El CGPJ da luz verde por la mínima al traslado forzoso del juez Villares y mantiene el cambio en la sala de los eólicos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respaldado por la mínima una de las decisiones más controvertidas adoptadas este año en la Justicia gallega. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces rechazó este martes, por un ajustado resultado de 11 votos frente a 10, los recursos presentados por el magistrado Luis Villares y por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia contra su traslado forzoso de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la encargada de resolver los recursos sobre proyectos eólicos.

La votación, resuelta por un único voto de diferencia entre los bloques conservador y progresista del Consejo, avala la decisión adoptada en marzo por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, María Azucena Recio González, apenas unos días después de asumir el cargo. Aquel acuerdo reorganizó la composición de las secciones tercera y cuarta de la Sala.

Villares y la magistrada María Dolores López López fueron trasladados de la sección especializada en asuntos como los parques eólicos a la cuarta, mientras que Rosa Agrasso y Alexis Fernández hicieron el recorrido inverso. La decisión generó una fuerte contestación dentro de la carrera judicial.

Juezas y Jueces para la Democracia, asociación a la que pertenece Villares, recurrió el acuerdo al considerar que presentaba "graves defectos" que ponían "en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial". El recurso sostenía que los traslados forzosos comprometían uno de los principios esenciales que garantizan la autonomía de los jueces frente a posibles injerencias. Sin embargo, para el presidente de la Xunta Alfonso Rueda ello supuso un mero "cambio organizativo".

Villares logró paralizar proyectos eólicos autorizados por la Xunta

La polémica adquirió una especial dimensión por el papel que había desempeñado la sección tercera de Villares durante los últimos años. Ese tribunal había paralizado decenas de proyectos eólicos autorizados por la Xunta al apreciar posibles deficiencias ambientales o de tramitación, convirtiéndose en uno de los principales frenos judiciales al despliegue de este tipo de instalaciones en Galicia.

Pese al cambio de composición, la línea de la sección no ha variado por el momento. El pasado junio, ya con los nuevos magistrados incorporados, la Sala acordó por unanimidad suspender cautelarmente el parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia en Os Ancares lucenses y autorizado por la Xunta, al apreciar posibles riesgos ambientales.