La sala del TSXG que lleva los casos de la eólica, ya sin Luís Villares, sigue exprimiendo las medidas cautelares y paraliza un parque de Greenalia por el posible impacto

El traslado forzoso del juez Luís Villares de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), encargada, entre otros asuntos, del aluvión de demandas contra las autorizaciones de la Xunta a los nuevos parques eólicos, acumula los recursos del propio magistrado, la CIG, Jueces y Juezas para la Democracia e, incluso, de la Fiscalía, que sostiene que la decisión se tomó «con ausencia de criterios objetivos y precisos». La nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio, argumentó la salida por la necesidad de «salvaguardar la imagen de la institución y preservar la imagen de imparcialidad» tras las dudas del Tribunal Supremo sobre la neutralidad del exportavoz de En Marea en la disputa del pago del IBI por parte del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A la espera de que el Consejo del Poder Judicial entre a fondo de la cuestión, la renovada sala mantiene de momento la línea de sus predecesores.

Adega avanza que se han aceptado «por unanimidad» las medidas cautelares solicitadas por la organización ecologista contra los permisos autonómicos para el proyecto Pena do Pico de Greenalia en los concellos de Baralla y Quiroga, «en los Ancares lucenses». ¿La razón? Otra vez el posible impacto ambiental irreversible. «En la pieza separada de cautelares, la Sala asume los argumentos aportados por Adega en el informe técnico que acompaña al escrito de demanda, estimando en su integridad la medida solicitada y decretando la suspensión de las autorizaciones previa y de construcción dictadas en su momento por la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais», señala la entidad, que remarca que esta es la primera paralización cautelar en un contencioso eólico «después del polémico traslado forzoso» de Villares y también de otra de las juezas, Dolores López, «maniobra aplaudida sin disimulo por la Xunta, que achacó la supuesta parcialidad de Villares a la paralización del sector eólico en el TSXG».

La demanda reclamó la paralización del parque por «la existencia de peligro de daño jurídico» por «la afección a destacados elementos del patrimonio natural y en la preponderación del interés público de conservalos, frente a las intenciones de la empresa y de la Xunta de construir la instalación». Dice Adega que el proyecto se asienta en un territorio «designado por la propia Xunta para ampliar la Rede Natura 2000», dentro de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño, y «en un espacio considerado zona de exclusión eólica» por el Ministerio para la Transición Ecológica. Las instalaciones «ejercen una presión crítica sobre diversas especies de avifauna amenazada en situación de vulnerabilidad o peligro de extinción».

Los riesgos

El TSXG considera, según la información suministrada por Adega, que los efectos del parque «no fueron convenientemente evaluados» en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que, en cambio, la documentación aportada por la asociación sí «goza de un indudable valor indiciario y de verosimilitud que no puede ser ignorado». «Una parte sustancial de las medidas correctoras contempladas en la DIA poseen un carácter marcadamente post mortem, es decir, están diseñadas para operar una vez que el impacto o el daño ya se produjo de forma efectiva», señala el auto, que comparte la tesis de un riesgo de «exposición a una degradación desprotegida y real» del medio ambiente.

Los magistrados echan por tierra la invocación de Greenalia y de la Xunta del interés público general del parque para seguir avanzando en la transición energética. «No lo convierte automáticamente en prevalente, ya que dicho interés debe coexistir armónicamente con la preservación del entorno», aseguran.

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