La ley de nietos dispara la diáspora con derecho a voto y reabre el debate político: «Colocaban urnas en los centros y sabían si habías votado y a quién»

Galicia nunca ha dejado de marcharse. Cambian los destinos, cambian las generaciones y cambian las leyes, pero parte de su historia continúa escribiéndose lejos de casa, con 563.303 gallegos que viven oficialmente en el extranjero. Son más que hace un año y serán, casi con toda seguridad, más dentro de unos meses.

El debate político sobre la conocida como ley de nietos ha vuelto a situar el foco sobre una realidad que en Galicia tiene un peso singular: la dimensión de la emigración. Mientras la norma impulsada por la Ley de Memoria Democrática vuelve a convertirse en terreno de confrontación política por quién puede votar y quién no, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recuerdan que la diáspora gallega no deja de crecer.

Más de 500.000 votantes en el extranjero para las próximas elecciones

En marzo de 2026, el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) contabilizó 15.051 personas más que un año antes vinculadas a Galicia, un incremento del 2,74 %. Esa cifra previsiblemente seguirá aumentando en los próximos ejercicios, a medida que se resuelvan las solicitudes de nacionalidad presentadas por los descendientes de emigrantes al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

En lo que respecta al Censo Electoral de Españoles Eesidentes en el Extranjero (CERA), al término del mes de junio eran 510.699 los gallegos del exterior con derecho a voto. «La demanda es enorme, no porque todos queramos otro pasaporte, sino porque aquí hay millones de personas que nacieron como consecuencia de la diáspora; gallegos que vinieron al mundo porque otros gallegos se tuvieron que ir», subraya Celia Otero, vecina de Buenos Aires, una historiadora nacida en Dozón en los años cincuenta que emigró a Argentina con su madre cuando todavía balbuceaba unas palabras en gallego.

Las hijas de Celia vinieron al mundo en el país austral. Sus nietos, también, pero solo ellas contaban con la nacionalidad española al haber nacido su madre en Galicia. «Creo que hay un problema de implementación de la Ley de Memoria Democrática a la hora de agilizar los trámites», explica Otero. «Mi nieto, que es huérfano de madre porque mi hija falleció, lleva más de un año esperando su turno en el consulado», lamenta. Aun así, confía en que podrá votar en las próximas elecciones generales de 2027 y, por supuesto, en las autonómicas de 2028. En las municipales, la diáspora está vetada.

Por ello, cabe esperar que el voto emigrante constituya uno de los ejes de la salud democrática de un territorio como Galicia, donde hay concellos con más inscritos en la diáspora que habitantes censados. El ejemplo más conocido es Avión (Ourense), donde residen 1.719 vecinos y figuran 3.442 personas inscritas en el extranjero. También ocurre en Navia de Suarna (Lugo), Gomesende o Bande, ambos municipios ourensanos, que cuentan con más paisanos fuera que dentro.

El voto de los nietos

Ahora, el líder de la oposición y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a sacar a la palestra su intención de reformar la ley electoral ante la enorme cantidad de votos del exterior que podrían movilizarse en los próximos comicios, tanto a su favor como en su contra. El dirigente del PP endureció además su discurso sobre la conocida como ley de nietos al afirmar que «es ingeniería electoral, interés en conseguir nuevos votantes». En una entrevista en EsRadio aseguró que Pedro Sánchez pretende «fabricar» más electores.

«Para muchos descendientes de gallegos en la Argentina y en otros países de América, el hecho de acceder a la ciudadanía española, aunque a veces tiene un fin instrumental, que uno no puede negar, se convierte en una cuestión fundamental si hay alguna expectativa de retornar», explica Ruy Farías, historiador y descendiente de emigrantes gallegos. Nació en 1972 en Buenos Aires y que centró sus estudio y su obra en la inmigración gallega y el exilio republicano en los siglos XIX y XX.

Según Farías, muchos descendientes se acogen a esa nacionalidad que les proporciona la ley de nietos no por poder votar en las elecciones, sino porque «más allá de eso, mucha gente lo siente como una verdadera reivindicación de sus orígenes y de su sentido de identidad». La comunidad gallega en la diáspora con la que pudo contactar este diario afirma sentirse «ofendida» por las «insinuaciones de pucherazo» al acceder a la nacionalidad de sus padres.

