Martín Pallín: “No es misión de un juez controlar la política de un gobierno”

En este libro sostiene que una parte de la Justicia ha invadido un terreno que no le corresponde. ¿En qué momento dejó de ser una anomalía y empezó a convertirse en un problema estructural?

Al principio comienza con episodios un poco aislados, pero yo diría que a partir del caso Atutxa, del independentismo catalán y vasco y después con la aparición de Podemos, ya se convierte, hombre, no diría en una pandemia, pero sí en algo preocupante.

En el subtítulo del libro une dos conceptos que aparentemente no casan bien: jueces e ideología. ¿Dónde está la frontera entre que un juez tenga convicciones personales y que esas convicciones acaben contaminando sus resoluciones?

Eso es un problema muy difícil y muy personal, que depende de muchos factores e incluso del valor de los principios éticos que tenga cada uno. Aquí durante mucho tiempo, y la Constitución ha contribuido en parte a ello, se ha transmitido una idea que a mí me parece negativa cuando dice que jueces y fiscales no podemos pertenecer a partidos políticos. Esto es una anomalía en la Unión Europea. En Francia, Italia, Portugal, Alemania o Países Bajos los jueces pueden militar en partidos políticos, porque eso no es ningún desdoro.

El problema no es la militancia, entonces.

No, el problema es que algunos, sin militar, tienen una ideología que después traspasan a sus resoluciones. Mi ideología es suficientemente conocida, pero creo que no la he trasladado a los casos concretos que me han llegado. Yo, por ejemplo, me manifesté públicamente contra la guerra de Irak, y me tocó una querella contra José María Aznar por haber entrado en la guerra. Creo que tardé quince minutos en rechazarla de plano, porque no es misión de un juez controlar la política exterior de un Gobierno, sea de izquierdas o de derechas.

"El problema no es que los jueces tengan ideología, es que la traspasen a sus resoluciones"

¿Los jueces están entrando en terrenos que no les corresponden también en política exterior y, sobre todo, en política interior?

Exactamente. Quizá los casos de política exterior sean mucho más escasos que los de política interior. En política interior, por ejemplo, el caso Atutxa: a un presidente de un Parlamento, en cualquier país democrático, no se le puede condenar por aplicar el reglamento de la Cámara. El Tribunal Supremo se equivocó. Y, en todo caso, el presidente de un Parlamento, en este caso Atutxa y después Carmen Forcadell en Cataluña, representa la soberanía popular de los ciudadanos vascos y catalanes. La Constitución dice que somos una monarquía parlamentaria. El Parlamento es el eje de cualquier democracia. Entonces los jueces tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo diría casi que no deberíamos intervenir en ningún asunto del Parlamento. Tenemos un caso muy actual, el de ese parlamentario de Vox que increpó a la Presidencia de la Cámara. Me parece un acto verdaderamente reprobable desde el punto de vista político, pero no se me ocurriría pensar que eso fuese una amenaza, una intimidación o una conducta que mereciese una sanción penal. Y no es misión de un juez controlar la política de un gobierno.

¿Cree que hoy en España hay más jueces militantes en lo político que hace veinte o treinta años, o simplemente ahora lo vemos con más claridad?

Militantes no lo sé, pero activistas sí. La Asociación Profesional de la Magistratura son 1.300, me parece, no sé la cifra exacta, de un total de 5.000 jueces, más la asociación de Vitoria, y se están manifestando de una forma verdaderamente peligrosa para la estabilidad democrática. Por ejemplo, el espectáculo de las manifestaciones con toga, que está prohibido, y ante el que el Consejo General del Poder Judicial debió intervenir y ponerles como mínimo una advertencia, porque el propio Consejo dictó una ordenanza recordando que no se pueden sacar las togas fuera de los edificios judiciales, salvo para cumplimentar al rey.

En el libro cuestiona también el papel de la acusación popular en algunos procedimientos. ¿Es una figura que está desvirtuada o sigue siendo útil si está bien acotada?

Es una institución única en los 27 países de la Unión Europea y en muchos más países, pero tiene una tradición histórica y una connotación inevitable de desconfianza hacia el Ministerio Fiscal. Por ejemplo, en Francia el Ministerio Fiscal tiene el monopolio de la acción. Ni siquiera una perjudicada o una ofendida por el delito puede ejercitar la acción penal; la ejercita el fiscal, que tiene, repito, el monopolio. Sí puedes ejercitar la acción civil de responsabilidades. En otros países también se admite la personación de las víctimas, pero aquí ya se incrementa y nos encontramos, por ejemplo, con que en el caso del hermano del presidente del Gobierno hay personadas siete acusaciones populares. Entonces, es necesario conservarla, entre otras cosas porque lo dice la Constitución y para cambiar eso habría que modificar la Constitución, y no están los tiempos para eso. Pero, por otro lado, habría que reflexionar sobre qué asociaciones o fundaciones pueden ejercitarla y en qué casos. Por supuesto, los ciudadanos pueden hacerlo. La tradición desde 1812 es esa. Ninguna duda sobre eso. Pero respecto a las personas jurídicas, ahí yo creo que la culpa la tuvo el Tribunal Constitucional. No comparto esa laxitud con la que se admiten acusaciones populares por parte de fundaciones y asociaciones que ya casi están profesionalizadas, como Hazte Oír, Manos Limpias o Abogados Cristianos, que, por ejemplo, no sé qué pintan en el caso del hermano del presidente, ni en tantos otros.

