La Xunta solicita al Gobierno una comisión bilateral para "resolver las diferencias" en torno a la ley de la AP-9

La AP-9 continúa dando que hablar en el ámbito político. El presidente gallego, Alfonso Rueda, avanzó este lunes que pedirá al Gobierno central la convocatoria de una comisión bilateral con el propósito de «discutir y tratar de resolver las diferencias» en torno a la ley para el traspaso a la comunidad de la Autopista del Atlántico. La ley orgánica fue publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado.

Rueda, tal como señaló en ocasiones anteriores, quiere «un cambio» en las «condiciones» que fija la normativa antes de iniciar la negociación de la transferencia. El mandatario opta por solicitar la comisión bilateral como paso previo a la comisión mixta de transferencias, con la intención de tratar de redefinir el contenido de la norma. Si se acudiese directamente a esta segunda vía, se activaría el protocolo para negociar el traspaso «en las condiciones fijadas por la ley», pactada por BNG, PSOE y Sumar.

A ojos de la Xunta, el texto publicado en el BOE «diluye los compromisos económicos» del Estado con la comunidad y «presenta dudas de constitucionalidad», puesto que «no transfiere expresamente las competencias, sino que traslada estas atribuciones a un posterior acuerdo de la comisión mixta». «La negociación de la transferencia no se puede hacer a cualquier precio», alegó Rueda durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. En su intervención, volvió a defender que el texto aprobado en Madrid incluye «modificaciones sustanciales» con respecto a la propuesta que había recibido el respaldo unánime del Parlamento gallego.

Por ello, esgrimió, el Ejecutivo autonómico quiere negociar unas «condiciones justas», puesto que «los contribuyentes gallegos no tienen por qué pagar decisiones que no se adoptaron en Galicia». La Xunta insiste, así, en que la transferencia de la autopista debe ir acompañada de los recursos necesarios.

La decisión tomada este lunes por el Ejecutivo gallego, según trasladó Rueda, se fundamenta en un informe analizado durante la reunión del Consello. El documento advierte, entre otras cuestiones, de que «la nueva redacción introduce incertidumbres financieras al supeditar determinadas obligaciones económicas del Estado a los límites presupuestarios existentes en el momento en el que se alcance el acuerdo en la comisión mixta». Esta condición, subraya la Xunta, no figuraba en el texto aprobado por la Cámara autonómica.

«La AP-9 debe transferirse libre de cargas, asumiendo el Estado los costes derivados de decisiones adoptadas durante el período en que ejerció la titularidad y garantizando los recursos necesarios para la gestión futura», incidió Rueda.