El amianto dejó cientos de muertos en Galicia, pero el fondo estatal aprueba indemnizaciones contadas

Engrosamiento de la pleura, hasta comprimir el pulmón y dificultar la respiración, asbestosis (fibrosis pulmonar) o cáncer. Son las consecuencias que ha provocado la inhalación durante años del amianto, que en España ha causado cerca de 7.000 muertes. Estas graves consecuencias para la salud han llevado a las víctimas a exigir una compensación al Estado, a la que se dio luz verde en julio de 2022. En Galicia, el naval, la construcción, el sector ferroviario y el personal civil de la Armada concentran el grueso de los afectados. Pero las primeras indemnizaciones aprobadas solo han alcanzado a 82 personas en toda España, una cifra que supone apenas el 1 % de los 8.422 potenciales beneficiarios estimados por el Gobierno.

En la comunidad gallega, donde, pese a su larga exposición histórica al amianto en sectores como el naval y el portuario, se aprobaron tres expedientes de los 17 solicitados, lo que supone un 18 % de las peticiones tramitadas. Según cálculos de la Asociación Galega de Víctimas do Amianto (Agavida), unos 17.000 trabajadores gallegos del naval público de Ferrol se vieron afectados por la inhalación del amianto. Sus cálculos cifran en unos 200 los fallecidos en la ría de Ferrol entre 2008 y 2018 por enfermedades derivadas de esa exposición.

Galicia es la cuarta comunidad en número de solicitudes, por detrás de la Comunidad Valenciana (100), el País Vasco (85) y Andalucía (38) —y empatada con Cataluña (17)—, pero la quinta en las aprobadas, después del País Vasco (37), la Comunidad Valenciana (19), Castilla y León (8) y Andalucía (6). De las tramitadas en Asturias, Cantabria, Cataluña y Baleares, no fue aceptada ninguna, según datos facilitados este viernes por los sindicatos.

La baja cobertura del fondo ha sido duramente criticada por los sindicatos y las asociaciones de víctimas, que consideran que el mecanismo está funcionando de manera restrictiva y muy por debajo de lo previsto.

Según los datos facilitados por estas organizaciones, el fondo ha recibido 323 solicitudes desde su puesta en marcha, pero en el conjunto nacional solo ha sido aprobada una de cada cuatro. La memoria de impacto normativo del real decreto que regula el fondo incluía como beneficiarios a las personas diagnosticadas antes de su entrada en vigor, a los fallecidos desde la aprobación de la ley que lo creó y a los nuevos casos detectados. Sin embargo, los requisitos actuales —entre ellos contar con una incapacidad permanente por contingencia profesional y padecer mesotelioma, cáncer de pulmón, cáncer de laringe o asbestosis con repercusión funcional— dejan fuera a quienes sufrieron exposición laboral sin reconocimiento profesional, a las víctimas de exposición ambiental o doméstica y a los herederos de personas fallecidas, que no podrán acceder a las ayudas hasta que los Presupuestos Generales del Estado regulen estos supuestos.

La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, recuerda que la creación del fondo se aprobó en 2022 con un plazo de tres meses para desarrollar su reglamento, pero este llegó con más de tres años de retraso y con unas condiciones que, según denuncia, no permiten reparar el daño causado por décadas de exposición al amianto. Las cuantías fijadas —32.000 euros por asbestosis, 48.310 euros por cáncer de laringe, 64.414 euros por cáncer de pulmón y 96.621 euros por mesotelioma— son consideradas insuficientes por sindicatos y víctimas, especialmente cuando las sentencias judiciales han llegado a triplicar estos importes. Una resolución reciente del Juzgado de lo Social de Bilbao condenó a la empresa Prezero Gestión de Residuos a abonar 663.933,60 euros a la familia de un trabajador fallecido por mesotelioma pleural tras retirar amianto en condiciones de exposición superiores a los límites legales.

Fecha clave: 10 de junio

A finales de abril, CCOO, UGT y Fedavica se reunieron con el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, para reclamar modificaciones urgentes del reglamento y una mejora de las cuantías. El Gobierno ha convocado un nuevo encuentro para el próximo 10 de junio, en el que las organizaciones esperan avances concretos; de lo contrario, advierten de que iniciarán movilizaciones. Entre sus demandas figura también que las indemnizaciones queden exentas de tributación, como ya ocurre en el País Vasco y Navarra, una diferencia que consideran discriminatoria para el resto del territorio.

La distribución territorial de las solicitudes refleja importantes desigualdades. Más de la mitad se concentran en la Comunidad Valenciana (100) y el País Vasco (85), mientras que este último acumula 37 de los 82 expedientes aprobados. En contraste, comunidades como Extremadura, Canarias o La Rioja no han registrado ninguna petición. Galicia, pese a su elevada exposición histórica al amianto, arroja cifras muy bajas, algo que los sindicatos atribuyen al infradiagnóstico, a la dificultad para acreditar la contingencia profesional y a la falta de información entre afectados y familias.

El balance provisional del fondo demuestra, concluyen las organizaciones, que el sistema actual no está cumpliendo su objetivo de reparar el daño causado a miles de trabajadores y familias afectadas por un material cuyo impacto sanitario sigue emergiendo décadas después.

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