¿Acabará sentado Nene Barral en el banquillo?

De José Ramón Barral (el Nene como le llamaba su madre y no Nené con acento como pasó a los medios de comunicación) siempre se le relacionó con el negocio do fume pero curiosamente su nombre no aparecía en el sumario 11/84, la primera gran causa contra los entramados criminales en la ría de Arousa, instruida por el juez José Luis Seoane a finales de 1983. No figuraba a pesar de que todo el mundo lo consideraba ya como uno de los grandes.

Oficialmente fue el juez José Antonio Vázquez Taín quien empezaaron a investigarlo por contrabando de tabaco en 1996, lo detuvieron en 2001, quedó en libertad, lo investigó otra conocida magistrada, Pilar de Lara, a la Audiencia Nacional llegaron informes sobre él y hasta el Tribunal Supremo tuvo que emitir un informe, para aclarar un conflicto de competencias, en el que hablaba de él como un capo. Pero 26 años después, y tras varias intentonas, la última el pasado mes de julio, nunca rindió cuentas a la justicia por este caso, aunque sí por fraude fiscal.

Ahora parece que se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados: ee le sigue considerando el jefe de un red internacional que movía ingentes cantidades de dinero ilegal en tabaco ilegal. La Audiencia de Pontevedra volvió a señalar el juicio contra Nene Barral, el exalcalde de Ribadumia (Pontevedra), detenido hace 21 años como presunto líder de una organización criminal dedicada a la introducción en Galicia de tabaco de contrabando.

El último intento por celebrar este juicio fue el pasado mes de julio, pero la vista tuvo que ser suspendida por la enfermedad de una de las personas que iba a intervenir en el juicio. Ahora, los magistrados han citado a todas las partes para este viernes 30 de septiembre, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, aunque no está muy claro que el acto no sea más que para escenificar un acuerdo de conformidad dado el tiempo transcurrido que, desde el punto de vista judicial, siempre se considera causa para reducir las penas.

Para el regidor, que gobernó este municipio pontevedrés bajo las siglas de Alianza Popular y el Partido Popular entre 1983 y 2001, cuando fue forzado a dimitir tras su detención, la Fiscalía pide una condena de 10 años y medio de prisión. Junto a otras once personas, entre ellas su hermano Feliciano Barral, se le acusa de los delitos de asociación ilícita, contrabando, revelación de secretos por funcionario público y cohecho.

Además, el fiscal reclama al exregidor, que tiene actualmente 78 años, que abone una multa de 15 millones de euros por su actividad continuada en el ámbito del contrabando de tabaco.

Lo cierto es que Barral siempre se mantuvo en sus trece y sigue negando que se dedique o se haya dedicado al contrabando y, de hecho, se negó a pactar un acuerdo con la Fiscalía en el que, reconociendo esa actividad ilegal, recibiría una pena menor que no le llevaría a prisión.

A él le sobran tablas para aguantar la presión de la fiscalía a pesar de que en el escrito de acusación se señala que lideraba un grupo “organizado, estable y jerarquizado” para introducir en España y en Europa tabaco de procedencia extracomunitaria, tanto por vía maríti-
ma como terrestre, a través de dos pesqueros y un buque mercante.

En esta organización, en la que colaboraban personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca, operó fundamentalmente entre los años 1996 y 2001, teniendo su centro de operaciones en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Durante todo ese tiempo, según los datos de Hacienda, acumularon una deuda tributaria por la importación de este tabaco de contrabando que rozó los 5 millones de euros.

La Fiscalía documenta al menos tres operaciones de gran calado que, según las autoridades, Barral gestionaba incluso desde su despacho en el Ayuntamiento recurriendo a habituales ‘soplos’ por parte de diversos funcionarios públicos.

El exalcalde, subraya el fiscal, “mantenía estrechos lazos de amistad con guardias civiles y simultáneamente disponía de información sobre las actuaciones de Vigilancia Aduanera” para garantizar el éxito de sus operaciones de contrabando. De hecho, en el escrito de la Fiscalía se señala que dos de los acusados “ambos funcionarios de Vigilancia Aduanera destinados en A Coruña, como componentes del escalón intermedio de la asociación prestaban sus servicios oficialmente en Vigilancia Aduanera. Estos funcionarios en su condición de observadores aéreos a bordo de aeronaves de Vigilancia Aduanera, realizaban oficialmente la exploración al oeste de la Costa Gallega teniendo como misión la vigilancia de objetivos sospechosos de dirigirse hacia las costas gallegas con mercancías ilícitas, tabaco de contrabando o sustancias estupefacientes. La información obtenida en cuanto fuera de interés para la asociación era transmitida por los observadores aéreos a un miembro de la banda que a la vez contactaba con José Ramón Barral”.