Ecologistas denuncian que la Xunta cuestiona el origen agrario de la contaminación por nitratos: «No es aceptable que niegue las evidencias científicas y una sentencia judicial»

Hay un dato que ayuda a poner números al problema de los nitratos en la cuenca del Limia: 111.500 unidades de ganado mayor frente a 24.736 habitantes. Traduciéndolo a residuos, las heces y orines producidos por la cabaña ganadera equivaldrían a los generados por unos dos millones de personas, una cifra cercana a la población de Galicia. Es decir, la generación de deposiciones de la ganadería sería unas 80 veces superior a la de la población humana, un volumen que, para Greenpeace, el Movemento Ecoloxista da Limia y la Sociedade Galega de Historia Natural, resulta difícil de encajar con la tesis de que no está suficientemente acreditado el origen agrario de la contaminación.

Las tres organizaciones han presentado este lunes unas alegaciones al Proxecto de Decreto de Nitratos de la Xunta, un texto que consideran insuficiente y en el que ven un intento de poner en duda las evidencias disponibles sobre la contaminación de las aguas. «La Xunta se enroca en el negacionismo del problema y en una falsa carencia de estudios que acrediten el origen agrario de la contaminación», expresan las entidades en un comunicado.

Serafín González, presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural, pone el foco precisamente en el preámbulo del proyecto. «Lo primero que llama la atención de este decreto es que una extensión muy importante se dedica a negar la evidencia científica», sostiene. El propio texto de la Xunta indica que «a día de hoy, en la comunidad autónoma de Galicia no se han declarado zonas vulnerables, toda vez que no existe acreditación de origen agrario de la contaminación, según lo exigido en la normativa de aplicación». El Gobierno gallego argumenta en el preámbulo que no se dispondría todavía de datos «definitivos y concluyentes» que permitan determinar el peso de las presiones agropecuarias frente a las urbanas. «Eso simplemente no es cierto», sentencia González.

Desde la Sociedade Galega de Historia Natural apuntan que tanto el Plan Hidrológico de Galicia-Costa como el de la demarcación Miño-Sil, así como el correspondiente al río Duero en el caso del Támega, incorporan mapas que permiten identificar la intensidad de las presiones procedentes tanto de las aguas residuales urbanas como de las fuentes agrarias, diferenciando entre ganadería y agricultura. «Sí que se sabe para una gran parte de Galicia cuál es esa fuente mayoritaria», señala González.

Los planes hidrológicos señalan las presiones

Las organizaciones sostienen que el propio contenido de los planes hidrológicos contradice el argumento empleado por la Xunta en el borrador. Concretamente, el caso que consideran más evidente es el del embalse de As Conchas, en la cuenca del Limia (Ourense), declarado masa de agua afectada por contaminación por nitratos por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS).

Según los datos aportados en sus alegaciones, la presión derivada de escorrentías urbanas y redes de saneamiento es reducida, dado que apenas entre el 1% y el 4% del territorio está urbanizado. Frente a ello, el excedente de nitrógeno procedente de la ganadería estabulada alcanza entre 20 y 102 kilos por hectárea y año en buena parte de la cuenca y representa, según estas organizaciones, entre el 80% y el 85% del excedente de origen agrario. «En el caso concreto de la zona que está declarada aguas afectadas por la CHMS, que es el embalse de As Conchas, las evidencias y los estudios están más que sobradamente demostrados sobre el origen agrario», defiende González.

Además, «la desmesurada carga ganadera» de la comunidad la confirma el informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva de Nitratos entre 2020 y 2023 sitúa la carga ganadera de Galicia en 2,3 Unidad de Ganado Mayor (UGM) por hectárea, según apuntan Greenpeace, Movemento Ecoloxista da Limia y la Sociedade Galega de Historia Natural. Sólo Cataluña, con 3 UGM/ha, presenta una cifra superior. La media española y europea se queda en 0,7.

En ese sentido, las organizaciones destacan una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del año pasado que «reconoce expresamente» el origen agrario de la contaminación en As Conchas. Por todo ello, no es «aceptable» que un decreto destinado a regular los nitratos «niegue las evidencias científicas y niegue lo que está establecido en una sentencia judicial».

Frenar nuevas granjas y ampliaciones

Ante esta situación, las tres entidades reclaman a la Xunta que el decreto actúe sobre las fuentes que generan esos nitratos. Entre sus propuestas figura reducir el uso de fertilizantes sintéticos y, especialmente, prohibir la instalación de nuevas granjas intensivas o la ampliación de las existentes en municipios cuyo balance de nitrógeno supere la media gallega, situada en torno a 41 kilos de nitrógeno por hectárea y año.

También plantean aplicar esta restricción en los municipios donde la concentración de nitratos en las aguas haya aumentado en más de cinco miligramos por litro entre 2016 y 2024, así como cuando el incremento de la carga ganadera supere los niveles recomendados por la Unión Europea en las zonas de concentración parcelaria o, cuando no exista esta, en la parroquia correspondiente.Como objetivo final, reclaman reducir al menos un 50% la cabaña ganadera intensiva de Galicia de aquí a 2030.

«Hay que limitar la ampliación o la instalación de nuevas granjas en todas las zonas en las que las evidencias apuntan a que hay un problema de contaminación por nitratos o que podría haberlo», explica Serafín González. La lógica, dice, es preventiva. Una explotación intensiva genera purines y estiércol que necesitan una superficie agraria suficiente para ser absorbidos, pero cuando la cabaña crece por encima de esa capacidad, el nitrógeno deja de ser un recurso para convertirse en un problema ambiental. «Una vez que un acuífero o un embalse está muy contaminado por ese motivo, después es difícil de resolverlo», advierte.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Medio Rural indican a EL CORREO GALLEGO que siguen «esperando a que el Gobierno central haga su trabajo y presente el informe definitivo de presiones que determine las aguas afectadas». Defienden que «la Xunta actuó con la máxima responsabilidad, cumplió con sus obligaciones» y se ha anticipado a «una posible declaración de zonas vulnerables a nitratos». Con respecto a las medidas que se proponen en las alegaciones, Medio Rural no ha entrado en detalles sobre su consideración, pero destaca que «en el caso de declararse las zonas vulnerables, se podrán desarrollar medidas específicas a través de la tramitación de otros procedimientos paralelos».