El coste histórico penaliza a Galicia en los fondos para competencias singulares: 35,5 euros per cápita para la Justicia y casi el doble para el profesorado de Religión

Galicia recibió en 2023 440 millones de euros para financiar competencias singulares —aquellas que solo han sido asumidas por algunas autonomías—, según el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). La cifra supone 163 euros por habitante, por debajo de los 185 de media del régimen común, y sitúa a la comunidad gallega en un índice de financiación de 88,2 puntos, frente a los 100 de promedio estatal.

Sin embargo, el reparto presenta importantes diferencias dependiendo de la competencia. Galicia aparece claramente por debajo de la media en lo que se destina a la Administración de Justicia, mientras que se sitúa por encima en la financiación del profesorado de Religión en centros educativos públicos y de las provincias y entes asimilados. Precisamente, Fedea utiliza estos casos para advertir de las grandes diferencias que genera el sistema actual entre las autonomías.

La disparidad se aprecia también en la comparación global. Cataluña alcanza los 450 euros por habitante y un índice de 243,4, aunque es también la comunidad que más competencias singulares ha asumido. Le siguen Cantabria, con 320 euros e índice de 172,7; La Rioja, con 318 euros y 171,8; y Madrid, con 220 euros y 118,9. Galicia se sitúa por debajo de la media, aunque por encima de Andalucía, Baleares, Aragón, Comunitat Valenciana, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

Esta comparación global está condicionada por el número y el tipo de competencias que ha asumido cada autonomía. Los catalanes, por ejemplo, tienen transferidas la policía autonómica y las instituciones penitenciarias, además de otras materias, lo que explica buena parte de su elevada financiación singular. A Galicia se le han transferido los medios materiales y personales de la Justicia —las instalaciones y el personal de apoyo—, la formación de ocupados y gestión de la formación continua, el profesorado de Religión, el Instituto Social da Mariña (ISM), los parques nacionales gallegos, la normalización lingüística y, finalmente, aquellas obras hidráulicas que no afectan a otras comunidades.

Galicia recibe un 26% menos para Justicia

Una de las diferencias más significativas aparece en la Administración de Justicia. El informe del que se desprenden estos datos valora en 95,6 millones de euros la financiación gallega de los medios materiales y personales al servicio de los órganos judiciales. Son 35,5 euros per cápita, frente a los 48 euros de media de las diez comunidades que habían asumido esta competencia en 2023.

El índice gallego se queda en 73,8 puntos. La diferencia con Asturias es especialmente amplia, pues el Principado recibe 81,8 euros por habitante y alcanza un índice de 170,3. Mientras, La Rioja llega a 76,6 euros y 159,4 puntos; Cantabria, a 64,9 euros y 135,2; y Cataluña, a 51,1 euros y 106,3. Resulta complejo poder justificar las diferencias en esta partida, según el autor del informe, el economista gijonés Ángel de la Fuente. Al analizar Justicia y los docentes de Religión, señala que existen «abanicos de más de 80 puntos entre los dos extremos de la distribución» y califica las diferencias de «muy difícilmente justificables».

La situación cambia en la financiación del profesorado de Religión. Galicia recibe 21,7 millones de euros, equivalentes a 62,1 euros por persona en edad escolar, frente a los 44,6 euros de media. Su índice alcanza los 139,3 puntos, un 39,3% por encima del promedio. En este paradigma Asturias vuelve a situarse en cabeza, con 88,7 euros por alumno y un índice de 199, mientras que Murcia alcanza los 76,2 euros y 170,8 puntos. Galicia supera a Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana. En cambio, Cataluña recibe solo 20 euros por persona en edad escolar y presenta un índice de 44,9.

Por otro lado, Galicia se sitúa por encima de la media en la financiación de las provincias y entes asimilados. Fedea cifra esta partida en 747 millones de euros, que equivalen a 277 euros por habitante, frente a los 220 euros de media. El índice gallego es de 126,1 puntos.

«Obvios problemas de equidad»

La explicación que ofrece Fedea para estas diferencias está en el sistema utilizado para financiar las competencias singulares. El informe señala que se ha aplicado un criterio de «coste histórico», por el que a cada competencia transferida se le asigna inicialmente una cantidad equivalente al gasto que realizaba la Administración central en el momento del traspaso. Después, esa financiación se integra en el Fondo de Suficiencia y evoluciona con el indicador de ingresos tributarios del Estado, salvo que se pacten revisiones.

El sistema garantiza la continuidad de los servicios tras el traspaso, pero «no asegura una valoración coherente de cada competencia en los distintos territorios» ni «una calidad similar del servicio». Por eso, el informe concluye que el sistema estatal de financiación de estas competencias «tiende a generar valoraciones muy diferentes para una misma competencia en distintos territorios», lo que plantea «obvios problemas de equidad» entre las autonomías.