La Eurocámara avala que Portugal pague el paro a los trabajadores transfronterizos gallegos que coticen allí

La reforma de las normas de coordinación de la Seguridad Social aprobada este martes por el Parlamento Europeo supondrá un cambio relevante para los más de 15.000 trabajadores transfronterizos que cada día cruzan la frontera entre Galicia y el norte de Portugal. Si la nueva normativa entra finalmente en vigor tras recibir el visto bueno definitivo de los Estados miembros, el país en el que hayan cotizado será el responsable de abonar la prestación por desempleo. El pleno de la Eurocámara dio luz verde a la reforma con 511 votos a favor, 87 en contra y 61 abstenciones, culminando un largo proceso de negociación entre las instituciones europeas, aunque el texto todavía debe ser adoptado formalmente por el Consejo de la Unión Europea.

En el caso de Galicia, donde la movilidad laboral con Portugal se ha intensificado en los últimos años, la modificación tendrá un impacto directo. Según los últimos datos de la Xunta, correspondientes a 2024, más de 15.000 personas cruzan diariamente la raia para trabajar en el país vecino y regresan a Galicia tras su jornada laboral.

La principal novedad establece que será el Estado donde el trabajador haya cotizado al menos 22 semanas el encargado de asumir el pago de la prestación por desempleo. Hasta ahora, en muchos casos esa responsabilidad recaía sobre el país de residencia, lo que generaba una distribución distinta de las cargas entre administraciones.

La reforma también aclara cómo deberán computarse los periodos cotizados en distintos países de la Unión Europea para acceder al paro y amplía de tres a seis meses el tiempo durante el que un desempleado podrá seguir cobrando la prestación de su país de origen mientras busca trabajo en otro Estado miembro. Ese plazo podrá incluso extenderse hasta agotar el derecho reconocido si así lo permiten las circunstancias previstas por la normativa.

Otro de los objetivos de la reforma es combatir el fraude asociado a las denominadas 'empresas buzón', sociedades registradas en un Estado miembro donde apenas desarrollan actividad para beneficiarse de menores costes laborales o administrativos. Para ello, la normativa refuerza la cooperación entre las administraciones nacionales y modifica los criterios para determinar dónde opera realmente una empresa, teniendo en cuenta no solo su domicilio social, sino también dónde adopta sus principales decisiones, genera negocio o celebra sus órganos de gobierno.

El texto incorpora además una definición común de los cuidados de larga duración, aclara el tratamiento de determinadas prestaciones familiares y recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para garantizar que los ciudadanos comunitarios que no trabajen ni busquen empleo no puedan ser excluidos de la cobertura sanitaria cuando cumplan los requisitos para contribuir al sistema.