Las dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca llevan a 800 gallegos a recurrir a la mediación de la Xunta para evitar el desahucio

El encarecimiento de la vivienda no da tregua a las familias. El coste medio del arrendamiento supera ya los 600 euros, un 63% más que hace una década. Y las hipotecas no se quedan atrás: la cuota mensual ronda los 685 euros. En este contexto, a muchos gallegos les cuesta hacer frente a los pagos de su casa y terminan afrontando un proceso de desahucio que amenaza con dejarlos en la calle y con pocas opciones de acceder a otro hogar. La Xunta cuenta con un programa de apoyo dirigido a estas familias con dificultades para abonar las mensualidades del arrendamiento o la cuota del préstamo hipotecario. El pasado año atendió a un total de 779 gallegos.

Nueve de cada diez casos son personas que no son capaces de afrontar el pago del alquiler (691 casos), pero también hubo 88 afectados por deudas hipotecarias. La Xunta les ofrece asistencia jurídica gratuita y actúa como mediadora ante el juzgado para analizar la posibilidad de suspender el desahucio, además les ayuda a buscar una vivienda alternativa y actúa sobre los factores que han llevado a esa persona a esa situación de vulnerabilidad. Así, por ejemplo, les prestará apoyo para que encuentren trabajo.

Este programa del Gobierno gallego, cofinanciado con fondos europeos, se desarrolla en las siete grandes ciudades donde trabajan 18 profesionales, desde trabajadores sociales, técnicos jurídicos, financieros y auxiliares administrativos), según explica la Xunta en una respuesta parlamentaria.

Acceso al programa

Para acceder al programa puede ser el propio afectado quien pida ayuda o bien sean los servicios sociales del ayuntamiento en el que reside quienes den el aviso. Pero además la Xunta ha suscrito un acuerdo con el Consejo del Poder Judicial para que en los casos en los que el juez competente considere que puede producirse una situación de desvalimiento o de riesgo de exclusión social con el desahucio, inmediatamente lo comunique a la Consellería de Política Social de la Xunta o a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente.

Tan pronto se recibe esta comunicación judicial, la oficina de la Xunta encargada del programa se pone en contacto con los servicios sociales del concello en el que reside el afectado y se solicita información sobre la situación real de la persona o unidad familiar. Se evaluará su vulnerabilidad social y económica para trasladar esa información al juzgado para que valore, de ser el caso, la suspensión del lanzamiento.

Y, en caso de que el desalojo sea inevitable, la Xunta se coordinará con los servicios sociales municipales para buscarle una alternativa habitacional a la persona desahuciada. Además, se le ofrecerá información sobre el bono de alquiler social.

Además del asesoramiento jurídico, el Gobierno gallego mediará con las entidades financieras que le reclaman al afectado la deuda hipotecaria y apoyará a las familias en riesgo de desahucio con el diseño y planificación de la economía familiar para que, cuando sea posible, consigan hacer frente a los pagos de la vivienda y evitar el desalojo.

Cifras de desahucios

En 2025 los órganos judiciales gallegos practicaron 1.046 lanzamientos, de manera que la Xunta prestó apoyo en el 75 por ciento de los casos. Los desahucios registrados el pasado año fueron, en todo caso, un 12 por ciento inferiores a los de 2024. La mayoría, un total de 876, fueron el resultado de impagos de alquileres (un 8,7 por ciento menos que el ejercicio anterior). Mientras que otros 118 se correspondieron con ejecuciones hipotecarias (lo que supuso un descenso del 34 por ciento) y los 52 restantes, derivaron de otras causas.

Tras la pandemia el Gobierno activó el llamado escudo social por el cual se aplazarían los desahucios de personas que estuvieran en situación de vulnerabilidad. El Consejo General del Poder Judicial, por primera vez, ofreció datos este año del resultado de esta medida. En el cuarto trimestre de 2025, en Galicia, los juzgados recibieron 104 peticiones de suspensión de lanzamientos por especial vulnerabilidad y se resolvieron 94. Sin embargo, solo se suspendieron finalmente 14 de estos desalojos, menos del 15 por ciento de los expedientes.

Por otro lado, en aquellos casos que llegan a los tribunales para desalojar a personas que no tienen título habilitante para residir en la vivienda, es decir, posibles okupaciones, se registraron 19 solicitudes de suspensión y se resolvieron 15.

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