De los ambulatorios a las terapias CAR-T: Galicia celebra los 35 años de la transferencia de las competencias en Sanidad
El líder del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda y el presidente del Parlamento, Miguel Santalices presentaron ayer en Santiago un libro que conmemora la efeméride

Rueda, en el centro, Santalices y Gómez Caamaño, entre otros, en la presentación del libro de Teófilo Edicións. / Cedida

Treinta y cinco años después de que Galicia asumiese las competencias sanitarias, la imagen de la sanidad pública gallega poco tiene que ver con la de comienzos de los noventa. La comunidad que recibió la transferencia del Insalud el 1 de enero de 1991 estaba todavía marcada por los viejos ambulatorios, la falta de medios técnicos y un importante retraso respecto a otras autonomías tanto en infraestructuras como en atención primaria. Hoy, en cambio, el Sergas cuenta con uno de los calendarios de vacunación infantil más avanzados del mundo, la cirugía robótica es una realidad en los hospitales gallegos y terapias innovadoras en el tratamiento oncológico, como las CAR-T, forman parte del catálogo de la sanidad pública autonómica.
Un proceso que rememoraron ayer el líder del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, y el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, durante la presentación en Santiago de un libro editado por Teófilo Edicións que conmemora una efeméride que supuso «un antes e un despois» para la comunidad.

El presidente de la Xunta interviene en el acto de presentación del libro de Teófilo Edicións sobre los 35 años de la transferencia de la sanidad a Galicia / Cedida
Un traspaso complicado
El proceso para el traspaso de estas competencias fue extenso y complicado. Comenzó en la etapa preautonómica, cuando en 1980, Galicia recibió las competencias en salud pública y planificación sanitaria. Una transferencia que tuvo incidencia ya en la etapa del Insalud. Mientras desde Madrid, el Gobierno de Felipe González se hacía cargo de la gestión del sistema, la recién creada Xunta de Albor planificaba. Una dicotomía que permitió la existencia de diversos ritmos en materia sanitaria entre Galicia y el resto del Estado.
De hecho, la comunidad tardó en sumarse a las decisiones adoptadas por el ministro de Sanidad Ernest Lluch (1982-1986) cuando impulsó un nuevo modelo de atención primaria en 1984 y promovió la Ley General de Salud en 1986. El nuevo texto normativo universalizó la asistencia sanitaria, que hasta entonces estaba asociada al empleo. Así, su financiación pasó a estar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no de las cuotas de la Seguridad Social. La ley preveía, además, la descentralización del sistema otorgándole competencias a los servicios regionales.
La reforma impulsada por Lluch buscaba precisamente acabar con el modelo ambulatorial heredado del franquismo, en el que los médicos atendían decenas de pacientes en apenas unas horas. La nueva atención primaria reorganizó el sistema alrededor de centros de salud con equipos multidisciplinares y consultas más prolongadas. Sin embargo, la implantación de ese modelo avanzó en Galicia con notable retraso respecto a otras comunidades autónomas. Las competencias para autorizar y planificar nuevos centros sanitarios dependían de la Xunta, que durante los primeros años mantuvo buena parte de la estructura tradicional, en parte por la resistencia de sectores de la medicina rural a modificar sus condiciones de trabajo. La comunidad llegó incluso a presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra el nuevo marco normativo estatal.
Las consecuencias de ese retraso eran todavía visibles cuando Galicia asumió definitivamente las competencias sanitarias en enero de 1991, ya con Manuel Fraga en la Presidencia de la Xunta y Manuel Montero al frente de Sanidade. Solo un 20% de la población gallega estaba cubierta por equipos de atención primaria, frente al 44% de media en el conjunto de España, según los datos citados entonces por el médico y exdiputado socialista Francisco Cerviño. Parte de ese avance se había producido durante el breve gobierno socialista de Fernando González Laxe entre 1987 y 1989, etapa en la que sí se permitió la apertura de nuevos centros de salud.
Transferencia sin fondos suficientes
El traspaso competencial no estuvo exento de polémica, ya que a ojos de Manuel Fraga no había venido acompañado de los fondos suficientes para que la comunidad asumiese con garantías la gestión del sistema. Esta situación le costó el cargo a Manuel Montero, que había negociado la transferencia, en favor de Romay Beccaría. Así, en sus primeros presupuestos sanitarios, la Xunta se vio obligada a aumentar un 19% los fondos destinados al sistema, el doble del incremento medio a nivel estatal.
La Xunta recibió un sistema con 19.000 profesionales que, a lo largo de todos estos años, ha logrado ampliar hasta los 46.300, y 35 años después, hasta la Inteligencia Artificial, ayuda a los facultativos en la detección temprana de patologías.
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