«No quiero ser tajante, pero me parece que los que no han emigrado no se hacen a la idea de lo que implica para los migrantes la distancia con la tierra de origen, y cómo en la Argentina y en otros países de América, los gallegos han mantenido a través de las generaciones una identidad diferenciada y un sentido de pertenencia con Galicia», añade Farías.

A raíz de esas insinuaciones de fraude electoral, tanto el BNG como el PSOE acusaron al Partido Popular de modificar su posición sobre la ley de nietos y el derecho al voto de los gallegos en el exterior en su conveniencia. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, reprochó al PP transmitir la idea de que el acceso a la nacionalidad y el posterior voto de la emigración responden a un intento de pucherazo. «Cre o ladrón que todos son da súa condición», ironizó.

La líder nacionalista también vinculó las declaraciones del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el argumentario de la dirección nacional del PP. En la misma línea se pronunció el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien exigió a Rueda «un mínimo de coherencia» y afirmó que su referencia a la necesidad de una «conexión real» constituye «una frase pensada para sembrar dudas, para hacer que la gente vea fraude donde no lo hay».

Irregularidades en los votos

Pontón también recordó las prácticas que, aseguró, se registraron durante los gobiernos de Manuel Fraga, cuando votaban personas fallecidas y hubo denuncias sobre presuntas compras de votos entre emigrantes, irregularidades especialmente señaladas en países del Río de la Plata. Durante años, tanto las estructuras del PSOE como las del PP fueron objeto de críticas por prácticas que hoy resultarían inaceptables en cualquier proceso electoral.

«Se colocaban urnas en los centros de la colectividad gallega y sabían quiénes habíamos ido a votar y a qué», rememora Celia Otero. «Desde ahí esa asociación movilizaba votos para un partido», asegura. Su relato evoca una etapa marcada por el traslado de sacas de votos, la recogida masiva de papeletas, la intervención de administraciones extranjeras y la emisión de sufragios a nombre de difuntos. Todo ello se vio favorecido tras la inscripción de oficio, en 1995, de los gallegos residentes en el exterior en el censo electoral, sin necesidad de que solicitaran formalmente el alta. Aquello derivó en un sistema difícil de controlar, dependiente en buena medida de los servicios postales de otros países, tal y como recogieron distintos medios de comunicación y reconocieron posteriormente dirigentes de los principales partidos.

«Hubo una época en la que también podíamos votar en las municipales y teníamos a alcaldes de cualquier concello paseándose por Buenos Aires, mandando vídeos, porque sabían que veinte votos podían cambiarlo todo», recuerda Celia. De aquello han pasado ya dos décadas, prácticamente el mismo tiempo desde la última gira de Manuel Fraga para hacer campaña en Argentina, el mismo destino que escogió entonces su principal rival, Emilio Pérez Touriño.

En 2005 fue la única ocasión en la que el voto exterior resultó decisivo para propiciar un cambio de gobierno en la Xunta, dando paso al bipartito formado por PSdeG y BNG. Fue entonces cuando, en palabras de Celia Otero, se asumió que existía «un problema». En las siguientes elecciones autonómicas, las de 2009, se introdujo una exigencia mínima: acompañar el voto de una fotocopia del DNI. Los muertos ya no podían elegir al gobierno de la Xunta.

La consecuencia fue inmediata. Esa sencilla garantía redujo el número de sufragios procedentes del extranjero en casi un 30 % respecto al récord alcanzado en 2005. Aun así, en 2009, año en el que Feijóo llegó por primera vez a la Presidencia de Galicia, el voto exterior redujo la mayoría absoluta del PP por un escaño.

«Cuando se cambia una ley, y más una como esta, creo que es porque molesta a los intereses coyunturales de un sector. No sé cómo ha influido, cómo ha resultado ni cómo ha salido parado Feijóo con el voto de la diáspora, pero la ley de nietos no es algo surgido del actual Gobierno de España», considera la castrense Celia Otero. Para ella, Galicia «no hubiese sobrevivido sin la emigración» y quienes, como ella, se vieron obligados a marcharse por motivos sociopolíticos y tuvieron descendencia fuera siguen siendo «gallegos de verdad». «Aunque paguemos cincuenta impuestos en Argentina, somos gallegos y poseemos el derecho que les fue robado a nuestros padres a votar», zanja.

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