El peregrinaje energético del Noroeste

El comisario europeo de Energía y Vivienda fue muy contundente en su reciente visita a España ante lo que se avecina en la UE por la nueva crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio. En el mejor de los casos, si hubiera un acuerdo inmediato de paz, «va a ser un verano difícil», anticipó Dan Jorgensen. Su aviso fue más allá. Habló de «meses, incluso años» complicados por lo que costará recuperar las infraestructuras de gas y petróleo dañadas por los bombardeos. «No hay seguridad real sin seguridad energética», subrayó, repitiendo el mensaje que toda la cúpula comunitaria lleva lanzando desde el arranque del conflicto.

Al igual que sucedió tras la invasión de Rusia a Ucrania con el plan REPowerEU, en este nuevo escenario bélico Bruselas acaba de presentar el AccelerateEU con medidas tanto a corto plazo como de carácter estructural para dar el enésimo empujón a la transición «hacia una energía limpia, segura y asequible» por «imperativo económico y de seguridad» y «seguir reduciendo la dependencia de los mercados volátiles de combustibles fósiles y reforzar la resiliencia de Europa frente a los riesgos futuros basados en la energía limpia autóctona y la electrificación». Los estados miembros han tenido ya un sobrecoste a causa de la guerra de más de 24.000 millones de euros en las importaciones de combustibles fósiles, que, a pesar de los sucesivos planes de descarbonización, representan todavía el 57% de toda la energía consumida. El Noroeste del país sabe muy bien lo que cuesta dar semejante salto.

«El ejemplo de transición llevada a cabo en la minería del carbón en la comarca asturleonesa es significativo», señala Henar Álvarez Cuesta, catedrática de la Universidad de León, en uno de los análisis del proyecto de investigación «Hacia una transición ecológica justa: los empleos verdes como estrategia frente a la despoblación» financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Por las características de la industria, del territorio de implantación, el tejido social forjado y su desaparición, «ha constituido el campo de pruebas para llevar a cabo la transición justa en el ámbito energético en España». «Después han llegado otras, indisolublemente entrelazadas: centrales térmicas que quemaban carbón y centrales nucleares en un tercer momento», recuerda.

Publicado en 2022, el estudio arroja una fotografía repleta de claroscuros después de la clausura de las minas de carbón en España y el progresivo apagado de las térmicas. ¿Ha traído una nueva generación de empleos verdes para cubrir el vacío? En la parte positiva están la protección social a los trabajadores más mayores por el salto a la prejubilación con altas bases de cálculo de las prestaciones, la apuesta por el diálogo social en los acuerdo marco —como los convenios de transición justa— y la elevada inversión pública en las zonas afectadas. Pero el volumen de nuevos trabajos se está quedando muy por debajo de la ocupación que tenía el sector en los años 90, sin generar «un ecosistema productivo propio capaz de volver a impulsar estos territorios» en habitantes y economía local y en paralelo está naciendo «una férrea oposición por parte de ciertos grupos de población frente a la utilización de estos territorios de forma meramente extractiva, antes de energía fósil y ahora renovable».

Ese descontento con el despliegue de las instalaciones se ve claramente en Galicia. Prácticamente todas las propuestas para nuevos parques eólicos están en el aire. Ahora mismo hay 91 proyectos que suman 2.477 megavatios (MW) involucrados en algún tipo de pleito. Sobre la inmensa mayoría, 85, pesa un auto de suspensión cautelar a la espera de la revisión a fondo del caso. La razón por la que la comunidad, pionera en la explotación del viento en España, apenas haya estirado su músculo renovable en pleno acelerón de la transición energética.

Oposición social

Las casi 200 organizaciones vinculadas al movimiento «Eólica, así no», con ramificaciones también en Asturias, acusan a las promotoras y las administraciones de impulsar un modelo «que expolia el territorio, fragmenta hábitats y propicia la pérdida de biodiversidad». Que «solo responde a los intereses de las grandes corporaciones de energía» y «no contribuye a superar el reto climático». Desde hace años tienen abiertas recolectas populares para financiar los recursos judiciales contra las autorizaciones a los parques. Lo que la patronal eólica europea califica de «guerra jurídica» por parte de «grupos de oposición organizados» que «emprendieron deliberadamente campañas de litigios prolongadas para descarrilar» proyectos que tenían el visto bueno. «Al atacar sistemáticamente aspectos procedimentales», detalla WindEurope en un monográfico que acaba de realizar sobre la supuesta desinformación alrededor del sector en el viejo continente, «buscan suspensiones cautelares» de los proyectos «durante años, independientemente de su legalidad final».

El Tribunal de Justicia de la UE avaló el pasado año el modo de tramitar los parques eólicos en Galicia y, por extensión, de cualquier instalación industrial que pasa por una evaluación ambiental en toda España y buena parte de Europa siguiendo la directiva comunitaria. De hecho, otros estados miembros de la UE se personaron en el caso. El debate inicialmente se centró en las formas. En cuándo se debían presentar los informes emitidos por todos los organismos públicos con competencias en el estudio de las afecciones durante la fase de exposición pública para garantizar una participación efectiva de los interesados en alegar. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cambió su criterio y empezó a paralizar los proyectos por el posible golpe al entorno, poniendo en duda la validez del examen elaborado por los funcionarios. El Tribunal Supremo está analizando si esto se puede hacer. Es uno de los asuntos pendientes de jurisprudencia que dan de lleno en la evolución del sector, al igual que la fragmentación de grandes parques o si hay que pagar más en las expropiaciones de terrenos.

