El traspaso de la AP-9 a Galicia ya tiene ley: el BOE publica la norma y abre la negociación con el Estado

El traspaso de la AP-9 a Galicia ha dado este viernes un nuevo paso con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley que regula la transferencia de la principal autopista gallega a la comunidad. La norma, que entrará en vigor mañana, 1 de agosto, establece el marco jurídico para el proceso. Con todo, la transferencia efectiva todavía deberá negociarse entre la Administración General del Estado y la Xunta a través de la Comisión Mixta de Transferencias.

La ley fue aprobada la pasada semana por el Congreso después de que la Cámara Baja rechazase las enmiendas incorporadas por el PP durante la tramitación en el Senado. De este modo, el texto definitivo mantiene el acuerdo alcanzado por PSOE, Sumar y BNG, que había recibido previamente el visto bueno del Congreso.

Con la ley ya publicada en el BOE, el foco político se desplaza de las Cortes a la Comisión Mixta de Transferencias. El Parlamento ha fijado el marco legal del traspaso, pero serán ahora la Xunta y el Gobierno central quienes deban sentarse a negociar las condiciones concretas de la cesión de la AP-9.

La negociación bilateral deberá definir el alcance real de las competencias que asumirá Galicia. También será el foro en el que se delimiten las responsabilidades económicas que seguirán correspondiendo al Estado y aquellas que asumirá la comunidad una vez se haga efectiva la transferencia.

Además, es la fase más delicada del proceso. La Xunta ya ha advertido de que acudirá a la negociación, pero mantiene que no aceptará un traspaso que implique asumir el coste de decisiones adoptadas por el Estado durante la vigencia de la concesión. El Ejecutivo central, por su parte, sostiene que la ley deja suficientemente delimitadas esas obligaciones y emplaza a ambas administraciones a cerrar un acuerdo que deberá aprobarse posteriormente mediante real decreto.

El Artículo 1 de la norma recién publicada establece que "la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los límites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del Acuerdo". Galicia deberá hacerse cargo de las "repercusiones económicas y financieras" consecuencia de la concesión una vez sea "efectivo el traspaso". El futuro acuerdo también deberá garantizar que las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas respeten esos compromisos.

¿Qué competencias asumiría Galicia?

Así las cosas, el futuro acuerdo deberá definir cuestiones clave para la gestión de la autopista del Atlántico. Entre ellas figura la autorización de nuevos tramos, enlaces o reformas de la infraestructura, así como la supervisión e inspección del funcionamiento de la AP-9 y la potestad sancionadora frente a posibles incumplimientos de la empresa concesionaria.

También regulará las competencias sobre el régimen económico-financiero de la concesión, especialmente en lo relativo al establecimiento, actualización o supresión de peajes y tarifas, además de la aplicación de programas de descuentos, incluidos aquellos que proponga voluntariamente la concesionaria. Asimismo, establecerá las condiciones para la redacción y aprobación de convenios relacionados con la explotación de la infraestructura.

El PP defendía un traspaso con más garantías económicas

Durante la tramitación parlamentaria, el PP trató de introducir cambios para que la ley declarase directamente la transferencia de la titularidad y las competencias de la AP-9, además de incorporar mayores compromisos financieros por parte del Estado y obligarlo a asumir nuevas bonificaciones en los peajes.

Sin embargo, esas enmiendas fueron rechazadas por el Congreso, que mantuvo el texto pactado entre PSOE, Sumar y BNG. El debate evidenció el enfrentamiento entre ambos bloques: mientras los populares defendían que sus modificaciones "blindaban" financieramente a Galicia, los grupos que sustentaron la ley apostaron por conservar el texto original aprobado en la Cámara Baja.