La Xunta refuerza el control económico de las universidades públicas: los Consellos Sociales podrán activar planes de reequilibrio financiero

Los Consellos Sociales de las tres universidades públicas gallegas incrementarán sus responsabilidades, entre las que ya se encuentran supervisar las cuentas anuales de estas entidades. Así lo dio a conocer este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien avanzó que se modificará la legislación vigente con el propósito de que puedan velar por la "buena salud económica" de las instituciones de educación superior. Estas podrán, entre otras cuestiones, activar planes de reequilibrio financiero en caso de ser necesarios.

Sin hacer mención a ninguna universidad en específico, esta medida llega algo más de un mes después de que saltase a la luz que la Universidade da Coruña (UDC) pasa por uno de los momentos más delicados de su historia en términos financieros. La Xunta mostró entonces su "preocupación" por los datos arrojados por una de las últimas auditorías del Consejo Social de la institución coruñesa, que ponía en "dudas significativas" su capacidad para "continuar en funcionamiento" dadas sus cuentas. En este contexto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, llegó a decir que el Ejecutivo autonómico "no podía" ser "cómplice de una mala gestión", si bien era "absolutamente leal con la institución".

La UDC, por su parte, tampoco se quedó de brazos cruzados ante la posición de la Xunta y es que defendió que no necesitaba un "rescate", así como que ya tenía en marcha un plan de ajuste en el que se "retrajo un 30 % en todas las partidas de gasto". Desde la universidad coruñesa reivindicaban, además, una mejora del sistema de financiación estructural, es decir, el que permite hacer frente a los gastos básicos que tiene la institución.

Las medidas que quiere implantar la Xunta

Con esta situación sobre la mesa, el Consello de la Xunta decidió este martes los cambios que está previsto llevar a cabo en la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia, con el propósito de introducir cambios en las competencias atribuidas a estos órganos para favorecer la transparencia y la estabilidad presupuestaria del sistema. De este modo, el Consello Social ya no deberá solo velar por que, con carácter previo a la aprobación de las cuentas anuales de la universidad, se realice la auditoría correspondiente, sino que se dota a este precepto de mayor "contundencia, claridad y carácter obligatorio".

A partir de ahora, y de manera obligatoria, antes de la aprobación de las cuentas de las instituciones públicas de educación superior de la comunidad, se deberá realizar una auditoría externa e independiente de las mismas y de la gestión económico-administrativa de la universidad. En ella se deberá evaluar tanto la corrección de la contabilidad como la eficiencia administrativa y el uso adecuado de los fondos públicos del Plan galego de financiamiento universitario.

Esta auditoría deberá ir, tal como es habitual, acompañada de una serie de recomendaciones para mejorar la salud económica. El Consello Social pasará también a ejercer una función de vigilancia, debiendo hacer un seguimiento de estos consejos y de sus resultados reales en las arcas universitarias. El punto, quizás, más importante de esta modificación es que la Xunta les otorgará la capacidad de activar un plan de reequilibrio financiero en el caso de que las cuentas no mejoren.

Para el presidente gallego, estas medidas contribuirán a "blindar la transparencia y la estabilidad" presupuestaria de las universidades públicas, un requisito "indispensable" para preservar la calidad de estas enseñanzas y el desarrollo científico en Galicia. A mayores, la Xunta hará otros ajustes para introducir modificaciones en la ley derivadas de la adaptación del texto a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU). De esta forma, se "garantizará la coherencia normativa", evitando contradicciones y facilitando una interpretación homogénea de las disposiciones conforme al marco legal vigente.