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El justiprecio de las expropiaciones «viene marcado» por una ley estatal de 2011

La Xunta defiende que las valoraciones dependen de un Real Decreto de obligado cumplimiento para las comunidades

Parte de las fincas afectadas por el PIA de Mallou (

Parte de las fincas afectadas por el PIA de Mallou ( / Antonio Hernández

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Mateo Garrido Triñanes

Mateo Garrido Triñanes

Santiago

La Xunta defiende que el justiprecio de los terrenos afectados por los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) residenciales responden a un marco normativo estatal y no a una decisión del Gobierno gallego. «Las valoraciones de las expropiaciones de suelo vienen marcadas por el Real Decreto 1492/2011 de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas», señala el Ejecutivo autonómico en respuesta al malestar expresado en este diario por afectados en los PIA de San Mauro (Pontevedra), Mallou (Santiago) y el Ofimático (Vigo). Unos propietarios que consideran que la valoración de 12 euros por metro cuadrado está alejada del valor real de sus parcelas.

Frente a estas críticas, la Xunta reivindica que los PIA forman parte de una estrategia para obtener suelo en las ciudades y áreas urbanas gallegas con el objetivo de desarrollar vivienda protegida. El Gobierno gallego asegura que todos los ámbitos cuentan con suelos urbanizables «donde está prevista la actuación» y tienen la conformidad de los ayuntamientos correspondientes.

El Ejecutivo autonómico asegura además que desde el inicio de los proyectos ha buscado «la mínima afección» y que ha mantenido reuniones con las personas afectadas, a las que, según explica, se ha asesorado sobre las distintas opciones de compensación y sobre la posibilidad de participar en el desarrollo de los ámbitos urbanísticos.

Una posibilidad esta última, que según las condiciones ya fijadas en el PIA de San Mauro, establecen un coste estimado de casi 143 euros por metro cuadrado de parcela de origen, una cantidad que para una finca de 3.000 metros cuadrados supone unas cargas de alrededor de 428.000 euros.

Finalmente, la Xunta recuerda que los propietarios de viviendas habituales afectados cuentan con otras opciones de compensación. En estos casos, el Gobierno gallego ofrece una vivienda de reemplazo, tanto en residencial colectivo como unifamiliar, con la posibilidad de que sea el propio Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) quien construya la nueva vivienda. Aunque, como alternativa, podrán optar también por una valoración económica en metálico.

El Ejecutivo autonómico insiste en que seguirá atendiendo las dudas que trasladen los afectados y sitúa los PIA dentro de su estrategia para incrementar la disponibilidad de suelo destinado a vivienda protegida en las principales ciudades y áreas urbanas de Galicia.

La respuesta de la Xunta llega después de que propietarios de distintos proyectos hayan comenzado a coordinarse ante unas condiciones que consideran difíciles de asumir. Su malestar se centra tanto en la valoración de los terrenos para la expropiación como en el coste de participar en la urbanización y en las incertidumbres que encuentran a la hora de buscar fórmulas para afrontar ese proceso sin perder la rentabilidad de sus terrenos.

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