Cada año 15 mujeres renuncian a sus bebés recién nacidos en Galicia

Cuando una mujer valora dar a su hijo recién nacido en adopción, afronta una de las decisiones más difíciles que puede tomar una persona. El sistema de protección no solo se activa entonces para proteger al bebé: también está diseñado para acompañarla y amparar su decisión, sea cual sea. Detrás de estos casos, que acostumbran a darse en contextos de vulnerabilidad, hay un circuito de garantías legales, plazos de reflexión y apoyo social —pensado para sostener un proceso inevitablemente duro— del que apenas se habla, pese a su importancia.

Desde 2009, 254 bebés recién nacidos han entrado en un proceso de adopción en Galicia, según los datos recopilados por la Xunta en sus informes anuales de estadística de protección de menores. La cifra se mantiene estable desde entonces, con una media de 15 casos al año que osciló entre los 9 registrados en 2022 y los 26 de 2012, sin que se aprecie una tendencia sostenida al alza ni a la baja. Los años posteriores a la crisis económica, entre 2009 y 2014, se situaron algo por encima de esa media —en torno a 19 casos anuales—, aunque tanto desde la Xunta como desde el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia señalan que la cifra global se ha mantenido relativamente constante en toda la serie.

Por provincias, A Coruña y Pontevedra concentran la mayor parte de los casos, con una media de 6,8 y 4,7 al año respectivamente, mientras que en Lugo y Ourense las cifras son marginales —1,4 y 2 de media al año—, con años en los que no se registra ningún caso.

El proceso, siempre pensado con el bienestar del bebé por delante pero también con el de la mujer que toma la decisión, es absolutamente confidencial. Según detalla la propia Xunta en sus protocolos de actuación, es personal especializado el que se desplaza al hospital para recoger la intención inicial de renuncia, con "la debida sensibilidad y de la forma menos invasiva posible", antes de activar el resto del circuito de protección.

Es una decisión que deja huella, y por eso la ley da tiempo antes de hacerla firme: las madres siempre pueden cambiar de idea, pedir más información o apoyo, y disponen de un periodo mínimo de seis semanas desde el parto antes de formalizarla. Durante ese tiempo, el bebé queda al cuidado de una familia de acogida ya preparada para este tipo de casos, con el objetivo de evitar su institucionalización.

Una vez que la decisión es definitiva, la Administración recurre a la lista de familias idóneas en espera específica para recién nacidos, de personas de menos de 45 años, que es la diferencia máxima de edad que puede haber entre adoptante y adoptado. A partir de ahí, el proceso es el mismo que con el resto de menores, con una diferencia de fondo: cuando no se trata de un recién nacido, el punto de partida no es una renuncia voluntaria de la madre, sino una declaración de desamparo o desprotección por parte de la Administración. En conjunto, entre 2009 y 2025 se formalizaron 677 autos de adopción en Galicia, de todas las edades. Salvo en los casos con necesidades especiales, los bebés recién nacidos suelen encontrar familia con rapidez.

Suscríbete para seguir leyendo