Corgos acusa al Gobierno de “retener” 388 millones que corresponden a Galicia por el retraso de las entregas a cuenta

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cifró este martes en 388 millones de euros el perjuicio causado a Galicia por el retraso de las entregas a cuenta durante los cuatro primeros meses de 2026. Según sus cálculos, esta demora obligará a la comunidad gallega a abonar este año ocho millones de euros en intereses, una cantidad que eleva a 23 millones el coste acumulado por este concepto en los últimos tres ejercicios.

Durante su comparecencia en el Parlamento de Galicia, Corgos denunció las “consecuencias negativas” que, a su juicio, provoca en la comunidad la “reiterada ausencia” de Presupuestos Generales del Estado (PGE). El conselleiro recordó que estos fondos “no son dinero que el Estado dé graciosamente”, sino recursos que corresponden a Galicia y que, según afirmó, permanecen “retenidos muchos meses sin ninguna justificación”.

Por este motivo, reclamó a “todos los grupos que se sumen” a la petición al Gobierno central para que “deje de usar políticamente la financiación de comunidades autónomas”, una actitud que calificó como una “especie de chantaje”. Además, defendió la “necesidad” de que el Ejecutivo estatal transfiera “de forma urgente” las entregas a cuenta de este año, con el fin de evitar que Galicia tenga que recurrir al endeudamiento para disponer de una financiación a la que, subrayó, “tiene derecho”.

Exige la retirada de la nueva financiación autonómica

Por otra parte, el conselleiro de Facenda volvió a exigir al Gobierno la retirada de la nueva propuesta de financiación autonómica y reclamó que se siente “con todas las comunidades para consensuar un modelo equitativo”. En este sentido, criticó de nuevo este “funesto y poco equitativo” modelo, que considera perjudicial para Galicia y elaborado “solo para contentar a los socios catalanes de Pedro Sánchez”.

Corgos advirtió de que Galicia “tendría que recibir el doble de los 587 millones que se anuncian como adicionales” y reiteró su rechazo al principio de ordinalidad, al entender que beneficia con más gasto a las comunidades con mayores capacidades tributarias. Según sostuvo, este planteamiento “corre el riesgo de erosionar los fundamentos del Estado de las autonomías, debilitando la cohesión territorial y generando una desigualdad creciente entre los ciudadanos”.

El titular de Facenda volvió a reclamar una mejor ponderación de factores como la dispersión y el envejecimiento, y advirtió de que no se puede hacer “tabla rasa” con la condonación de la deuda pública, “situando al mismo nivel” a autonomías “rigurosas como Galicia” y a otras “más laxas”. “Si todas presentasen una gestión como Galicia, ninguna precisaría de una condonación de deuda”, añadió.

La comparecencia sirvió también para dar cuenta del cumplimiento por parte de Galicia de los objetivos de estabilidad en 2025, unos datos de los que Corgos ya había informado tras el Consello de la Xunta de finales de abril. El conselleiro destacó una ejecución del 97,4% del presupuesto de 2025 e incidió en el “buen desempeño fiscal” de la Xunta y en su “solvencia”, algo que definió como “una Galicia Calidade también en las finanzas”.

En relación con la evolución de 2026, Corgos se refirió al crecimiento del empleo y del Producto Interior Bruto (PIB), aunque pidió ser “prudentes” ante las incertidumbres geopolíticas, entre ellas la guerra en Irán.

"Regalos fiscales"

Durante el debate, la diputada del BNG Noa Presas reprochó al Gobierno del PP que “no necesita abuela” y lo comparó con la reina malvada de Blancanieves, que se mira en el espejo para oír que es la “más guapa”. La parlamentaria nacionalista lamentó el “conformismo” de los populares y acusó a la Xunta de vivir en un “mundo paralelo”.

Presas expuso varias “debilidades” de la política económica del Ejecutivo autonómico, entre ellas una “fiscalidad regresiva”, una “mala planificación presupuestaria”, la incapacidad para captar recursos y el incremento de la deuda durante los gobiernos del PP en la Xunta. También recriminó al Gobierno gallego que rechace una quita de 4.000 millones de euros, al considerar que “siempre dicen no en lo que beneficia a Galicia y sí en lo que beneficia al PP”.

Además, la diputada del BNG denunció el incremento del gasto en armamento a costa del gasto social. A su juicio, se observa el “mismo modus operandi” que durante la crisis financiera, por lo que el gasto en armas “va a salir de presupuestos públicos” y acabará por “restringir aún más el gasto de comunidades”.

Por su parte, la diputada socialista Patricia Iglesias cargó contra el “fracaso y peligro” del modelo fiscal de la Xunta. Denunció que los “regalos fiscales” han provocado que Galicia cuente este año con 793 millones menos en las arcas públicas, una política que, según censuró, “beneficia fundamentalmente a grandes patrimonios y rentas medias y altas”.

Iglesias reclamó también a la Xunta que acepte la quita de deuda de 4.000 millones de euros. “¿Qué van a hacer cuando llame el Gobierno de España?”, preguntó. Asimismo, advirtió de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) “lleva tiempo” alertando de un incumplimiento de la regla de gasto por parte del Gobierno gallego.

En cambio, Alberto Pazos Couñago (PPdeG) defendió el trabajo “serio” de política financiera desarrollado en Galicia, con 17 presupuestos consecutivos aprobados “en tiempo y forma”, lo que contrapuso a la “desidia” y “negligencia” del Estado ante la falta de nuevos PGE.