El noroeste presiona a Bruselas para que acelere el proceso sobre la AP-9 y la AP-66 a fin de evitar años de demora en el TJUE

Santiago acogió este jueves el encuentro “Las infraestructuras viarias del Noroeste”, celebrado en el Hostal dos Reis Católicos, con la participación de representantes empresariales y de los gobiernos de Galicia, Castilla y León y el Principado de Asturias. La cita sirvió para escenificar una posición común en torno a la AP-9 y la AP-66, dos autopistas consideradas estratégicas para la movilidad, la competitividad y la cohesión territorial del noroeste peninsular.

El acto, organizado por la patronal CEG y en el que intervino la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, culminó con una rueda de prensa y con la firma de una declaración conjunta entre gobiernos autonómicos y organizaciones empresariales. El objetivo principal es reclamar a la Comisión Europea que acelere el procedimiento abierto contra España por las prórrogas de las concesiones y evitar que el asunto acabe demorándose durante años en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, defendió que el noroeste ha dado “un paso importantísimo” en la defensa común de sus infraestructuras. Subrayó que la AP-9 y la AP-66 son dos vías que vertebran el territorio y reclamó avanzar hacia la eliminación de las barreras económicas que, a su juicio, perjudican a Galicia, Asturias y Castilla y León frente a otros territorios.

Vieites puso el foco en la situación gallega y recordó que la AP-9 es una infraestructura esencial, sin alternativas adecuadas, que vertebra Galicia de norte a sur. Señaló que los empresarios gallegos llevan más de 50 años pagando este peaje y defendió que el objetivo debe ser conseguir una AP-9 gratuita, justa y sostenible, igual que la AP-66, para eliminar desigualdades históricas y mejorar la competitividad.

El representante de En Colectivo y CEO de Mundinovao, Diego Maraña, explicó el origen del procedimiento europeo. Recordó que la denuncia se presentó en 2019 tras analizar las ampliaciones de la concesión de la AP-9 y que la Comisión Europea la admitió a trámite en 2021. Posteriormente, el expediente se amplió a la AP-66, al considerar que se encontraba en una situación similar.

Maraña sostuvo que el dictamen motivado de Bruselas obliga al Estado español a cumplir la legalidad y a iniciar el procedimiento de anulación de las ampliaciones de las concesiones. Criticó que, casi un año después, el Gobierno no haya ejecutado el dictamen ni haya adoptado una decisión clara. Según advirtió, si el asunto termina en el TJUE, el proceso podría alargarse ocho o nueve años, durante los cuales los usuarios seguirían pagando peajes que considera injustos e ilegales.

Una alianza para sumar presión política y social

La conselleira María Martínez Allegue defendió que la AP-9 “nace y muere en Galicia” y presta servicio a más del 60 % de la población gallega. Recordó que conecta Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, y que en algunos tramos soporta más de 60.000 vehículos al día. Por ello, reclamó una autopista “gestionada por y para los gallegos”.

Allegue insistió en que Galicia quiere el rescate de la AP-9 y la transferencia de su titularidad a la Xunta, pero con financiación suficiente y sin cargas para la comunidad. También reclamó transparencia al Gobierno central sobre el contenido del dictamen motivado de la Comisión Europea y sobre la respuesta remitida por España a Bruselas. La conselleira recordó que la Xunta ha acudido a la vía judicial ante la Audiencia Nacional tras no obtener acceso a esa documentación.

Desde Asturias, el consejero de Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, destacó que el dictamen europeo cambia el escenario, porque lo que hasta ahora se consideraba una situación injusta pasa a ser también una cuestión de legalidad. Señaló que Asturias ha impulsado una alianza social y política en defensa de sus infraestructuras y avanzó que el Gobierno asturiano recurrirá al Tribunal Supremo para que la justicia española entre en el fondo del asunto.

Calvo defendió que la presión europea es clave para que el Gobierno de España “tenga que avenirse” al dictamen y eliminar los peajes de forma definitiva. Por ello, consideró necesario que los tres gobiernos autonómicos se reúnan al más alto nivel con la Comisión Europea para trasladar directamente la situación del noroeste.

La representante de la Junta de Castilla y León, Natalia Flores, secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, reafirmó la posición común con Galicia y Asturias. Defendió que las prórrogas concesionales de la AP-9 y la AP-66 perjudican la movilidad, la cohesión territorial y la competitividad del noroeste. También reclamó que la Comisión Europea lleve el procedimiento “hasta sus últimas consecuencias” y pidió transparencia al Gobierno de España.

Flores explicó que Castilla y León seguirá defendiendo una movilidad más justa, sin agravios territoriales y con soluciones reales para ciudadanos y empresas. Añadió que, mientras el Gobierno central no actúa, la Junta trabaja en soluciones propias, como las bonificaciones en autopistas a su paso por la comunidad.

El presidente de la Federación Leonesa de Empresarios y vicepresidente de CEOE Castilla y León, Juan María Vallejo, recalcó la unidad de acción de los empresarios del noroeste. Señaló que Galicia, Asturias y Castilla y León soportan siete de las doce autopistas de peaje activas en España, una situación que, según dijo, no favorece la competitividad, sino que introduce una distorsión territorial.

También intervino la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo Carbajal, quien advirtió de que los peajes suponen una barrera estructural para las empresas asturianas. Puso como ejemplo el coste que puede asumir un camión por cruzar el Huerna y defendió que el noroeste no pide un trato excepcional, sino no ser penalizado por su ubicación.

Una reclamación que va más allá de los peajes

Los participantes coincidieron en que la supresión de los peajes no es solo una reclamación económica, sino una cuestión de legalidad, competitividad, movilidad, cohesión territorial e igualdad de oportunidades. La declaración firmada en Santiago busca reforzar la presión sobre Bruselas para que el expediente avance cuanto antes y no quede bloqueado durante años en una vía judicial europea.