El TSXG multa con 1.800 euros a un abogado gallego por presentar un recurso lleno de «alucinaciones» con decenas de citas inventadas por la IA

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha impuesto una multa de 1.800 euros a un abogado que presentó un recurso elaborado con inteligencia artificial (IA) y sustentado en numerosas referencias jurisprudenciales falsas. El magistrado ponente detectó en el escrito un total de 24 citas, junto con sus correspondientes extractos, que califica como fruto de una «libérrima creatividad jurídica».

La Sala de lo Social también acordó trasladar la resolución al Colegio de Abogados de A Coruña para que valore la posible apertura de actuaciones disciplinarias. El letrado reconoció los hechos, pidió disculpas y aseguró haber informado de lo sucedido a su cliente, aunque no explicó suficientemente cómo se generó el escrito ni precisó qué herramienta de inteligencia artificial había utilizado.

El auto deja claro que recurrir a la IA en el ejercicio de la abogacía no está prohibido. Sin embargo, su utilización exige un «control humano consciente y efectivo» y una comprobación posterior de todos los resultados. Los magistrados recuerdan que estas herramientas pueden servir como apoyo para preparar o estudiar un asunto, pero no deben sustituir al profesional en la elaboración del cuerpo del escrito procesal.

En este caso, el TSXG considera que el abogado actuó de forma poco diligente y que su conducta podría ser incluso reveladora de mala fe procesal. Las citas incluidas en el recurso no fueron verificadas y, según el tribunal, o bien se inventaron directamente o se asumieron como correctas tras una de las denominadas «alucinaciones» habituales de los modelos de inteligencia artificial.

La Sala subraya que la buena fe procesal obliga a los profesionales a actuar con lealtad, veracidad y rigor. Presentar un recurso basado en una fundamentación jurisprudencial fabricada supone una infracción de ese principio, aunque no exista una voluntad expresa de engañar.

El auto también censura que la actuación «traiciona la confianza» depositada por el cliente en su abogado y representa «una falta de respeto» al órgano judicial. La comprobación de unas resoluciones inexistentes aumenta innecesariamente la carga de trabajo del tribunal, desvirtúa la función del recurso y perjudica la credibilidad del proceso.

Para fijar la multa, la Sala aplicó el artículo 75.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que permite imponer sanciones de entre 600 y 6.000 euros. El TSXG tomó como referencia el coste anual de una herramienta de inteligencia artificial jurídica de pago, conectada con bases de datos verificadas, cuyos precios oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros.

La multa pretende así cumplir una doble función: castigar la vulneración de la buena fe procesal y disuadir al letrado de repetir una conducta similar.

Como atenuantes, el tribunal valoró el reconocimiento de los hechos, las disculpas, la comunicación de lo ocurrido al cliente y la ausencia de antecedentes semejantes.

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