Ernesto Díaz, coordinador del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico: "Hay más hostilidad contra el lobo en Asturias y Cantabria que en Galicia"

Hace ya tiempo que resulta más fácil encontrar un lobo en los despachos de las diferentes administraciones de Justicia de España que en el propio monte. No es que anden los lobos por los pasillos, evidentemente, pero el gran depredador de la fauna ibérica está cada vez más presente en forma de expedientes, documentos y causas abiertas, desde el juzgado más remoto que instruye un proceso por un ataque al ganado hasta el Supremo o el mismísimo Tribunal Constitucional, que quizás sea el que acabe decidiendo el futuro de la especie a la han acabado convirtiendo en poco menos que asunto de Estado.

Aunque la gestión del lobo siempre estuvo rodeada de polémica, su carrera hacia una judicialización absoluta comenzó en septiembre de 2021, cuando el Gobierno lo incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que prohibió su caza. Una decisión que generó una enorme polarización entre defensores y detractores del animal, estos últimos representados especialmente por gobiernos autonómicos, ganaderos y algunos cazadores.

Pero todo dio un giro hace un año, cuando esa protección total a las poblaciones terminó al validar los votos de PP, Vox, Junts y PNV su salida del Lespre, gracias a una alegación introducida a la ley de desperdicio alimentario. Un maniobra jurídico-política en la que las comunidades al norte del Duero, incluyendo Galicia, vieron un filón para volver a autorizar su caza, bajo la excusa del control de daños al ganado.

"A partir de ese momento en que el lobo sale de Lespre, las comunidades van dictando resoluciones diferentes para controlar el lobo", explica Ernesto Díaz, coordinador del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico. Asturias y Cantabria, por ejemplo, aprobaron cupos de 53 y 41 lobos a abatir, mientras que en Galicia esa caza está ligada a los daños que cause. El lobo volvía así al punto de mira.

TSXG, Supremo, Constitucional...

A partir de ahí, los defensores del lobo se pusieron manos a la obra para frenar esa caza y lo hicieron valiéndose de la Justicia. Su presión y recursos sirvieron para que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) suspendiese, de forma cautelar, la resolución de la Xunta para gestionar el lobo en la temporada 2024/2025, al entender que su puesta en práctica podría afectar a la viabilidad de las poblaciones al autorizar la caza en caso de daños al ganado.

De forma paralela, el lobo entraba en los despachos del Constitucional de la mano del Defensor del Pueblo, que presentó un recurso de inconstitucionalidad en julio de 2025 contra la salida del lobo del Lespre. Y a la vez, otro tribunal, el Supremo, también anulaba los planes elaborados por Asturias y Cantabria para extraer una serie de lobos al año.

Ahora, en medio de toda esta ebullición judicial, la última noticia es que el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, junto a Ecologistas en Acción, también están dispuestos a elevar un recurso al Tribunal Constitucional con el lobo como protagonista.

Las ventajas de elevar el conflicto

"Nuestro equipo jurídico nos comentó la estrategia que se les había ocurrido y que puede ser original", explica Ernesto Díaz. "Dado que en Galicia no nos urge el fallo porque la caza del lobo está paralizada cautelarmente, le pedimos al TSXG que eleve la resolución de este asunto al Constitucional", añade el coordinador del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.

Ahora, dependerá de la Justicia gallega que decida si ella misma resuelve la cuestión o si la lleva al TC. "Si finalmente se resuelve en el TSXG todo apunta a que fallaría a favor de nuestra demanda" en coherencia con las decisiones adoptadas hasta ahora, apunta Díaz, lo que mantendría al lobo bajo protección. "Y si no resuelve el TSXG y decide que lo haga el Constitucional, pues para nosotros también es valioso porque nos permitiría entrar e intervenir en el proceso como colectivo".

Ernesto Díaz insiste en las ventajas de que la protección del lobo llegue al TC. "Si una resolución del Constitucional puede tardar dos años o más, lo lógico es que mientras no resuelva mantenga una prohibición cautelar de matar lobos en Galicia".

"Lo que nos interesa es que no maten lobos"

"A nosotros lo que nos interesa es que no se maten lobos, sea cual sea el canal para lograrlo", zanja Ernesto Díaz. Ahora mismo no se pueden cazar en ningún territorio, aunque hay gobiernos autonómicos como el asturiano que siguen buscando sin descanso la forma de controlar la especie a golpe de escopeta.

"Detectamos más hostilidad contra el lobo en Asturias y Cantabria que en Galicia", reflexiona el directivo del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico. "Conozco bien Galicia y ahí el conflicto con el lobo no tuvo el calado perverso que sí se da en Asturias o Cantabria, donde en los últimos veinte años hubo una enorme toxicidad alrededor de este debate".

Cita Díaz los episodios de "lobos ahorcados o decapitados", que fueron una veintena en Asturias en las últimas décadas. "Ni siquiera en León o Zamora ha existido esa inquina" contra el lobo. Y mucho menos en Galicia, asegura.

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