Trece años de Angrois: "Lucharemos hasta conseguir que la vida de los pasajeros valga más que los intereses políticos"

Hoy se cumplen 13 años de uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de España. El siniestro de Angrois se saldó con 80 fallecidos y más de un centenar de heridos. Desde la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 se sigue denunciando la existencia de un "pacto de la curva" entre el PSOE y el PP con el objetivo de "eximirse de su responsabilidad", dejando recaer toda la culpa en el maquinista en lugar de investigar los fallos estructurales que desembocaron en la tragedia. "Se pudo elegir entre culpar o aprender, pero se optó por la vía fácil. Eligieron culpar a quien no tiene autoridad y no aprender de los numerosos fallos de gestión", señalan desde la plataforma. Este aniversario viene, además, marcado por el reciente accidente de Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales y 152 heridos el pasado 18 de enero.

Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma de Víctimas del accidente ferroviario de Angrois, denuncia la falta de una investigación independiente sobre los fallos de seguridad que han desembocado en otro gran accidente casi 13 años después. "No luchamos solo por nosotros, sino por todos los viajeros que utilizamos el tren. Lamentablemente, cuando no se investiga de manera independiente, no se toman medidas y no hay consecuencias —ni técnicas, ni penales, ni políticas—, los accidentes se repiten. La prueba de ello es el accidente de Adamuz", señala Jesús, quien viajaba aquel 24 de julio de 2013 en el Alvia junto a su mujer y sus sobrinas.

Una larga lucha judicial

El proceso judicial ha provocado un profundo sentimiento de injusticia y abandono entre los afectados. La plataforma de víctimas denuncia lo que considera un caso de "impunidad judicial" tras la absolución de Andrés Cortabitarte, ex alto cargo de Adif. La sentencia exculpa a quien, según sostiene la asociación, es el máximo responsable técnico, ignorando hechos fundamentales, "desconectando el sistema de seguridad" y "no realizando el análisis de riesgos obligatorio". Estos elementos, a juicio de las víctimas, deberían haber sido determinantes para establecer responsabilidades penales. "Con esta absolución se afianza una idea demoledora: las decisiones técnicas y políticas que causaron la tragedia no tienen consecuencias penales ni políticas", señala la Plataforma de Víctimas Alvia 04155. "En la Audiencia Provincial hubo una división, una jueza votó a favor de la condena y hubo un voto particular. Estamos hablando de que dos juezas apoyaron la condena frente a otras dos que no. Es evidente que la presidencia de la Audiencia Provincial, elegida por el Consejo General del Poder Judicial, tiene un peso decisivo", indica Jesús. Ante esta situación, la plataforma ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, apoyándose en el voto particular de la sentencia de la Audiencia Provincial y en la sentencia del Juzgado de lo Penal de Santiago.

La esperanza en la nueva Autoridad Independiente

Sin embargo, debido al escepticismo sobre la vía penal, la mirada de los afectados se vuelve ahora hacia la inminente puesta en marcha de la nueva Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes. Para la asociación, este organismo no debe ser un mero trámite, sino una prueba de fuego para saber si el Estado es capaz de esclarecer lo ocurrido sin injerencias políticas. "Nuestra exigencia principal es que esta nueva autoridad realice una investigación real que rectifique el informe previo del Gobierno. Como ya señaló Europa, aquella investigación no fue independiente ni analizó las causas raíz que afectaban a Renfe y Adif. Las víctimas y la ciudadanía no podemos permitir que se sigan ocultando verdades en documentos oficiales", explica Jesús Domínguez.

El blindaje institucional y el papel de la CIAF

La prueba más clara de este blindaje, según la plataforma, reside en la propia Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Los investigadores califican de "estuporoso" que el informe oficial de la comisión fuera elaborado, en parte, por los mismos directores de seguridad de Adif y Renfe cuyas decisiones estaban bajo sospecha. Al ser juez y parte, el Estado logró cerrar filas y evitar una investigación independiente que hubiera arrojado luz sobre las responsabilidades políticas, priorizando la imagen del sector ferroviario sobre la búsqueda de la verdad.

Las víctimas sostienen que la respuesta oficial ante el accidente fue producto de lo que denominan un "pacto de la curva" entre el PSOE y el PP para poder eximirse de responsabilidades políticas. "Es un hecho que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se han encargado a lo largo de estos años de designar jueces afines para controlar estas instancias. Por tanto, siendo sincero, no tenemos muchas esperanzas en ese sentido", señala el portavoz de la asociación. Según denuncian, el Estado activó toda su maquinaria institucional —incluyendo la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la propia CIAF— con el objetivo de dirigir el foco de la culpa exclusivamente hacia el maquinista, al considerarlo el "último eslabón de la cadena". Gracias a esto, según indican, se protege a los altos cargos tanto de Adif como de Renfe, evitando que se investigasen causas tan importantes como la incorrecta señalización del tramo, la omisión de evaluaciones de riesgo y la rebaja de estándares de seguridad en la línea.

La crítica a la CIAF es uno de los pilares clave de la denuncia de las víctimas. Esto se debe a que la sentencia de la Audiencia Provincial le dio validez a la versión de la comisión de investigación, cuyo equipo estaba formado por los directores de seguridad de las empresas implicadas, Adif y Renfe. Todo esto, sostienen, permitió blindar la gestión política, evitando así una investigación independiente.

La necesidad de una transformación en la seguridad ferroviaria

Según señala Jesús, la realidad española contrasta con la de otros países como Japón, poniendo de relieve la necesidad de una transformación en las políticas de seguridad ferroviaria. "España ostenta el triste récord de accidentes de alta velocidad. Si miramos a países como Japón, que opera desde 1964 sin siniestros de este tipo, es evidente que, cuando los sistemas se hacen bien, estas tragedias no deberían suceder. Aquí, en poco más de una década, hemos sufrido dos accidentes con casi un centenar de muertos". El portavoz hace hincapié en la necesidad de priorizar la seguridad sobre otros factores que muchas veces la dejan en un segundo plano. Por ello, la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, en su comunicado, exige en primer lugar una petición pública de perdón institucional por el trato a las víctimas desde el accidente, con mentiras y múltiples trabas. "El perdón institucional es importante, pero debe ir acompañado de un reconocimiento de lo que se hizo mal. En nuestro caso, desde el principio se intentó negar que fuera una línea de alta velocidad para proteger la marca. Hubo ocultamiento de documentos que nunca llegaron al juzgado", comenta Jesús. También exigen la realización de la investigación independiente que pueda rectificar el informe previo y, por último, que se priorice siempre la seguridad de los viajeros.

El desgaste tras 13 años de lucha es evidente. "Tras la sentencia y la resolución de la Audiencia, el cansancio pesa mucho. Son 13 años de lucha y, al final, ellos juegan con eso; con el paso del tiempo y con el olvido de la sociedad". Sin embargo, la determinación de la plataforma permanece intacta: "No dejaremos de luchar hasta conseguir que la vida de los pasajeros valga más que los intereses de cualquier gobierno o institución".