La Xunta planta batalla al Gobierno por las zonas prioritarias para eólica y solar: «No nos dejan margen de maniobra»

La Xunta recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto que regula las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) al entender que el Gobierno invade competencias autonómicas e imposibilita que Galicia desarrolle estas áreas geográficas priorizadas por la Administración para instalar plantas eólicas y solares de forma rápida.

Así lo aprobó en la mañana de ayer el Gobierno gallego, con el aval del Consello Consultivo y del departamento jurídico de la Xunta. Tal y como explicó el mandatario autonómico, Alfonso Rueda, el Estatuto de Autonomía reconoce a Galicia las competencias en ordenación del territorio y energía, de modo que aunque el Gobierno central pueda aprobar legislación básica al respecto, es competencia del Ejecutivo gallego desarrollarla y adaptarla a sus necesidades y prioridades. En opinión de Rueda, este nuevo Real Decreto impide llevar a cabo este trabajo. «No nos dejan margen de maniobra para determinar donde están estas zonas», incidió.

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, profundizó en los motivos que llevan a la Xunta a elevar recurso contra esta norma. Según Vázquez, el nuevo Real Decreto convierte la cartografía, que estaba en vigor desde 2021 y era orientativa, en «obligatoria». Lo que aterrizado sobre el mapa hace que Galicia «únicamente pueda instalar Zonas de Aceleración de Renovables en el 0,16% de su territorio». Además, explicó la titular de Medio Ambiente, con esta cartografía la instalación tendría que darse de una «forma dispersa», lo que va contra las propias normativas europeas.

La Xunta sostiene además que el Ejecutivo central ha regulado esta materia con un grado de detalle que vacía de contenido las competencias autonómicas en ordenación territorial, medio ambiente y energía. Según defendió Rueda, la normativa estatal fija tal cantidad de condiciones, limitaciones y procedimientos que reduce al mínimo la capacidad de decisión de las comunidades sobre la planificación de estas áreas.

El recurso cuestiona, también, la fórmula legislativa elegida por el Gobierno. El Ejecutivo gallego considera que el Estado ha recurrido de forma indebida al Real Decreto ley para aprobar una regulación de carácter estructural y permanente. A juicio de la Xunta, las medidas relativas a las ZAR no responden a una situación de extraordinaria y urgente necesidad, requisito exigido por la Constitución para utilizar este instrumento normativo, sino que establecen un nuevo modelo regulador que debería haberse tramitado como proyecto de ley y someterse a debate parlamentario.

El Gobierno gallego defiende que la normativa europea obliga a identificar estas zonas teniendo en cuenta criterios ambientales, territoriales y patrimoniales, pero dejando margen a las autoridades competentes para adaptar esa planificación a las características de cada territorio. Por ello, considera necesario acudir al Tribunal Constitucional para preservar su capacidad de decidir cómo se desarrolla el despliegue de las energías renovables en Galicia, compatibilizando la transición energética con la protección del patrimonio natural, la ordenación del paisaje, la actividad económica y los intereses de los vecinos afectados.