La Xunta reclama más de 150 millones de euros al 'cártel de los pañales' para adultos

El Ejecutivo gallego se prepara para llevar a cabo una reclamación de más de 150 millones de euros a las empresas del llamado 'cártel de los pañales', sancionadas por concertarse para inflar los precios de los absorbentes de incontinencia urinaria para adultos. Para ello, autorizó este martes la contratación, por algo más de 6 millones de euros, del servicio de defensa jurídica de una causa que, se prevé, se alargue en el tiempo.

Tal como explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este martes en rueda de prensa, su Ejecutivo da este paso una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado la sanción a estas empresas. Así, se contratará este servicio de defensa y representación jurídica para realizar la reclamación correspondiente, un servicio que no solo se limitará a la mera representación y defensa procesal, sino que deberá encargarse de la prueba pericial para cuantificar con rigor el coste exacto que tuvieron esas compras para la Administración.

Rueda recordó que el análisis realizado por el Sergas ha permitido cifrar en casi 141 millones de euros la cuantía sufragada a estas empresas entre 2004 y 2014. Sin embargo, están pendientes de cuantificar con exactitud los gastos correspondientes al período entre 1996 y 2004, con una estimación por parte de la Xunta que podría elevar a 153 millones de euros la reclamación, porque los sistemas de facturación eran distintos, y esa labor de peritaje será encargada al servicio jurídico que se contrate.

"Hablamos de cantidades muy importantes, y la Xunta quiere recuperar la parte que sea posible", indicó el titular del Ejecutivo autonómico, que recordó que la actuación irregular de esas empresas "repercutió muy directamente en los grandes compradores de ese material", como son las administraciones públicas, en ámbitos como la atención sanitaria o las residencias.

En 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con 128 millones de euros a ocho empresas fabricantes e importadoras de estos pañales para adulto, a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y a dos personas físicas, por su participación en prácticas restrictivas de la competencia. Así, quedó acreditado que las empresas acordaron un precio para los pañales, que resultó ser el doble del precio logrado mediante licitaciones públicas de las distintas comunidades.