La campaña antiincendios en Galicia arranca con nuevos requisitos y enfada al sector forestal: «Somos los primeros interesados en que no haya fuego, el monte es nuestro medio de vida»
La Xunta obliga a reforzar la vigilancia y los medios de extinción en los trabajos de la industria maderera cuando el riesgo de incendio sea muy alto o extremo como medida preventiva, mientras las empresas denuncian que la orden se aprobó sin margen para adaptarse

Los servicios de emergencias extinguiendo el fuego de Carballeda de Avia (Ourense) en agosto de 2025. / Adrián Irago / Europa Press
La campaña de alto riesgo de incendios arranca hoy, 1 de julio, con una novedad inédita en Galicia que ya ha abierto un frente entre la Xunta y los sectores forestal y agrario. Las actividades forestales y agrícolas deberán contar, en determinadas circunstancias, con un vigilante exclusivo, un vehículo equipado con un depósito de al menos 400 litros de agua y diverso material de extinción, según la orden publicada este lunes por la Consellería do Medio Rural. El objetivo de la nueva regulación es reforzar la prevención durante el período de mayor riesgo de incendios, que se prolongará hasta el 30 de septiembre, mediante un mayor control del uso de la maquinaria y la obligación de disponer de medios para actuar con rapidez ante cualquier conato.
La campaña endurece las condiciones de trabajo cuando el Índice de Riesgo Diario de Incendios (IRDI) alcance niveles muy altos o extremos. En esas jornadas, la actividad quedará limitada en las franjas horarias de mayor peligro, coincidiendo con las horas en las que, estadísticamente, se originan más fuegos, entre las 12.00 y las 18.00. La medida, sin embargo, ha sido recibida con críticas tanto por la Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga) como por organizaciones agrarias como el Sindicato Labrego Galego, tal y como adelantó este martes EL CORREO GALLEGO.
A pocas horas de la entrada en vigor de la orden, el sector insiste en que su desacuerdo no radica en el objetivo de reforzar la prevención, sino en la forma en la que se ha implantado la normativa. «Somos los primeros interesados en que no haya fuego, porque el monte es nuestro lugar de trabajo y nuestro medio de vida», afirma María Piñeiro, responsable de sección en Rogelio Piñeiro Vázquez e hijos, S.L., empresa de Tomiño dedicada a los remates forestales, la extracción y la transformación de la madera, el paso previo a su llegada a aserraderos o plantas de pasta de papel.
Piñeiro, que coordina sobre el terreno la actividad forestal de la compañía, considera que la Xunta «exige una serie de medios materiales y personales con muy poca antelación». Además del vigilante y del vehículo con depósito de agua, la orden obliga a disponer de «un extintor de espuma de base acuosa de al menos seis kilos, dos batefuegos y una mochila extintora con capacidad mínima de 15 litros».
Desde la industria forestal lamentan que la orden se haya aprobado sin un proceso previo de diálogo con las asociaciones del sector. «Habría sido imprescindible consensuar unas medidas que fueran eficaces, pero también realistas», sostienen. Denuncian que tanto las empresas forestales como el sector agrario conocieron el contenido de la regulación apenas unas horas antes de su entrada en vigor, «sin tiempo para analizarla ni adaptarse». Entre las principales dificultades señalan la obligación de incorporar un vigilante dedicado exclusivamente a detectar posibles conatos y de disponer de un vehículo con un gran depósito de agua. «Para muchas empresas, asumir ese coste de un día para otro es inasumible», advierte Piñeiro. Con todo, la Consellería do Medio Rural ha convocado una reunión este miércoles con Fearmaga para aclarar el alcance de la nueva orden y resolver las dudas planteadas por el sector.
El sector pide prevención durante todo el año
La Xunta defiende que la nueva regulación pretende reducir el riesgo de que la maquinaria agrícola y forestal pueda originar incendios cuando el IRDI sea muy alto o extremo. En esos casos, el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) 2026 permite mantener las actividades preventivas, silvícolas y agrícolas, aunque con restricciones entre las 12.00 y las 18.00 horas cuando el peligro sea máximo.
La limitación tampoco convence a las empresas forestales. Recuerdan que muchas compañías ya modifican voluntariamente sus horarios durante el verano para evitar las horas de mayor calor y que, además, la normativa de prevención de riesgos laborales ya obliga a extremar las precauciones durante los episodios de temperaturas extremas.
Frente a estas críticas, fuentes de la Consellería sostienen que Galicia es una de las comunidades autónomas «más flexibles» en la regulación del uso de maquinaria durante la campaña de incendios. En declaraciones a este diario, Medio Rural explica que la actividad no queda prohibida, como sucede en otras autonomías, sino que puede desarrollarse con una serie de medidas preventivas adicionales.
«El objetivo no es otro que aportar una mayor seguridad cuando esos trabajos tengan que realizarse en condiciones de riesgo elevado», subrayan desde la Xunta. Las empresas forestales, no obstante, consideran «contradictorio» que se limite su actividad bajo el argumento de que puede provocar incendios, cuando precisamente su trabajo contribuye a reducir la carga de combustible en los montes mediante la retirada de biomasa.
En ese sentido, María Piñeiro apunta a la responsabilidad de la Administración pública de mantener las actuaciones de limpieza y gestión forestal durante los meses previos al verano «y no desde julio, durante la campaña de alto riesgo». Afirma que en su empresa se termina la jornada laboral alrededor de las 14.00 horas durante la temporada estival y «en horas de temperaturas extremas ya existen limitaciones derivadas de la propia prevención de riesgos laborales». Pese al malestar del sector, Medio Rural insiste en trasladar un mensaje de tranquilidad y recalca que la nueva orden no supone un cambio de modelo, sino un refuerzo de las medidas preventivas ya existentes para minimizar el riesgo de incendios durante los meses más críticos del año.
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