Batalla jurídica por la concesión de la autopista
Bruselas, dispuesta a llegar hasta el final en el caso de la AP-9 y su prórroga ilegal: «Seguimos adelante»
La Comisión Europea intercambia documentación con el Gobierno central para tratar de acordar una «solución»
De no alcanzar un acuerdo, llevará el caso al Tribunal de Justicia de la UE
Manifestación celebrada en febrero contra la subida de los peajes en la AP-9. / Pablo Hernández Gamarra
X.F.
El expediente abierto en el seno de la Comisión Europea relativo a la prórroga de la concesión de la AP-9 aprobada en el año 2000 por el Gobierno del PP liderado por José María Aznar sigue su curso y el organismo comunitario mantiene su intención de llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el Gobierno de España no ofrece «una solución» que le satisfaga. En este sentido, Bruselas ha defendido con firmeza la ilegalidad de aquel acuerdo administrativo que permitió extender la vigencia de la concesión hasta 2048 cuando debía haber concluido en 2023.
«Seguimos adelante, nada ha cambiado. Estamos intercambiando documentación con el Gobierno español», aseguran fuentes comunitarias conocedoras del proceso que exige a España no solo explicaciones por la concesión de la AP-9, sino también por la AP-66 que enlaza Castilla y León con Asturias.
La Comisión Europea ha emitido ya varias resoluciones en las que concluye claramente que se cometió irregularidad con la prórroga aprobada en su momento al no abrir un concurso público, pero el Gobierno español ha elegido por el momento no cambiar nada y dilatar el procedimiento lo máximo posible, compaginándolo con un completo silencio amparándose en la «confidencialidad» de este tipo de asuntos pese a las reiteradas peticiones trasladadas desde la Xunta exigiendo explicaciones y transparencia.
El actual Ejecutivo rechaza que se haya declarado una ilegalidad al no existir una resolución judicial, por lo que no ha tomado ninguna decisión sobre los peajes y rescatar la concesión pese al clamor existente en Galicia por parte de la clase política y agentes sociales y económicos. Asimismo, aunque sacude cualquier responsabilidad sobre lo sucedido al PP, está defendiendo aquella ampliación de la concesión aludiendo a razones de interés general y para no poner en riesgo las arcas públicas. Mientras tanto, los peajes siguen subiendo cada año y Transportes se agarra a su plan de bonificaciones para usuarios recurrentes de la autopista.
La estrategia dilatoria del Gobierno central amenaza, por tanto, con dilatar hasta una década la resolución de este procedimiento, tal y como sucedió en su momento en un caso similar con una autopista en Italia, país que no tomó ninguna decisión hasta que el TJUE le obligó a través de una sentencia.
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