El epicentro de la contestación social a las renovables en Asturias está en el almacenamiento con baterías. El Principado autorizó en enero los primeros diez complejos de baterías, ubicados en suelos industriales y urbanizables en los municipios de Oviedo, Gijón, Siero y Corvera. El aluvión de proyectos, especialmente los asentados en terrenos rurales o próximos a núcleos de viviendas, obligó a la administración regional a elaborar unas directrices sectoriales de ordenación para el almacenamiento de electricidad en el suelo no urbanizable.

Bum del almacenamiento

Almacenar, la gran obsesión del sistema eléctrico español para acompasar el despliegue de más renovables, sin desperdiciar sus picos de producción, con las necesidades de consumo de hogares e industrias. El inédito apagón del 28 de abril de 2025 dejó esa lección entre otras muchas. «Los sistemas de almacenamiento energético son clave para garantizar la transición a una economía neutra en emisiones y la efectiva integración de las energías renovables en el sistema, ya que permiten guardar la energía en los momentos en que hay excedente para utilizarla cuando el recurso renovable es escaso o la demanda es elevada», apuntó el Gobierno después de la aprobación de la Estrategia de Almacenamiento Energético en febrero de 2021.

Solo en baterías, el Noroeste acumula casi 6.300 MW con permiso de conexión concedido por Red Eléctrica o en trámite para conseguirlo: 2.625 MW en Castilla y León, 2.404 en Galicia y 1.229 en Asturias. En las tres autonomías se vive un auténtico bum de centrales hidroeléctricas reversibles. Acogen siete de las 69 instalaciones de almacenamiento europeas mediante presas reversibles incluidas en el Plan Decenal de Desarrollo de la Red 2026 (TYNDP) de ENTSO-E, la asociación europea de los gestores de redes de transporte de electricidad. Son las centrales de bombeo Conso II de Iberdrola en la provincia de Ourense (1.500 MW, la de mayor capacidad de toda la Península y una de las más grandes de Europa); las de Magtel en los embalses de La Barca (Tineo) y Salime (Grandas de Salime) y Lamelas Viloria en la antigua mina de Buseiro (Tineo); y las de Lamelas Viloria, que repite en León, con la central en el río Cúa, junto con el bombeo de la suiza Alpiq en Navaleo y la central de Bubión Partners en Curueño.

Músculo «verde»

Esta esquina del país fue históricamente una gran generadora eléctrica con el carbón como joya de la corona. Galicia y Castilla y León lo siguen siendo, fundamentalmente en renovables. La comunidad leonesa aportó el 18,8% de toda la electricidad verde de España en 2025, según el reciente balance de Red Eléctrica. La gallega, el 11,6%. Los dos territorios son potencias eólicas e hidráulicas. Las tecnologías sin emisiones alcanzaron el 94% de la producción en Castilla y León y el 82% en Galicia, ambas por encima del 81% marcado como objetivo para 2030 en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Las renovables en Asturias representaron el 42% del mix. Dejando fuera la inyección residual en Andalucía y Baleares, es la única zona del país donde las térmicas siguen vivas con 1.346 gigavatios hora (GWh) el pasado ejercicio. También aquí tienen los días contados. EDP España prepara el cierre del grupo 1 de carbón de Aboño, una de las principales fuentes de electricidad de la región en más de medio siglo. Los proyectos en cola para dar el revolcón verde al sistema en el Principado rozan los 778 MW en parques eólicos y hay 67 MW en fotovoltaica en busca de enchufe a la red eléctrica. Con permiso de acceso o pedido, la solar alcanza los 9.835 MW en Castilla y León y 8.100 en eólica; Galicia supera los 7.236 MW en parques de viento y 200 MW en fotovoltaica.

Capacidad de las redes

A la espera del desarrollo de la eólica marina, con propuestas presentadas en las costas gallega y asturiana –aunque todo apunta al estreno en Canarias— y la maduración del hidrógeno verde, que semejante cantidad de nueva potencia entre o no en el sistema dependerá de las necesarias tramitaciones administrativas, de la decisión final de inversión por parte de las empresas y de la capacidad del propio esqueleto eléctrico para darles cabida. En la acalorada discusión sobre la necesidad de elevar la inversión, Galicia ronda en estos momentos una saturación del 50% en sus redes, el 64% en Asturias y el 85% en Castilla y León. Tener nudos disponibles marcará el otro peregrinaje pendiente en el Noroeste hacia la reindustrialización. En la doble vertiente: más energía a precios asequibles para alimentar proyectos manufactureros y de la nueva economía y mayor acceso para enganchar a estos nuevos consumidores, muy intensivos en demanda eléctrica.

La electricidad es el principal vector de la descarbonización porque ahora mismo es la única fuente de energía que puede abrir los brazos a la expansión a gran escala de las renovables, persiguiendo los umbrales del PNIEC y esa renovada apuesta de la Comisión Europea para soltar lastre con los combustibles fósiles. Galicia y Asturias parten con ventaja por la gran contribución de las tecnologías verdes en el sistema eléctrico, pero eso no quita su enorme dependencia de las importaciones, básicamente gas, petróleo y sus derivados (gasolinas y gasóleo). En la primera suponen alrededor del 60% del consumo final de energía y el 81% en la segunda, como recogen los últimos balances de 2024 de sus respectivos gobiernos autonómicos. En Asturias, según la Fundación Asturiana de la Energía, alcanzaron el 88%.

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