Asturias da luz verde a la caza de 67 lobos en dos años contra el criterio de los ecologistas: ¿Puede Galicia autorizar una medida similar en sus montes?
Aunque el lobo está desprotegido al sacarlo temporalmente del Lespre, la complejidad de la justificación técnica y los recursos judiciales dificultan la aplicación de estas batidas

Un ejemplar de lobo ibérico en Galicia / E.P.

La decisión del Gobierno del Principado de Asturias de autorizar un cupo de 67 lobos para sacrificar dentro del programa de control para los años 2026 y 2027, incluido en el II Plan de Gestión del Lobo, pone en alerta a la vecina Galicia, tanto a los defensores como a los detractores del animal, cuya protección se encuentra en un momento de cierta indefinición pendiente de decisiones de los tribunales. La realidad es que la Xunta, igual que el Principado, también podría dar luz verde a un cupo de lobos para matar, aunque llevarlo a la práctica no es tan sencillo como diseñarlo en el papel.
En Asturias, en medio de una fuerte polémica política y social y con un debate mucho más incendiario que en Galicia, el director general de Planificación Agraria del Gobierno asturiano, Marcos da Rocha, defendió la propuesta asturiana.
"No se trata de si son muchos o pocos, para unos son mucho y para otros son pocos", ha subrayado, y ha dicho además en que el número fijado de lobos a cazar no supone "ningún problema" para garantizar la conservación de la especie en Asturias, que se encuentra en situación favorable con una población estimada de entre 412 y 460 ejemplares.
Así lo razonó tras la reunión del Comité Consultivo del Lobo, que ha analizado el programa de control que se prevé poner en marcha en septiembre, una vez firmada la resolución correspondiente. La idea es llevarlo a cabo hasta diciembre de 2027 con posibilidad de ampliarlo hasta marzo de 2028 para cumplir con la previsión de ejemplares a abatir.
El plan de gestión busca el equilibrio entre la conservación de la especie y la actividad ganadera, según Da Rocha, que recuerda que habilita subvenciones para que los ganaderos implementen medidas preventivas para sus cabañas y que el Gobierno se ha comprometido a agilizar el sistema de indemnizaciones, que se elevaron a 3 millones de euros entre 2025 y 2026.
Todo pendiente del Constitucional
La polémica alrededor del lobo sigue en la agenda política y social en Galicia, especialmente en algunos puntos del rural donde la conflictividad con el ganado es mayor. En abril de 2025 se aprobó una ley que modificó el Real Decreto 139/2011 y dejó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) únicamente las poblaciones de lobo situadas al sur del Duero. Por tanto, las poblaciones de Galicia, situadas al norte del Duero, quedaron excluidas del LESRPE, una desprotección para el lobo que sigue vigente.
Lo que está pendiente es determinar si esa exclusión es constitucional. El Defensor del Pueblo interpuso el recurso de inconstitucionalidad, que el TC admitió a trámite en julio del año pasado y que ahora debe resolver. Si se determina que el lobo debe volver a la protección de la lista LESPRE, la polémica entrará en una nueva fase.
La Justicia gallega exige una justificación muy detallada de cada autorización para matar lobos
Galicia ya tiene aprobado un plan de gestión del lobo que entró en vigor en enero de 2009 y que, igual que en Asturias, podría servir de base para fijar un cupo de animales a abatir. El problema es que, en la práctica, no es tan sencillo como poner una cifra, ya que para matar lobos deben concurrir los supuestos de autorización contemplados en el plan y, además, estar debidamente justificados a nivel técnico.
Precisamente la última sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ahonda en esa cuestión: la exigencia de justificar adecuadamente las autorizaciones para cazar lobos. Sin un buen argumentario, la Justicia tumba los permisos. Ya ocurrió dos veces en el último año, porque ahora las asociaciones pro conservación del lobo ya presentan recursos en cuanto se aprueba una autorización de caza.
Y eso es una realidad a la que también se enfrenta Asturias, donde diferentes colectivos, especialmente ASCEL, van a recurrir el plan de gestión del lobo y pedir su suspensión al no estar sostenido con criterios científicos.
El grupo Lobo Asturias, conformado por organizaciones ecologistas, ha reclamado del Gobierno regional vecino "que abandone el camino de las armas y dé un giro copernicano en su llamada gestión del lobo” para basarla en el conocimiento científico, la aplicación de medidas preventivas de eficacia probada y que promueva acciones encaminadas a reducir la conflictividad social.
Según este colectivo, la dificultad de matar el pretendido número de lobos pese esfuerzo notable por lograrlo "parece señalar como verdad incómoda que hay menos lobos de los que el Gobierno asturiano afirma y demuestra como falsa la supuesta superpoblación o sobreabundancia".
Sin embargo, Asturias se ha comprometido a autorizar antes de final de año batidas concretas de lobo en zonas de montaña donde las realizadas hasta ahora están teniendo una efectividad baja o nula, según desveló el sindicato agrario URA.
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