El Constitucional admite a trámite el recurso de la Xunta contra el decreto estatal de zonas de aceleración renovable
El Gobierno gallego sostiene que la norma invade competencias autonómicas y denuncia que solo permitiría implantar estas áreas en el 0,16 % del territorio de Galicia
Aerogeneradores en el parque eólico de Sil y Meda, en Esgos (Ourense). / Agostime / Europa Press
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El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta contra varios artículos del real decreto aprobado por el Gobierno central el pasado mes de marzo, dentro del plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio, que regula las denominadas zonas de aceleración renovable (ZAR). El Ejecutivo de Alfonso Rueda impugna varios preceptos de la norma al considerar que podrían vulnerar el artículo 86 de la Constitución, al no concurrir, a su parecer, el requisito de la "extraordinaria y urgente necesidad" exigido para aprobar un decreto ley.
Las zonas de aceleración renovable son espacios en los que se facilita la implantación de proyectos energéticos estratégicos por cumplir determinadas condiciones, como disponer de una buena conexión a la red eléctrica o no presentar afecciones significativas sobre el medio ambiente o el patrimonio. Aunque la legislación básica corresponde al Estado, son las autonomías las encargadas de delimitar estas áreas. Sin embargo, la Xunta sostiene que el decreto estatal modifica ese reparto de funciones.
Según denunció al presentar el recurso, el Gobierno central "acaba de redefinir estos criterios y es una normativa tan detallada que en la práctica no deja ningún margen de maniobra a la Xunta para determinar dónde deben estar estas zonas". La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, criticó entonces que el decreto "introduce un informe preceptivo por parte del ministerio, impone mecanismos obligatorios de negociación en caso de no estar de acuerdo y atribuye al ministerio un papel determinante en la publicidad de esas zonas".
La titular de Medio Ambiente también cargó contra la cartografía aprobada por la norma estatal, al considerar que "antes era orientativa y ahora se transforma en obligatoria". "Eso supone que solo se podrían instalar las zonas de aceleración de renovables en el 0,16 % del territorio", afirmó. A su juicio, ello provoca que estas áreas queden distribuidas "de una manera totalmente dispersa y contrario a lo que nos pide la Comisión Europea, que es tener zonas suficientes para avanzar en renovables".
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