Las últimas horas de gobierno socialista en Lugo

Las peores semanas de la vida política reciente de Lugo acabarán como empezaron. Los proyectos siguen, como la próxima inauguración de la nueva estación intermodal, la presentación de un nuevo plan vial que pretende descongestionar el tráfico en la ciudad, o la colocación de la estatua póstuma de la exalcaldesa Paula Alvarellos, cuyo repentino fallecimiento en marzo de 2025, quién sabe, desencadenó este vuelco político. Todo sigue igual porque, lejos de darse ninguna sorpresa de última hora, la edil tránsfuga María Reigosa apoyará la moción de censura del Partido Popular.

Mañana, jueves 7 de mayo de 2026, se celebrará el pleno de la moción en el consistorio de Lugo a las 12.00 horas. Tal y como marca la legislación vigente, tras la lectura del texto presentado por el PP por una mesa de edad de la que se excluyen al regidor saliente (PSdeG) y a la candidata, se sucederán diversas intervenciones, de ambos y de los portavoces municipales. Contra todo pronóstico, ninguna evitará el destino del ayuntamiento de Lugo, porque después de ellas se procederá a una votación que ratificará a la popular Elena Candia como nueva alcaldesa. Con la pérdida de la alcaldía para el socialista Miguel Fernández, el bipartito progresista del PSOE y del BNG llegará a su fin, provocando un cambio de rumbo histórico en la política de Lugo, donde la derecha lleva casi tres décadas sin sostener el bastón de mando.

Manifestación ciudadana y denuncia en la Policía

Todo ello pese a los últimos acontecimientos ocurridos en el Concello en los últimos días. Desde que en el pleno del pasado jueves varios ciudadanos de Lugo se personaran en la casa consistorial protestando en contra de la moción de censura, abarrotasen el salón con una pancarta en la que se podía leer «Xudas vendeuse por 30 moedas», calificasen a Reigosa de «traidora» y «sinvergüenza», le lanzasen monedas a ella y, finalmente, el alcalde ordenase desalojar el lugar para proseguir con la sesión plenaria, las hostilidades y la tensión fueron a más. De hecho, María Reigosa acabó interponiendo este lunes una denuncia ante la Policía Nacional por los incidentes registrados.

Aquel jueves, 30 de abril, Reigosa y Candia abandonaron el ayuntamiento por la puerta de atrás escoltadas por agentes de la Policía Local, a petición del propio regidor tras haber sido increpada. Sin embargo, Miguel Fernández defendió a la ciudadanía de Lugo, «gente pacífica y respetuosa», y señaló que «tienen derecho a manifestar su rechazo» a la moción de censura.

La protesta ciudadana, con todo, acabó saliendo bastante cara. Este miércoles el PP lucense acusó a la Deputación de Lugo de financiar con un total de 800.000 euros en un período de diez años a las asociaciones vecinales que, a lo largo de estas semanas, expresaron su rechazo. El portavoz popular en esta institución, Antonio Ameijide, criticó a los vecinos de estas organizaciones de comportarse como «hooligans» del PSOE, de forma «agresiva e intolerante», una actitud que relacionó directamente con las subvenciones recibidas durante el bipartito municipal.

Los estatutos del PP sancionan el transfuguismo

Este lunes, en pleno terremoto político, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió la táctica seguida por su partido para llegar a la alcaldía de Lugo, cumpliendo «con las reglas democráticas». Aun así, no despejó ninguna duda sobre el futuro político de Reigosa, incierto de cara a 2028. Rueda no garantizó «ni que sí ni que no» sobre si acabará formando parte de las listas del PP en las elecciones de 2027.

Las hostilidades por Lugo calentaron también el ambiente en la sesión de control del Parlamento de Galicia de este martes. «Prioridad popular. Primero ustedes y luego el resto. Eso es lo que estamos viendo en Lugo», le espetó el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, al presidente de la Xunta. Besteiro acusó al líder del Gobierno gallego de «asaltar los gobiernos municipales, con actitudes que dan vergüenza incluso a su electorado» y alegó que «Galicia sabe ahora que no tenemos a un presidente, sino a alguien que castiga, manipula y compra poder». El presidente de la Xunta indicó que el cometido de Elena Candia es «arreglar Lugo» y zanjó que el PSdeG «tiene problemas en Santiago, en Lugo...Van directamente camino a la descomposición en Galicia».

Fue tras esa réplica de Rueda cuando Besteiro sacó del bolsillo lo que le parecía la artillería pesada: los estatutos del Partido Popular. Señaló que el artículo 14 contempla sanciones para aquellos que apoyen tránsfugas, basado en el llamado 'Pacto Antitransfuguismo' firmado en 1988 por las principales fuerzas políticas del Estado. Tras la actualización del texto en 2020, se redefinió el concepto de tránsfuga como «representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando el sujeto político que los y las presentó a las correspondientes elecciones, abandonasen el mismo, fuesen expulsados o se apartasen del criterio fijado por sus órganos competentes».

El PP firmó esa definición, aunque al año siguiente la retiraría. Pero en julio de 2025, la formación aprobó unos estatutos en los que se califica de infracción muy grave el «valerse de tránsfugas para cambiar mayorías de gobierno».

«Una alcaldía hecha en los tanatorios»

Para la diputada del PSdeG y ex alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, «toda la ciudad de Lugo vive con indignación» este vuelco político, «incluso los votantes del Partido Popular». En ese sentido, los socialistas de Galicia afirman que serían «los primeros» en felicitar al PP si alcanzase la alcaldía tras las elecciones, «pero no de esta forma», según expresó Méndez en declaraciones a EL CORREO GALLEGO en la víspera de la moción. «No a una alcaldía hecha en los tanatorios, tras las muertes de Paula Alvarellos, de Pablo Permuy y de Olga López».