El Gobierno inicia la inhabilitación de la comercializadora eléctrica creada por la Xunta

Hace menos de dos años, Alfonso Rueda, presentaba uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de la Xunta. Desde el retiro de trabajo que celebró junto a sus doce conselleiros en Sober, el 29 de septiembre de 2024, el presidente gallego anunció la creación de una comercializadora eléctrica propia que permitiría “abaratar y descarbonizar” el consumo energético en Galicia.

Su objetivo era vender electricidad “100 % renovable”, “de manera estable” y a un precio “sustancialmente por debajo del mercado”, prestando servicio tanto a sectores estratégicos de la economía gallega como a los vecinos de las instalaciones de generación renovable.

Aquel proyecto, que según Rueda estaba ya en una fase avanzada de tramitación y esperaba convertirse en realidad “a principios de 2025”, da ahora un giro inesperado. El pasado jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el inicio del procedimiento de inhabilitación de 25 comercializadoras eléctricas para ejercer esta actividad.

Entre ellas figura RDG Comercializadora Galega de Enerxía, la sociedad impulsada por Recursos de Galicia (RDG) como una de las piezas centrales de la estrategia energética anunciada por el Ejecutivo autonómico.

Diez días de plazo

La resolución abre un expediente administrativo durante el que las empresas afectadas disponen de diez días hábiles para presentar alegaciones. Mientras tanto, quedan sometidas a una serie de medidas cautelares que, en la práctica, paralizan su actividad comercial.

Las distribuidoras no podrán tramitar nuevas altas ni cambios de comercializador a su favor, se suspende su acceso a las bases de datos de puntos de suministro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dejarán de recibir información sobre cambios de comercializador y sus ofertas serán retiradas del comparador oficial de tarifas.

El Ministerio para la Transición Ecológica no ha explicado las causas concretas de cada expediente y se limita a señalar que, al tratarse de un procedimiento en curso, no realizará comentarios.

Sin embargo, fuentes del sector apuntan a que estas actuaciones afectan a comercializadoras sin actividad efectiva, en un contexto de revisión del registro oficial tras el endurecimiento de los requisitos exigidos para operar en el mercado eléctrico.

Acreditación de capacidad

La nueva normativa obliga a las comercializadoras a acreditar capacidad legal, técnica y económica. Además, deben comenzar a comprar electricidad en el mercado mayorista en un plazo máximo de seis meses desde su habilitación y mantener esa actividad de forma continuada durante otros seis meses, junto con la constitución de las garantías económicas correspondientes.

Cuando fue presentada, RDG Comercializadora Galega de Enerxía nacía como una sociedad anónima con un capital inicial de 60.000 euros y un ámbito de actuación limitado a Galicia. El plan contemplaba ofrecer electricidad renovable con precios estables, priorizar a sectores estratégicos de la economía gallega y aplicar descuentos de hasta el 50% respecto al precio medio del mercado a los vecinos de instalaciones de generación en las que participase Recursos de Galicia.

La iniciativa formaba parte de la estrategia del Gobierno gallego para convertir los recursos naturales de la comunidad en un instrumento de competitividad empresarial y retorno económico para el territorio.

Este periódico se ha puesto en contacto con RDG Comercializadora Galega de Enerxía para conocer su versión sobre el procedimiento iniciado por el ministerio, pero en el momento de la publicación de esta información no había recibido respuesta.

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