La vivienda enfrenta a PP, PSdeG y Sumar en una jornada marcada por las protestas

Mientras las calles de Santiago, A Coruña y Ourense volvían a llenarse de voces contra la crisis de la vivienda —un malestar que ya deambula por Galicia como un ente constante—, los partidos gallegos libraban su propia batalla discursiva sobre una de las mayores preocupaciones sociales del momento. A un lado, el PPdeG defendía la gestión de la Xunta; al otro, el PSdeG reclamaba un cambio de rumbo. Entre ambos, Sumar elevaba la presión para intervenir el mercado del alquiler.

Desde Celanova (Ourense), ante cerca de 200 asistentes, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, reivindicó las políticas de vivienda impulsadas por el Ejecutivo gallego, que calificó de «efectivas, pragmáticas y reales», frente a un plan estatal que consideró «insuficiente y sin consenso». La dirigente popular cargó además contra una Ley de Vivienda impulsda por el Gobierno de Pedro Sánchez que tildó de «desastrosa» y que, a su juicio, «piensa más en los okupas que en los propietarios». En ese marco, Prado recordó uno de los principales compromisos anunciados por Alfonso Rueda: duplicar el parque público de vivienda en Galicia antes de 2028, pasando de las 4.000 viviendas actuales a 8.000.

A más de dos horas de distancia, en Baiona (Pontevedra), el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participaba en un encuentro junto al alcalde de la localidad, Carlos Gómez. Allí defendió la necesidad de alcanzar un «amplio consenso político y social» para convertir la vivienda en el «quinto pilar» del Estado de bienestar. Para el líder socialista, el acceso a una vivienda se ha convertido en «la principal barrera» para desarrollar un proyecto de vida, motivo por el que situó esta cuestión entre las prioridades de su formación. «Nadie debería verse obligado a renunciar a su futuro por no poder acceder a una vivienda», resumió.

Besteiro recordó que más de 33.000 personas demandan actualmente una vivienda pública en Galicia, el doble que al inicio de la legislatura, y advirtió de que la situación continúa deteriorándose. Sus palabras chocaron frontalmente con el diagnóstico realizado por el PPdeG. «En 17 años no se ejecutó vivienda pública y solo comenzó a moverse con el impulso de los socialistas, los fondos europeos y la Ley de Vivienda», sostuvo.

Para el dirigente socialista, Galicia vive además una «contradicción insostenible», con más de «medio millón de viviendas permanecen vacías» mientras miles de personas buscan una alternativa habitacional. Entre las medidas que propone el PSdeG figuran blindar el carácter permanente de la vivienda protegida, crear un banco público de alquiler para movilizar inmuebles desocupados, regular los alquileres de temporada para evitar abusos y retirar del mercado las viviendas turísticas ilegales. También reclama regular por ley el arrendamiento por habitaciones y que la Xunta tramite directamente la declaración de zonas tensionadas.

Precisamente esta última reivindicación concentró buena parte del discurso de Movemento Sumar Galicia durante la jornada. La formación anunció que impulsará, junto a colectivos sociales, sindicales y políticos, una iniciativa legislativa popular (ILP) para declarar Galicia como zona de mercado residencial tensionado y limitar los precios del alquiler, entre otras medidas. El secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, que sí participó en la manifestación celebrada en Santiago por el derecho a la vivienda, señaló esta problemática como uno de los principales motores de desigualdad social en la actualidad. La formación prevé presentar formalmente la iniciativa a finales de junio, una vez cerrada la ronda de contactos mantenida durante los últimos meses con organizaciones sociales. El objetivo es iniciar la recogida de firmas el próximo otoño.

La propuesta contempla, además de la declaración de todo el territorio gallego como zona tensionada, vincular los precios del alquiler al salario mínimo interprofesional (SMI), movilizar vivienda vacía hacia el mercado residencial y regular los precios de las residencias privadas para estudiantes. «La vivienda se ha convertido en una auténtica aspiradora de dinero de la clase trabajadora», denunció López, que situó en la Xunta y en el PP la principal responsabilidad de la situación actual. «Alfonso Rueda llega tarde a todo: a la aplicación de la Ley de Vivienda, a la promoción de vivienda pública protegida y a la defensa de los derechos de las personas», censuró.