Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública

El ritmo de la vida contemporánea empuja a los trabajadores a dedicar más años de su vida al mundo laboral. Por lo general, y según lo previsto, las generaciones más jóvenes alcanzarán la edad de jubilación pasada su séptima década, pero no es necesario mirar al futuro, porque esto ya ocurre. Bajo ese pretexto cada vez son más los trabajadores mayores de 65 años que deciden contar con una prórroga de su actividad laboral reconocida hasta los 70. A pesar de ello, la función pública no se actualiza a estos tiempos y sigue señalando con el mismo dedo inquisidor que en 1978, tratando a los veteranos del trabajo como inadaptados.

Este presunto caso de edadismo laboral es lo que acaba de denunciar Pilar Silva, nacida en Ourense hace 66 años, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas junto con otros dos trabajadores públicos de su quinta —el melillense Juan José Florensa, y la ceutí África Martos— a los que el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública aparta del proceso selectivo para concursar a un puesto superior Administración General del Estado (AGE). Funcionaria desde 1991 y habitual en las oficinas públicas de San Caetano en Santiago, Silva empezó su carrera pública como auxiliar en el Ministerio de Economía hasta que consiguió una comisión de servicio autonómico, acabando destinada en la Xunta, según explicó en conversación con EL CORREO GALLEGO.

«Como suspendí la promoción interna de la Xunta, pensé en participar en el concurso que había convocado el Estado para el año siguiente como administrativa de clase C1, para tener mejores posibilidades laborales», relata. Empezó el proceso de estudio y acabó presentándose al concurso cuando tenía 63 años. La resolución no llegó hasta febrero de 2026, cuando ella ya había cumplido los 66. El resultado: denegado. El Ministerio justifica su decisión bajo la premisa de que ni Pilar Silva ni los otros dos afectados cumplen «con el requisito de participación contemplado en la base décima, punto 3, de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos». Es decir, por superar los 65 años, edad máxima de jubilación forzosa, en el momento de la resolución.

«Apartados y discriminados»

«Me quedé como si no hubiese hecho nada, después de haber estado preparándome y habiendo gastado el dinero en una academia, cuando en las bases de la convocatoria no se especificaba este requisito como tal», lamenta Silva. A su juicio, esta orden estatal que impide que un funcionario mayor de 65 años pueda ascender a otros puestos dentro de la AGE a pesar de contar con una prórroga laboral, y que se basa en otra que tiene casi medio siglo de existencia, «no se adapta nada a las circunstancias de hoy en día». Además, «está tan obsoleta que el Estado está en vías de promulgar otro decreto», añade. La ley del Estatuto Básico del Empleado Público estipula que la promoción interna no es considerada un nuevo ingreso, sino un «derecho en la carrera profesional».

«Las personas se están jubilando cada vez más tarde a causa de las condiciones de vida actuales que, además, también contribuyen a que la gente se cuide más y que hoy en día a los 65 estés en tu mejor momento», señala esta ourensana. Tanto Silva como los demás afectados dicen sentirse «apartados y discriminados» por la función pública que, al mismo tiempo, les «incentiva a preparar una promoción interna» para después cerrarles la puerta. «No tiene sentido que te permitan jubilarte a los setenta y pico como funcionaria si después te apartan por la edad», protesta.

Con todo, no se quedan de brazos cruzados, por lo que, como ya avanzaba este diario, los afectados han remitido una carta al ministro Óscar López —algo que desmienten fuentes del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública— y han denunciado al Gobierno español ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por lo que consideran un caso de edadismo, apoyados por organizaciones como HelpAge o el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). «No es justo que a una persona se la considere trabajador activo y que se le permita prorrogar su actividad hasta los 70 años, gastando sus recursos para preparar esa oposición y promocionar, y que luego, por una disfunción administrativa cuya situación no está clara en ese momento, no se le permita tomar posesión en esa categoría que promocionó por su edad», defiende Maica Bouza, secretaria de Políticas Públicas de CCOO en Galicia.

Además, Pilar Silva teme que «haya muchos más afectados en convocatorias anteriores». Mientras tanto, se mantiene en busca de un abogado en Galicia para acudir a la vía contencioso-administrativa si fuese necesario, al igual que los otros dos denunciantes.