Más familias podrán optar a una vivienda pública tras elevar la Xunta el umbral de renta

La Xunta elevará el umbral de ingresos para acceder a una vivienda pública en Galicia con el objetivo de abrir la puerta a más familias en un contexto marcado por las crecientes dificultades para encontrar casa. La medida beneficiará especialmente a los hogares de dos y tres miembros, cuyo límite de renta subirá en unos 1.200 euros brutos al mes, y a las familias de cinco o más integrantes, para las que el incremento superará los 1.500 euros.

Así lo detalló este miércoles la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, al desgranar una de las tres medidas avanzadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Debate sobre el Estado da Autonomía. La responsable autonómica defendió que los criterios vigentes habían quedado desfasados ante la situación actual del mercado residencial.

Tope de ingresos

Con la modificación, el tope de ingresos para unidades familiares de dos y tres miembros pasará de 3 a 4 veces el IPREM. En la práctica, una pareja dejará de estar limitada a unos 2.000 euros mensuales y podrá alcanzar los 3.200, mientras que una familia de tres miembros elevará el umbral desde unos 2.250 hasta 3.529 euros. En el caso de las familias numerosas, el listón subirá hasta 4,5 veces el IPREM, lo que supone pasar de 2.571 a 4.154 euros al mes.

La Xunta confía en que esta flexibilización, junto con el resto de medidas anunciadas, permita aumentar de forma “considerable” el número de hogares con acceso a vivienda protegida. Para optar a estos inmuebles es obligatorio figurar en el Rexistro de Demandantes —que suma ya unas 30.000 personas—, no disponer de otra vivienda en propiedad y residir o trabajar en el municipio en el que se solicita el piso.

Grupos con prioridad

Junto a la revisión de los ingresos, el Gobierno gallego reservará el 30% de las viviendas públicas en venta para personas de entre 36 y 45 años con hijos. Este cupo se añadirá al 25% ya existente para menores de 36 años, mientras que el 45% restante será de carácter general. En el caso del alquiler, se mantendrá una reserva del 40% para menores de 36 y el 60% quedará abierto al conjunto de inscritos.

Otra de las novedades anunciadas es la bonificación del 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para todas las viviendas protegidas de hasta 120 metros cuadrados. En la práctica, este tributo quedará a coste cero para los compradores.

Promesa electoral

Estas medidas se enmarcan en el plan de la Xunta para duplicar el parque público residencial hasta alcanzar las 8.000 viviendas. Según Allegue, las 4.000 nuevas previstas para esta legislatura ya están “en marcha” y mantendrán de forma indefinida su carácter público, tanto si se adjudican en alquiler como en venta.

La mayor parte de estas promociones se entregarán entre 2027 y 2028, aunque algunas estarán listas ya este año. Entre ellas figuran 74 viviendas en Valdecorvos, en Pontevedra, y otras 60 en Santiago, repartidas entre Lamas de Abade y O Castiñeiriño, con final de obra previsto para mayo. La conselleira también reclamó al Gobierno central la aprobación del Plan Estatal de Vivienda, al considerar que su demora mantiene bloqueados 80 millones de euros.

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