El Gobierno entregará este año a Galicia 11.614 millones de euros del sistema de financiación autonómica

Galicia recibirá este año 11.614 millones de euros de financiación autonómica, un 7,2 por ciento más que el año pasado. Un total de 10.909 millones son las entregas a cuenta para 2026 que fueron aprobadas este martes por el Consejo de Ministros —y que se calculan en base a las previsiones de ingresos tributarios— y el resto se corresponde con la liquidación correspondiente al año 2024.

Las comunidades autónomas recibirán en total este año 157.731 millones de euros de entregas a cuenta y además el Gobierno autoriza a las entidades locales que tengan superávit presupuestario en 2025 a gastarlo en inversiones financieramente sostenibles.

La Delegación del Gobierno apunta que las entregas a cuenta a Galicia crecerán hasta los 10.909 millones, un 6,6 por ciento más que en 2025, lo que las convertiría en las «mayores de su historia».

Entidades locales

En cuanto a las entidades locales los ayuntamientos y diputaciones gallegos recibirán 1.814 millones de euros de entregas a cuenta, un 8,6 por ciento más que el pasado ejercicio.

Sobre el superávit, los ayuntamientos podrán destinar parte de sus recursos del año 2025 a determinadas inversiones sin que compute a efectos de regla de gasto. Esto, según el ministro de Hacienda, Arcadi España, puede ir a inversiones en el alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil, infraestructuras, entre otras.

Al respecto, explicó que esta medida puede afectar a más de 2.540 entidades locales con un volumen de recursos de 3.000 millones de euros.

Del mismo modo, se habilitó un régimen excepcional para que los municipios con superávit en 2026, 2027, 2028 y 2029 puedan usar este remanente a políticas de vivienda.

Congreso

El titular de Hacienda pidió el apoyo del PP en el Congreso para convalidar este decreto teniendo en cuenta que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas.

Y es que el Gobierno ya llevó estas entregas a cuenta al Congreso en una norma con otros asuntos conocido como decreto del escudo social, que finalmente fue rechazado por la mayoría de la Cámara Baja.

El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.

Según explicó el ministro, a la cifra de las entregas a cuenta se le suma también la previsión de liquidación de 2024, por lo que la financiación total que recibirían las comunidades autónomas en 2016 alcanzaría los 170.300 millones, lo que supone un 7,7% más que el ejercicio anterior.

Arcadi España también recordó que estas entregas a cuenta también se intentaron aprobar en el Congreso en diciembre del año pasado y finalmente se tumbaron, por lo que espera que la Cámara Baja finalmente acabe dando apoyo a esta medida.

Al respecto, reclamó una «reflexión» al PP para convalidar este decreto, que, además de las entregas a cuenta, incluye otras medidas como las del superávit, que es una de las reivindicaciones que se han hecho desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

«Que no distingan entre lo que son intereses cuando están en una comunidad autónoma y sus intereses cuando votan en el Congreso de los Diputados», interpeló el ministro al PP.

«¿A qué dedica el PP estos recursos?»

Arcadi España reivindicó el incremento de recursos para las comunidades autónomas, aunque preguntó a las regiones en qué están «destinando» este volumen extra de dinero inyectado por el Estado.

«¿A luchar contra las listas de espera? ¿A mejorar las condiciones de los profesores y profesoras, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana? ¿O están bajando los impuestos a las rentas más altas o privatizando?», lanzó el ministro de Hacienda.

Por ello, cree que es un «buen momento» para reflexionar sobre la gestión de los recursos por parte de las comunidades autónomas, que «ostentan» las grandes competencias del Estado del Bienestar.

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