El bum de la paquetería dispara un 50% las reclamaciones ante la Xunta: se acumulan los expedientes por extravíos, daños o retrasos en las entregas

El aumento del comercio electrónico ha llenado las calles de las ciudades de repartidores. Y con el crecimiento «exponencial» de los servicios de paquetería se han disparado también las reclamaciones ante la Xunta hasta el punto de que el Gobierno gallego se ha visto obligado a contratar un servicio de apoyo para ayudarle a tramitar las quejas.

Impagos, extravíos, retrasos en la entrega o daños en la mercancía son las principales razones que motivan a los usuarios a recurrir a la Xunta Arbitral de Transportes de Galicia. Se trata de un organismo de carácter extrajudicial que se encarga de la resolución de conflictos surgidos por incumplimiento en los contratos de transporte de todo tipo, desde servicios a viajeros, mercancías, mudanzas o paquetería. A través de este órgano se pone en marcha un procedimiento arbitral, al que son llamadas las dos partes, y que se resuelve con un laudo, que tiene el valor equivalente a una sentencia judicial.

Sin embargo, cada vez son más los expedientes sin resolver que se acumulan en esta Xunta Arbitral. La Consellería de Presidencia explica que gestiona «un número importante de reclamaciones» después de constatarse un incremento del 50 por ciento en dos años. De tramitar 600 quejas se ha pasado a 900 el pasado año. «Hay una tendencia al alza», advierten.

Y lo achacan, en concreto, al «crecimiento exponencial de los servicios de paquetería que genera el comercio electrónico, lo que provoca un mayor número de incidencias».

Demoras

Esta situación está demorando la resolución de expedientes, lo que provoca que se superen incluso los plazos fijados por ley. El plazo para emitir los laudos arbitrales es de seis meses. Sin embargo, actualmente el tiempo de tramitación ronda de media un año. Hasta que se celebran las vistas orales se tarda 9 meses y después hay otros tres meses más para poner fin al expediente.

«El crecimiento en el volumen de reclamaciones provoca que se acumulen los expedientes y se retrasen aún más las resoluciones», apunta la Consellería de Presidencia como justificación para licitar un contrato para prestar apoyo y asistencia a la Xunta Arbitral de Transportes. «El interés social y sectorial en una mayor agilidad en la tramitación y resolución de las reclamaciones exige reforzar las tareas propiamente jurídicas para facilitar a los miembros del colegio arbitral su trabajo», alegan.

De hecho, explican que la Xunta de Transportes solo cuenta con una persona con formación jurídica. El contrato, por valor de 120.800 euros, tiene por objetivo asesorar a este organismo, ayudarle a preparar los expedientes de reclamación para la celebración de las vistas orales y prestar apoyo en los trabajos posteriores para determinar los argumentos que se deben aplicar a cada caso para la elaboración de acuerdos. Además, el Gobierno gallego podrá encomendar a la empresa adjudicataria el análisis de aspectos concretos relacionados con el funcionamiento de este órgano arbitral, así como encargar la preparación de información adicional, incluso estadística.

Además de intervenir en incidentes por el reparto de paquetería, la Xunta Arbitral tiene también competencias para resolver reclamaciones relacionadas con el transporte de viajeros por carretera, como la pérdida o daños en maletas y equipajes, el cobro de una tarifa superior a la que corresponde o gastos o perjuicios por cancelaciones o retrasos.

En el caso del transporte de mercancías se puede recurrir a este órgano por discrepancias en las tarifas, impago de portes o por incumplimiento en las condiciones de una mudanza, por ejemplo. La normativa también permite resolver controversias sobre los contratos suscritos por transportistas y empresas auxiliares.

La Xunta Arbitral interviene, en todo caso, cuando el transporte tiene su origen o destino en Galicia o bien la empresa transportista o la persona que reclama tienen su domicilio en la comunidad.

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