La Xunta recurrirá la multa de 3,5 millones por los auxiliares de conversación y exige al Estado que la pague

La Xunta ha pasado de advertir del riesgo de una multa a tener que hacerle frente. El Gobierno gallego ha recibido hace pocos días la sanción de 3,5 millones de euros impuesta por el Ministerio de Trabajo por el expediente relacionado con los auxiliares de conversación de la provincia de A Coruña. Y no solo anuncia que recurrirá: quiere que sea el Estado quien asuma finalmente el coste.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha avanzado este martes en un acto en Santiago que la Xunta recurrirá la resolución tanto por la vía administrativa como por la judicial y que enviará una carta a la ministra de Educación para reclamar un mecanismo de compensación económica por la multa. La petición parte de una premisa que el Ejecutivo autonómico viene defendiendo desde que comenzó el conflicto, y es que Galicia estaba aplicando un programa diseñado y convocado por el propio Ministerio de Educación.

«Una comunidad que sigue al pie de la letra un plan del Ministerio de Educación es multada por el Ministerio de Trabajo», ha reprochado Rodríguez, que considera «absolutamente inadmisible» la situación. El conselleiro sitúa el origen del problema en la discrepancia entre ambos departamentos del Gobierno central sobre la naturaleza de estos auxiliares. Mientras Educación sostiene que no existe una relación contractual laboral, Trabajo entiende que su actividad puede quedar sometida a la legislación laboral.

La multa llega pese a la salida del programa

La resolución afecta al expediente abierto por la Inspección de Trabajo en A Coruña. El conselleiro ha señalado además que la Xunta no entiende por qué las actuaciones se produjeron en esta provincia y no en otras, como Pontevedra, Ourense o Lugo. La sanción gallega se suma a las millonarias impuestas en otros territorios, entre ellas los 19 millones de euros de la Comunidad Valenciana y los cinco millones de Andalucía, según recordó el conselleiro.

La particularidad del caso gallego es que la Xunta ya había decidido no continuar el próximo curso en el programa estatal precisamente por la inseguridad jurídica y por el temor a que se produjeran nuevas sanciones. Por tanto, la multa conocida ahora no cambia aquella decisión, sino que confirma el riesgo que Educación utilizó para justificar su salida.

La Consellería había defendido durante meses que no podía seguir participando en una iniciativa en la que las comunidades autónomas quedaban expuestas a actuaciones de la Inspección de Trabajo. La posición de Galicia era que necesitaba garantías jurídicas antes de continuar. Ahora, Rodríguez insiste en que esas garantías siguen sin existir.

Un programa propio

Pero la Xunta no da por perdida la figura de los auxiliares. Al contrario, ya trabaja en un programa alternativo propio que permita mantener este apoyo a la enseñanza de idiomas en los centros gallegos sin reproducir el problema que ha desembocado en las sanciones. El conselleiro no ha concretado todavía cómo se articulará ese nuevo modelo, pero sí ha avanzado que se presentará próximamente y que deberá contar con «seguridad jurídica».

Galicia cuenta actualmente con más de 600 auxiliares de conversación y la Xunta reivindica desde hace años el programa como una de las piezas de su apuesta por el plurilingüismo. Por su parte, Román Rodríguez ha defendido que su funcionamiento había sido satisfactorio hasta que las inspecciones de Trabajo abrieron un conflicto sobre su encaje laboral.