La vida en pausa de los migrantes indocumentados: «La regularización nos abre la puerta a trabajar, cotizar y salir adelante»

«Emigrar es complicado de por sí. Es difícil dar con un techo bajo el que resguardarse si no tienes nada. Si no tienes NIE, tampoco puedes trabajar en regla». Son las primeras palabras que pronuncia Juan Granados, peruano de 52 años emigrado en Santiago de Compostela, en conversación con EL CORREO GALLEGO al preguntarle por la regularización extraordinaria de migrantes que se pone en marcha este jueves. En un tono tan lánguido como desolador, relata cómo el escepticismo pesa más que la esperanza ante un futuro incierto. «La regularización nos abre la puerta a trabajar, cotizar y salir adelante», indica. Hoy mismo iniciará los trámites para estabilizar su situación y a como él se les abre la puerta a más de 10.000 migrantes radicados en Galicia para obtener su documentación y facilitar su plena integración en el país.

«Llegué a Galicia con mi mujer, Analía, de 48 años, y nuestros dos hijos adolescentes, y pudimos asentarnos gracias a una conocida que nos ayudó a conseguir un piso en el que aceptaran a migrantes indocumentados», explica. Eso sucedió hace «un año y dos meses» y en los primeros cuarenta días la familia de Juan Granados y de Analía Castillo se dejó «prácticamente todos los ahorros en una habitación de una pensión», el único refugio que consiguieron. A un tiempo, sobreviviendo y sorteando todas las trabas burocráticas que iban saltando para, por un lado, escolarizar a sus hijos y, por otro, que homologaran los títulos de bachillerato de los padres para poder acceder a cursos habilitantes de empleo para personas en situación irregular. «Si estás indocumentado, no eres nada», sentencia Granados.

Su caso no es una excepción, ni algo inusual, ni una historia propia del realismo mágico americano. Es la realidad que viven miles de migrantes que aterrizan en el país con la puerta de entrada atrancada y la de salida «abierta de par en par», como el caso de Stefany Maciel Sánchez, peruana de 36 años, que llegó hace 9 meses a Compostela y está iniciando el proceso de regularización. Dejaba en Perú a sus dos hijos, de 7 y 13 años de edad, respectivamente, que se quedaron con su padre allí mientras su madre les allanaba el terreno, aunque solo fuera un poco. Finalmente, los niños pudieron emigrar y ahora ya viven los tres juntos en Santiago.

«Es muy complicado que un propietario quiera alquilarte aunque solo sea una habitación al estar en esta situación», explica. Aun así, consiguió que le arrendasen una habitación para sus hijos y para ella en un piso compartido con otros seis migrantes, y por ahora ese cuarto, con derecho a cocina y baño, es a lo que deben llamar hogar. De su sueldo como limpiadora doméstica, sin contrato, destina 280 euros al alquiler. Para Stefany Maciel la noticia del nuevo plazo de regularización extraordinaria supuso «una luz al final del túnel». «Es una gran satisfacción para los que estamos acá trabajando, que vinimos para buscar un futuro mejor, para salir adelante», confiesa. «Al menos lo que yo busco no es trabajar y cotizar, aportar correctamente como lo hace cualquier otra persona».

Claves laborales

El lanzamiento de este nuevo plazo de regularización, prolongado hasta octubre, permite el acceso pleno a derechos como la Seguridad Social, la sanidad o la educación públicas, aunque dejaría a los beneficiarios apartados del derecho a voto. El Gobierno central abre un intervalo de un año de situación regular —si no es rechazada la solicitud— para migrantes que residan en el Estado desde hace al menos cinco meses, en el que los afectados deberán arreglar su situación de forma estable mediante los cauces ordinarios de las oficinas de extranjería.

La última iniciativa de este calibre fue hace veinte años, durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora el Gobierno central impulsa la carrera de fondo para sacar del trabajo en negro a unos 751.000 extranjeros en todo el Estado que tendrán permiso de residencia, que podrán cotizar por sus empleos, que podrán recibir los derechos de ciudadanía correspondientes y que, en definitiva, podrán humanizar su situación laboral.

Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, discrepa de este método y considera más apropiado que los migrantes «vengan de forma ordenada». Así lo explicó el martes en un acto en Madrid, donde también aprovechó para acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «no escuchar» las alegaciones de las comunidades autónomas. Bajo su punto de vista, este nuevo plazo de regularización es una medida poco «acertada» y que «se podría hacer muchísimo mejor», lamentando que al final las autonomías son las que tendrán que atender a la gente que se vaya incorporando: «No hemos sido consultadas en ningún momento».

La patronal apoya esta regularización, y Rueda cree que los empresarios «constatan» la realidad de que hay muchas vacantes actualmente. De todas formas, contrapone la actuación del Gobierno con la de la Xunta, que, según ha dicho, está negociando dar permisos de trabajo. Para muchos migrantes el objetivo no es otro que poder trabajar en el mismo sector que en su país de forma lícita, algo que la regularización facilita al disponer de documentación en regla.

«En Perú era autónomo y tenía una empresa con varios empleados, pero por la situación allá acabó yendo a la quiebra. Aquí solo pude trabajar atendiendo a personas mayores y hasta se me complicó encontrar este empleo, porque percibo un fuerte sesgo de género en cuanto a los cuidados, ya que es un sector muy feminizado», explica Juan Granados. Su mujer también logró hacerse con un empleo similar, pero recuerda con nostalgia su identidad laboral en Perú. «Analía era enfermera en el sistema sanitario público, y ahora el paso que nos queda, si es posible con la regularización, sería homologar los títulos universitarios», relata Granados.

Hay quien apunta a seguirse formando, como Stefany Maciel, que aunque disfrutaba de su anterior experiencia laboral en su país de origen, donde trabajaba de cara al público en una tienda, quiere volver a estudiar en cuanto el bolsillo se lo permita. «Me gustaría dedicarme a algo relacionado con la cosmetología, ya que me interesan la salud y el bienestar y creo que es un campo con futuro», reflexiona.

La piedra en el zapato

Los principales beneficiarios de la regularización se sienten esperanzados ante una pronta mejora de su situación, aunque tampoco esconden su temor a que «todo siga igual». Un recelo detectado por el Foro Galego de Inmigración y por el que insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a establecer «el tiempo suficiente para que todas las personas puedan hacer su solicitud» y que se agilicen los trámites para que los beneficiarios puedan empezar a trabajar «en el plazo máximo de un mes». La ONG gallega también pone la lupa sobre los certificados penales, ya que hay países «donde resulta muy difícil o imposible» obtener un documento que acredite la inexistencia de antecedentes penales.

El Foro Galego de Inmigración también pide flexibilidad ante los casos de individuos que tengan complicaciones para acreditar su identidad «al carecer de pasaporte» o el tiempo de residencia en el Estado, dada la propia situación de irregularidad. A su vez, esta «debe servir como criterio de vulnerabilidad, evitando informes innecesarios por parte de servicios sociales o entidades» que puedan ralentizar los trámites.

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