Cuatro editoriales gallegas alertan de "crisis" del libro por "impagos acumulados" del Consorcio Editorial Galego

Las editoriales Boadicea, Aira Editorial, Patas de peixe y Antela han alertado de una "crisis estructural del libro en gallego" por los "impagos acumulados" del Consorcio Editorial Galego y han solicitado una "respuesta institucional a la altura". Bajo el nombre de Plataforma de Editoras Galegas, constituida este mes de julio e integrada por una veintena de editoras de la Asociación Galega de Editoras (AGE), han avisado de que los impagos acumulados por el Consorcio Editorial Galego ya no puede considerarse un problema "exclusivamente empresarial", sino una "crisis estructural del ecosistema del libro en gallego".

Esto, han subrayado, tiene consecuencias que "pueden afectar a su capacidad de producir, distribuir y hacer llegar nuevos libros a la sociedad", por lo que, consideran que se necesita una respuesta institucional "a la altura de su dimensión cultural". Según han expuesto, el Consorcio Editorial Galego lleva años desempeñando un "papel central" en la distribución del libro editado en gallego y ha llegado a trabajar con los catálogos de alrededor de 200 sellos editoriales. A través de él, una "parte importante" de pequeñas editoras han hecho llegar sus libros a las librerías durante años.

Sin embargo, la entidad ha indicado que desde el año 2024, el Consorcio "empezó a acumular deudas con las editoras" y, durante 2026, se produjeron negociaciones entre el IGAPE y el Consorcio, con la mediación de la Asociación Galega de Editoras, sin que se alcanzase una "solución efectiva". A raíz de estos impagos, la entidad ha alertado de una "falta de liquidez que afecta a la capacidad de las editoras para mantener su actividad". Además, han ampliado que la crisis está teniendo un efecto dominó sobre toda la cadena de libro, afectando a diversos perfiles.

La plataforma ha señalado que hay editoras que "ya consideran comprometidas su continuidad si no se consigue recuperar la deuda y establecer mecanismos que garanticen la estabilidad futura". Ante este escenario, las editoriales se han reunido con el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, para solicitar ayuda y buscar alternativas. Al respecto, fuentes de la Consellería de Cultura han trasladado que tuvieron constancia de esta situación y mantuvieron contactos y reuniones con la distribuidora Consorcio Editorial Galego y las empresas afectadas para conocer lo ocurrido y "buscar vías y puentes de entendimiento". "Seguiremos en esa línea siempre que nos lo soliciten", han concluido.

"Va más allá de la deuda"

En este sentido, el director de la Asociación Galega de Editoras, Miguel Toval, ha explicado a Europa Press que ya en diciembre del año pasado pusieron en conocimiento de la Xunta esta situación que "va más allá de la deuda y de como afecta individualmente" a las editoriales. Toval ha coincidido en que esta situación puede tener consecuencias sobre las posibilidades de ciertos libros a la hora de llegar a las librerías, por las limitaciones de dinero para sacar un mayor número de títulos.

Asimismo, ha indicado que la entidad contactó con el Consorcio Editorial Galego para ponerse a disposición de las empresas afectadas y ofrecer su ayudas, al mismo tiempo que hicieron de nexo con el Gobierno gallego. Finalmente, ha asegurado que la Administración pública debería tener un "comportamiento proactivo", lamentando que en Galicia hay mecanismos públicos que "deberían de funcionar y no funcionan", como el Consello asesor do libro, que no se reúne desde hace cuatro años.

El Consorcio acepta la "difícil situación"

Por su parte, el Consorcio Editorial Galego ha emitido un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que admite la "difícil situación" que esta viviendo y ha informado de que no descarta ir a concurso de acreedores "si fuese necesario". En él, expone que pidieron ayuda a la Xunta con el objetivo de buscar apoyo financiero a través de Xes Galicia, solicitando un préstamo a largo plazo de 300.000 euros y explicando las causas del "desfase de liquidez".

No obstante, señala que la solicitud "no dio frutos", por lo que han marcado el 30 de septiembre como plazo límite para tomar una decisión definitiva, entre las que no descartan ir a concurso de acreedores si fuese necesario.