Ofensiva política, empresarial y social del Noroeste para poner fin a más de 40 años de peajes en la AP-9 y la AP-66

Algo se mueve desde hace tiempo en el Noroeste de España, donde las principales instituciones y organismos a nivel político, económico e incluso social empiezan a alinear cada vez más sus demandas para defender una esquina del país que permaneció demasiado tiempo descolgada. Un plan de acción coordinado más allá de colores políticos y siglas que empezó a articularse, sobre todo, para corregir los desequilibrios territoriales en materia de infraestructuras. La demanda de la alta velocidad ferroviaria (AVE) y la inclusión en el trazado del Corredor Atlántico fueron el germen de esta estrategia común del Noroeste que ahora avanza en otro frente: la liberalización de los últimos peajes de sus autopistas.

Representantes de los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León se reunirán este jueves en Santiago de Compostela con el objetivo de abordar de forma coordinada acciones que permitan acabar con los pagos en AP-9 y la AP-66, dos peajes que penalizan el desarrollo y la conectividad de sus territorios desde hace más de cuatro décadas. Antes, en un mapa viario con una extensa red de pago, nadie hablaba de discriminación, pero a medida que se fueron suprimiendo peajes en España, las prórrogas de la AP-9 y la AP-66 pasan a convertirse en agravio.

Y sobre esas prórrogas es sobre las que pretenden actuar ahora las tres comunidades. El Principado de Asturias es el encargado de abrir el camino al anunciar la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión de alargar el peaje, que la Comisión Europea considera irregular. Asturias marca así la pauta que podría replicar la Xunta, ya que el modelo para prorrogar la concesión de la AP-9 fue el mismo.

De ahí la importancia de la cita del jueves en Santiago para avanzar en este frente común contra los peajes, un plan que ya empezó a alumbrarse el mes pasado dudrante la celebración del Foro del Noroeste organizado por Prensa Ibérica en Oviedo. En él, los tres presidentes autonómicos reafirmaron su alianza contra la "ilegal" prórroga de las concesiones de las AP-9 y la AP-66 y contra los "injustos" peajes, además de anunciar su intención de recurrirla en los tribunales.

Encuentro de trabajo en Santiago

"Mantendremos un nuevo encuentro de trabajo para seguir avanzando en una posición compartida ante las instituciones europeas y estatales, tanto en el ámbito público como en el ámbito administrativo", ha indicado el consejero de Movilidad del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo.

El dirigente asturiano ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado la presentación de ese recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) para poner fin al peaje del Huerna, en la AP-66 que une Asturias con León, y acabar así con un "agravio histórico" que lastra las comunicaciones entre la comunidad y la meseta tanto para la ciudadanía como para las empresas.

El Ejecutivo da así luz verde al inicio de las acciones legales contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 14 de abril, que inadmitió la solicitud del Principado para proceder a la revisión de oficio de la prórroga del peaje de la autopista del Huerna (A-66) hasta 2050.

La iniciativa del Principado, ha dicho Calvo, responde a la defensa rigurosa de la legalidad ante una decisión, la de la prolongación del canon, que presenta "indicios fundados de nulidad radical". El mismo argumento que se usa en el caso de la AP-9.

En la mesa de trabajo del jueves en Santiago participarán Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG); María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); Juan María Vallejo, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y vicepresidente CEOE Castilla y León; María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia; Alejandro Calvo, consejero de Movilidad de Asturias; Natalia Flórez, secretaria general de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, y Diego Maraña, presidente de En Colectivo y que representa la pata social de este frente común del Noroeste.

Suscríbete para seguir leyendo