Malas conexiones con otras ciudades y falta de infraestructuras: las claves que frenaron la candidatura de Lugo a la Agencia Estatal de Salud Pública

Lugo se quedó a las puertas de albergar la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), pero el informe definitivo del Gobierno pone negro sobre blanco los motivos que acabaron inclinando la balanza hacia Zaragoza. Entre ellos figuran dos debilidades estructurales de la provincia: para sorpresa de nadie, la falta de infraestructuras de transporte —sin aeropuerto propio ni conexión directa con la alta velocidad ferroviaria— y un mercado laboral que, precisamente por registrar una tasa de paro relativamente baja, no cumplía uno de los criterios que buscaban favorecer a territorios con mayores dificultades económicas.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la resolución que oficializa la elección de Zaragoza como sede de la nueva agencia y desglosa la evaluación de las ocho candidaturas presentadas, entre ellas la de Lugo, impulsada por el Ayuntamiento con el respaldo de la Xunta. El análisis del Ministerio de Sanidad reconoce varios puntos fuertes de la propuesta gallega. Destaca especialmente su contexto demográfico, al considerar que la provincia presenta algunos de los indicadores "más adversos", con un acusado envejecimiento de la población, saldo vegetativo negativo y una elevada dispersión territorial. También recibe una valoración muy favorable la cesión indefinida y gratuita del inmueble propuesto, el Pazo de Feiras e Congresos.

Sin embargo, el informe identifica varios elementos que restaron competitividad a la candidatura. En materia de empleo, el departamento de Sanidad considera que la tasa de paro registrada en el cuarto trimestre de 2025 "no indica una mayor debilidad estructural del mercado laboral lucense", por lo que este criterio solo obtuvo una valoración suficiente.

Más peso tuvieron las carencias en conectividad. El Gobierno señala que Lugo carece de aeropuerto propio —los más cercanos serían los de A Coruña y Santiago, a más de una hora por carretera— y recuerda que dispone "únicamente" de servicios ferroviarios de media distancia, "sin conexión directa a la línea de alta velocidad". Aunque la oferta hotelera y el mercado inmobiliario fueron valorados favorablemente, estos factores no compensaron las limitaciones detectadas.

El informe también introduce reservas sobre el edificio ofertado para albergar la sede. El Ministerio advierte de que cerca del 45 % de la superficie estaría compartida con otros usuarios, una circunstancia que, según recoge el documento, "introduce complejidad operativa permanente".

Cruce de reproches entre PP y PSOE

Al quedar Galicia totalmente excluida, la publicación de los criterios ha reabierto el enfrentamiento político en Lugo apenas un día después de conocerse la decisión del Ejecutivo. El exalcalde socialista Miguel Fernández defendió el trabajo realizado durante el anterior mandato y aseguró que la candidatura presentada por la ciudad era "sólida, rigurosa y solvente", además de tener "tintes de ganador". Recordó que el proyecto superó la primera fase de selección y sostuvo que, una vez entregada toda la documentación, "el éxito o el fracaso del proyecto solo puede atribuírsele a la persona que ostenta el poder en ese momento".

Fernández rechazó además que la elección de Zaragoza respondiese a criterios políticos, al recordar que la ciudad está gobernada por una alcaldesa del PP, y defendió que la resolución obedeció a "criterios técnicos". A su juicio, la alcaldesa Elena Candia busca obtener "réditos políticos" con sus críticas.

La regidora popular, por su parte, volvió a denunciar un "desprecio más hacia Lugo" y reclamó un "mayor compromiso" del Gobierno central con la ciudad. En la misma línea se expresó el presidente local del PP, Ramón Carballo, quien acusó al PSOE lucense de "equivocarse de adversario" y de anteponer la defensa del presidente del Gobierno a los intereses de la ciudad. Según defendió, el nuevo gobierno municipal trabajó junto a los funcionarios para completar el expediente de la candidatura y la responsabilidad de la decisión corresponde exclusivamente al Ejecutivo central.