“Al Gobierno no le gusta que Galicia tenga marco jurídico para la pandemia”
La Xunta lamenta la ausencia de diálogo tras el recurso al Constitucional de la lei da saúde, que deja a la comunidad en una situación “muy complicada” // El PPdeG critica la “falta de respeto institucional”
El recurso ante el Tribunal Constitucional de la lei de saúde aprobada en Galicia anunciado el pasado martes por La Moncloa está siendo un trago muy indigesto para la Xunta, que considera esta decisión “difícil de entender”.
“Al Gobierno central no le gusta” que Galicia cuente con “un marco jurídico” propio para la gestión de la pandemia, concluyó el número dos del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, alegando que Moncloa no legisla para dar seguridad jurídica a las medidas sanitarias y cuando lo hacen las CCAA para cubrir ese vacío, tampoco les deja.
Una vez más, defendió que la reforma de la lei de saúde es constitucional y está “avalada” por los servicios jurídicos de la Administración gallega y, en esta línea, considera que el recurso ante el TC “deja a Galicia en una situación complicada”, como el resto de territorios que siguen sin ninguna norma.
A preguntas de los medios en la inauguración de una exposición en Santiago, Rueda afeó al Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez que dé este paso –presentar el recurso– cuando “habla de cogobernanza, coordinación y lealtad institucional”. “Echamos de menos esa cogobernanza que se queda sólo en palabras y al final no se traduce en hechos”.
La elaboración de esta reforma legislativa fue fruto de la “inactividad” para dotar de un marco normativo a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, insistió. “Y ahora nos encontramos con este recurso sin contacto previo y sin voluntad de hablar entre los gobiernos”, zanjó.
movimiento “inaudito”. Las críticas a la decisión de recurrir la norma gallega no se quedaron sólo en el ámbito de la Xunta, sino que también el PPdeG lanzó ayer varios dardos al Ejecutivo por boca del secretario xeral del partido, Miguel Tellado.
En rueda de prensa, arremetió contra la “falta de respeto institucional” demostrada por el Gobierno central tras presentar recurso contra la lei de saúde, un movimiento “claramente inaudito”, afirmó, que se produce “sin abrir una vía de diálogo” previo con la Xunta.
Tellado censuró que el Estado acuda “directamente” y de manera “unidireccional” al Constitucional cuando el procedimiento habitual sería impulsar una comisión bilateral con el Gobierno autonómico. “Es un error porque además no solo ataca a un Gobierno autonómico que hizo los deberes para luchar contra la pandemia sino que incumple sus propios compromisos”, criticó.
En línea con lo expresado por Alfonso Rueda, el número dos de los populares defendió que la lei de saúde no solo “no incumple ni vulnera” la normativa estatal, sino que se trata de una herramienta “imprescindible” y “solicitada por muchísimas comunidades autónomas” durante el primer Estado de Alarma para dotar de la “seguridad jurídica necesaria” de cara a gestionar la pandemia.
En este sentido, recordó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “se comprometió” a tramitar una solución para dar cobertura y seguridad jurídica en la adopción de medidas en las comunidades, para después “incumplir” su palabra, aprobar un segundo Estado de alarma “desapareciendo del mapa” y dejando “toda la responsabilidad” de la crisis sanitaria a los Gobierno autonómicos.
“El Gobierno de la patada en la puerta quiere impedir que las administraciones responsables lo seamos, poniéndose del lado de los negacionistas”, insistió, para lamentar que se priorice el intereses “electorales y partidistas por encima de la cogobernanza”.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció tras el último Consejo de Ministros la interposición un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la lei de saúde, que plantea la posibilidad de obligar a la ciudadanía a someterse a determinadas medidas de prevención de la enfermedad, como la vacunación.
El Ejecutivo había preguntado al Consejo de Estado sobre la posible constitucionalidad de esta modificación de ley, y es ahora tras el dictamen de este órgano cuando se pronuncia a favor de presentar este recurso.
El plazo para la interposición del recurso finaliza el 26 de mayo. La impugnación ante el Constitucional producirá la suspensión del apartado recurrido. El TC tendrá cinco meses para ratificar o levantar la suspensión.