La Xunta evita asumir los compromisos para reforzar la seguridad de las trabajadoras del SAF

La protección de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) dio este martes un paso adelante con la firma del protocolo gallego para prevenir y actuar frente a situaciones de violencia laboral externa. Sin embargo, el acto celebrado en la sede de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) evidenció también las diferencias entre la Xunta y el resto de las entidades participantes sobre cómo llevar ese documento a la práctica.

Tras once meses de trabajo conjunto, el protocolo fue rubricado por la Fegamp, el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), dependiente de la Xunta, las organizaciones sindicales CIG, CCOO, UGT y CSIF, las patronales del sector, el Colexio Oficial de Traballo Social y la Delegación del Gobierno. Cabe recordar que la necesidad de elaborar este documento nació a raíz del asesinato, el pasado 29 de julio, de Teresa González, trabajadora del SAF de O Porriño, presuntamente a manos del marido de una usuaria a la que atendía.

Junto al protocolo, las entidades consensuaron un segundo documento con una batería de compromisos y propuestas de reforma normativa destinadas a garantizar que las medidas acordadas puedan aplicarse de forma efectiva. Ese texto, sin embargo, no fue suscrito por la Consellería de Política Social ni por el ISSGA, que limitaron su respaldo al protocolo técnico.

El documento de compromisos plantea, entre otras medidas, reactivar la negociación del convenio colectivo del sector, crear un Observatorio Autonómico del SAF, recuperar la obligatoriedad del informe social en los expedientes de dependencia, permitir que los concellos puedan suspender cautelarmente el servicio cuando exista una agresión o crear un servicio autonómico de asesoramiento jurídico y apoyo psicológico para las profesionales víctimas de violencia. Además, se reclaman modificaciones tanto de la legislación estatal sobre dependencia como de varias normas autonómicas para facilitar la implantación del protocolo.

Todas las partes suscribieron el texto, incluido el Gobierno, a excepción de la Xunta. La ausencia de la firma de Política Social en este segundo documento fue interpretada por los sindicatos como un paso atrás. Tanto CIG como CCOO criticaron que el departamento competente en materia de servicios sociales no asumiera unos compromisos que, a su juicio, son imprescindibles para evitar que el protocolo quede reducido a una declaración de intenciones.

Fuentes de la Consellería consultadas por este diario rebajaron, no obstante, el alcance de esa discrepancia. Aseguraron que el departamento estudiará «uno a uno» todos los compromisos incluidos en el documento antes de fijar una posición sobre cada uno de ellos.

A través de una nota de prensa, la Xunta defendió el contenido del protocolo firmado por el ISSGA. El Gobierno gallego destacó que el documento incorpora recomendaciones para reforzar la formación de las profesionales, mejorar la evaluación de riesgos antes del inicio del servicio, establecer mecanismos de comunicación temprana de incidentes y realizar un seguimiento posterior de todas las agresiones. También contempla pautas de actuación progresiva ante situaciones de violencia y respalda la paralización de la prestación cuando exista un riesgo para la integridad de la trabajadora.

El protocolo establece además la obligación de evaluar los riesgos en los domicilios, crear registros de incidencias, reforzar la coordinación entre administraciones y servicios sanitarios y garantizar que las profesionales que sufran una agresión no tengan que regresar al domicilio donde se produjo el incidente. Además, fija reuniones periódicas de seguimiento para revisar su aplicación y actualizar las medidas cuando resulte necesario.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, destacó durante el acto el consenso alcanzado para elaborar el protocolo y defendió que las reformas normativas propuestas resultan necesarias para convertirlo en una herramienta realmente útil para proteger a las trabajadoras del SAF. Un consenso, este último, que quedó incompleto por la decisión del Ejecutivo gallego de no asumir, al menos por el momento, el documento que concreta los cambios legales, organizativos y presupuestarios que reclaman ayuntamientos, sindicatos y patronal para desarrollar el protocolo.