público como en el privado. Galicia es la primera comunidad autónoma que incluye los técnicos de emergencias sanitarias y del 061 entre el personal a proteger.
El conselleiro de Sanidade destacó entre las nuevas medidas que contempla la reforma legal que el profesional podrá suspender la atención a un paciente si hay grabaciones sin su consentimiento, y explicó que la Ley contempla también un apartado dedicado al acoso y al ciberacoso como nuevas formas de violencia. En lo que se refiere a los infractores, la reforma de la norma recoge que podrá asignarse un profesional distinto u otro centro de salud para proteger a la víctima, y que el personal que sea agredido en su trabajo tendrá derecho a la movilidad laboral.
Además, se pone en marcha un registro confidencial para inscribir todos los actos de violencia que sean sancionados y se impulsarán campañas informativas para sensibilizar a la ciudadanía. Otra medida de prevención será la capacitación en manejo de conflictos, que será obligatoria para el nuevo personal y que contará como mérito en la carrera profesional.
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