Ya que habla del Constitucional, ¿sigue siendo imprescindible o ha sufrido también un desgaste institucional preocupante?

En el momento de redactar la Constitución era absolutamente imprescindible. Un país que viene de cuarenta años de dictadura, que no había firmado ningún tratado internacional de derechos humanos, que no tenía Constitución y en el que los jueces tampoco conocíamos de asuntos políticos, porque para eso estaba el Tribunal de Orden Público, necesitaba un Tribunal Constitucional. Y además hizo una labor magnífica de pedagogía constitucional. Tiene que existir porque está en la Constitución. Ahora bien, últimamente ya no es lo que era, por decirlo simple y llanamente.

¿Qué tendría que cambiar?

Las personas. En el sentido de que sean personas de una gran formación y de una gran convicción del valor de la Constitución, y que sepan que son un tribunal de garantías exclusivamente, que no pueden inmiscuirse en asuntos de calificaciones jurídicas, etcétera.

¿Y tampoco entrar en dinámicas de polarización?

Diría también eso. Bueno, que haya disidencias en un Tribunal Constitucional no es en sí mismo malo. Yo soy un seguidor del Tribunal Supremo norteamericano y conozco muchas sentencias muy importantes, y es muy raro encontrar sentencias por unanimidad. Y eso no es malo. Es más, hay un caso paradigmático, el de la quema de la bandera delante del Capitolio por la guerra de Vietnam. Ahí hubo un debate interesantísimo, se decantó por un voto, pero merece la pena leerlo.

"Un país que no tiene fe en su Justicia tiene serias carencias"

¿Le preocupa que parte de la ciudadanía haya empezado a interpretar las sentencias en clave de bloque ideológico?

Sí, por desgracia. Después de jubilarme me dediqué a la abogacía y toda persona que viene siempre te dice primero: “¿Cómo es el juez? ¿Cómo es la jueza?”. Eso es lo primero que preguntan, y después ya se habla de otras cosas. Y eso no es bueno para la credibilidad. Un país que no tiene fe en su Justicia tiene serias carencias.

¿Cómo se recupera esa confianza pública cuando ya se ha instalado la idea de que hay una doble vara de medir o de que la Justicia no es igual para todos?

Es muy complicado. A estas alturas, recuperar todo eso es complicado. Pero yo creo que el propio sistema de comunicación y las redes simplifican el mensaje. El titular manda. Y una sentencia vale lo que valen sus razonamientos. Lo importante es explicar por qué se condena a alguien y hacerlo con claridad. La Constitución exige a los jueces que motiven sus resoluciones y, además, que sean asequibles. La prueba es que existe el jurado, y el jurado valora los hechos con criterios de racionalidad y de verosimilitud. Si una sentencia, aunque el fallo te parezca injusto, es capaz de razonar por qué ha llegado a esa resolución, eso es lo que vale. Claro, los periodistas tenéis poco espacio, tenéis los titulares, y eso a veces simplifica demasiado. Pero creo que se puede explicar bien.

Usted también defiende una reforma en el acceso a la carrera judicial: menos memorización y otras cualidades. ¿Le chirría ver un juez o una jueza de 23 años recién salido de la facultad?

Hombre, no quiero decir que vaya a hacerlo mal, pero es peligroso. Yo siempre pongo el ejemplo de que si para ser piloto de un avión exigiesen solo saberse las latitudes y después ya le diesen el avión, dirías: hombre, espérate, primero habrá que hacer prácticas, simuladores de vuelo, etcétera. En todas las profesiones hay que tener experiencia. A un estudiante de Medicina no lo pondrías al día siguiente a operar. Y aquí puede suceder.

Tantos años después de su jubilación, con todo lo que ha visto, ¿qué le sigue indignando de la Justicia española y qué le sigue dando motivos para confiar en ella?

Lo que más me ha indignado últimamente es la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con una sentencia impresentable. Lo siento mucho porque he compartido sala con cinco de los magistrados que votaron esa resolución. Basarse en conjeturas, decir que pudo ser el fiscal o alguien de su entorno… Yo he sido profesor universitario cuarenta años y esa sentencia es para ir a septiembre.

¿Y en positivo?

Por ejemplo, la sentencia del Constitucional en el caso del parlamentario de Podemos, Alberto Rodríguez, fue muy positiva, aunque llegase tarde. Y en el Supremo también las hay, no niego que existan, aunque ahora mismo no me venga ninguna a la cabeza (risas).

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