La Xunta publica una "guía práctica" para "agilizar" la evaluación ambiental de los proyectos industriales que se instalen en Galicia

El Ejecutivo gallego dio este lunes luz verde a una «guía práctica» cuyo propósito es «agilizar» la evaluación ambiental de los proyectos que se instalen en Galicia. Según trasladó el mandatario autonómico, Alfonso Rueda, estará a disposición de promotores y órganos de evaluación ambiental y «en ningún caso se perderá seguridad jurídica».

Este manual se enmarca en la aplicación de la ley de promoción de beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de la comunidad, que establece la necesidad de integrar una valoración de los impactos sociales, económicos y ambientales en los procedimientos de evaluación de los planes industriales a los que afecta la norma. «Galicia realiza 175 evaluaciones ambientales al año, una cada dos días. Queremos que sean más ágiles, transparentes y homogéneas», indicó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, encargada de desgranar el acuerdo.

Esta valoración debe prestar especial atención a los servicios ecosistémicos, entre los que se incluyen «la provisión de agua y alimentos, la regulación del clima, la fertilidad del suelo» o la protección frente a riesgos naturales. «Se trata de elementos que nos rodean y que nos da la propia naturaleza», explicó Vázquez, quien hizo hincapié en que hay que estudiar no solo las afecciones directas de un proyecto sobre los elementos ambientales, sino también «las consecuencias que pueden tener sobre el bienestar humano, la salud y la calidad de vida».

Con el objetivo de reducir las consultas y evitar requerimientos de subsanación que puedan generar inseguridad jurídica entre los promotores, la guía incluye unas fichas específicas adaptadas a las distintas tipologías de proyectos. En ellas se recogen las principales presiones que pueden estar asociadas a cada actividad, los servicios que podrían verse afectados y los criterios que deben considerarse para evaluar los impactos, con la finalidad de diseñar las medidas ambientales correspondientes.

Esta guía, según apuntó Vázquez, facilitará también el trabajo de los órganos sectoriales encargados de emitir los informes preceptivos, porque contarán con documentación estructurada, homogénea y técnicamente suficiente para valorar adecuadamente los efectos de los proyectos sobre el capital natural y los servicios que prestan los ecosistemas.